La violencia de género no es sólo el golpe
Más de 1.500 expertos policiales, juristas, educadores y del movimiento feminista analizan los retos que plantean nuevas otras de violencia contra las mujeres «invisibilizadas» como la trata, los abusos sexuales en guerras, los matrimonios forzosos o la ablación
Cada día se denuncian en España tres violaciones y en lo que va de año, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha atendido a 718 víctimas de abusos y agresiones sexuales. Las migraciones han traído a los países occidentales fenómenos culturales como los matrimonios forzosos de menores de edad y la mutilación genital femenina que, según un estudio de Cruz Roja, amenazan a unas 10.000 niñas de segunda generación de familias inmigrantes asentadas en España y unas 1.500 niñas en Andalucía. Y desde la guerra de los Balcanes, el ataque contra la población civil es una de las principales estrategias usada en los conflictos bélicos que sufren especialmente las mujeres, víctimas también de las estrategias de grupos terroristas como Boko Haram o el autodenominado Estado Islámico. Todo ello justifica una reflexión y actualización de las necesidades legislativas e institucionales para luchar contra otras formas de violencia de género que, hoy y mañana, abordarán más de 1.500 especialistas del ámbito judicial, policial, educativo y feminista reunidos en el VII Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres que cada año analiza esta lacra social desde una perspectiva específica.
Durante la inauguración, tanto la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio –por primera vez en varios años no abrió el cónclave la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como estaba previsto– como la directora general de Violencia de Género, Ángeles Sepúlveda, destacaron que es precisamente la necesidad de ampliar el concepto de violencia de género a esas formas «sutiles, invisibilizadas» para luchar contra ellas lo que pretende la actual reforma de la ley andaluza contra la violencia de género, de 2007, que, además, también busca abordar la situación de los menores como víctimas directas cuando asisten a episodios de malos tratos en sus casos de sus padres hacia sus madres. Y es que «el 63,3 por ciento de los hijos de víctimas de la violencia de género presenciaba episodios de violencia de manera habitual». La consejera insistió en reclamar un Pacto de Estado para abordar esta lacra social desde una perspectiva «integral» y «evitar esos errores que se producen en toda la cadena de protección» de las víctimas. En la mente de todos los participantes en el congreso planeaba el asesinato de Stefanie ocurrido hace una semana en Olivares (Sevilla) tras haber denunciado a su pareja y serle denegada una orden de protección porque ni los policías encargados de valorar su caso ni el fiscal ni la jueza vieron riesgo alto. La propia Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín, reconoció en declaraciones a este periódico antes de su ponencia que en este caso «hemos metido la pata todos y hay que reconocerlo» y reclamó «más tiempo y tranquilidad para escuchar a la víctima y recopilar datos de todo en su entorno» al tiempo que hizo un llamamiento a la sociedad para denunciar «todo aquello que luego han salido diciendo los vecinos» y que habría ayudado a valorar el riesgo. Martín admitió que «prever el peligro es muy difícil», algo en lo que coincidió el jefe de la Unidad de Coordinación para la violencia de la mujer de la Delegación del Gobierno, Joaquín Pérez de la Peña, desde la perspectiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quien defendió la eficacia del nuevo baremo de valoración policial del riesgo aunque reconoció que las medidas de protección «no llegan a cubrir el 100 por cien de la vida de las personas». Ambos insistieron en la importancia de la formación y especialización de los agentes policiales y judiciales que trabajan en este ámbito. De hecho, varios agentes de la escuela de Policía Local de Sevilla asisten al congreso.
La ponencia inaugural corrió a cargo de la presidenta de la Fundación Mujeres, María Soleto, quien llamó la atención sobre el hecho de que aunque «hay otras muchas formas de violencia de género, no sólo física, hoy todavía por la opinión público e incluso desde el punto de vista judicial lo que realmente se reconoce es el golpe y tenemos deficiencias en prevenir y probar otros tipos de violencia que normalmente no se dan solas» como la psicológica, económica o sexual, e incluso formas de violencia hacia las mujeres por el mero hecho de serlo que se producen fuera de la pareja (aunque es en este ámbito donde se produce el 70 por ciento de los casos).
Soleto alertó de que “estamos en un momento estratégico” para llamar la atención sobre otras formas de violencia contra las mujeres como la que se ejerce en conflictos bélicos que además «no se juzgan o incluso se tapan». «Es necesario que este tipo de problemas se aborde con la presencia de las mujeres en los procesos de paz», subraya esta experta en políticas de igualdad. Del mismo modo, problemas como la mutilación genital femenina o los matrimonios forzosos que «pueden parecer lejanos» a las sociedades occidentales han sido trasladados a éstas con el fenómeno migratorio y los países receptores tienen que estar vigilantes y afrontarlos. En España, el movimiento feminista forzó elevar la edad legal del consentimiento al matrimonio de los 14 a los 16 años pero países europeos en la misma línea como Alemania se están encontrando con la problemática de familias que necesitar sacar a sus hijas de Siria y lo «hacen por matrimonio y Alemania se plantea aceptarlo». Soleto advierte del peligro de dar pasos atrás.
La trata de seres humanos con fines de explotación sexual no es sólo una de las mayores formas de ejercer la violencia sobre las mujeres sino «uno de los delitos más lucrativos» que en los países en vías de desarrollo supone «un freno» para éste y en la sociedades desarrolladas conlleva «amplios costes sanitarios y sociales». Soleto se declara «abolicionista» y aboga por desincentivar en consumo de la prostitución. En este ámbito, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, presente también en la inauguración y que la semana pasada participó en la marcha de hombres por la igualdad (celebrada en varias ciudades españolas), puso en valor las campañas contra la prostitución desarrolladas por el Ayuntamiento y resaltó el papel de los municipios en llevar los mensajes contra este y otros tipos de violencia de género «a los barrios, sobre todo a aquellos donde la interculturalidad» hace a las mujeres más vulnerables y más difícil el acceso a las víctimas. Sevilla además es una de las capitales españolas que sanciona en sus ordenanzas municipales al cliente de la prostitución.
El papel del sistema educativo y de los medios de comunicación salió a colación durante el debate posterior a la ponencia inaugural y Soleto dejó claro que la «autoregulación» en el caso de los medios no está funcionando aunque puso en valor que cada vez más hay periodistas especializados en la materia, lo que evita hablar de «sucesos y crímenes pasionales» y la retirada de los anuncios de contactos de varios periódicos, especialmente digitales (El Correo de Andalucía los eliminó hace más de tres años). Pero también alertó de que aunque «el papel de los medios en la educación y prevención es esencial, solos tampoco puedes. Tendremos más resultados si hay más presión social», por lo que llamó a la movilización y a usar las redes sociales para lanzar mensajes contra la violencia machista.
Soleto también hizo hincapié en la necesidad de que las instituciones se comprometan en la reparación del daño a las víctimas tras poner en evidencia las dificultades de los hijos de mujeres asesinadas para obtener la pensión de orfandad o la falta de ayudas para los parientes que se hacen cargo de esos menores. «No puedo ser que exista el mito de que cuando las mujeres denuncian las riegan de ahyudas cuando tienen muchas dificultades», denunció.