Las defensas califican de “disparate” que la Fiscalía pida ampliar el objeto del juicio

La sexta jornada del juicio por el llamado procedimiento específico comenzó ayer con las réplicas a las cuestiones previas planteadas por la Fiscalía Anticorrupción la semana pasada. Los abogados de los 22 ex altos cargos acusados arremetieron contra la Fiscalía Anticorrupción al que acusan de realizar una propuesta «extravagante» y de querer «cambiar las reglas» con el juicio ya iniciado, acusándolo de un intento de vulnerar el derecho de defensa y de hacer del caso «un disparate». El Ministerio Público solicitó retrotraer la causa para dictar un nuevo auto de procesamiento para incluir la responsabilidad de los acusados en cada una de las ayudas otorgadas, que están siendo investigadas en otras piezas, o bien que el tribunal delimite el objeto de este procedimiento y, en el caso de que se incluyan toda las ayudas, se incorporen todas las pruebas realizadas en las otras causas abiertas. Todo ello debido a que la Sección Séptima de la Audiencia aceptó el recurso de las defensas, un año después de que se diera por cerrada la investigación, y acordó que un acusado no puede ser juzgado varias veces por los mismos hechos.

Los abogados defensores fueron muy críticos y duros con la petición planteada ante la vulneración de derechos fundamentales y de las garantías procesales. El primero fue el letrado de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, Víctor Moreno Catena, quien lamentó que el fiscal solicite ahora al tribunal que delimite el procedimiento cuando fue su «insistente petición la que produjo la segregación de la causa en piezas», apoyándose en el argumento de que «se podían juzgar por separado». «El Ministerio Fiscal es el principal responsable o coadyuvante de la situación del proceso» y «reclama ahora que se vuelva ahora al auto de julio de 2015 o que se redefina el proceso», lo que a su juicio es «un disparate procesal que no puede ser admitido por el tribunal».

En una brillante exposición, el abogado expuso que este procedimiento tiene «entidad propia y suficiente como ha querido el Ministerio Fiscal», asegurando que ahora hace una «petición extravagante y que carece de todo acomodo o respaldo legal», ya que «esta sala carece de competencia para este pronunciamiento que se le pide», pues no puede alterar «el contenido de este procedimiento». En este sentido, incidió en que si consideraba que el auto de procedimiento abreviado, con el que el Juzgado de Instrucción número 6 puso fin a la investigación, «debía haberlo recurrido ante el juzgado o la Audiencia». «El tiempo ha concluido. Debería haber recurrido el auto, que ya es firme», añadió.

Moreno Catena destacó también que el fiscal sabe «que los hechos se definen en el auto de apertura del procedimiento abreviado» y lamentó que «recurriendo a una inexistente indefensión que ha sido provocada por él, viene a sus señorías solicitando un pronunciamiento contrario a derecho». Por ello, recalcó que «la causa está delimitada, el tribunal juzga pero no delimita la causa» y sostuvo que lo que Anticorrupción solicita es que la sala «reinterprete lo que dijo el juez instructor». Esto provocaría «una verdadera indefensión de las partes», resaltó. «Una vez en el plenario no se pueden cambiar las reglas y eso es lo que está pidiendo el fiscal. Resulta intolerable», concluyó.

Asimismo, sobre la ampliación de pruebas solicitada por Anticorrupción, el abogado dijo que estas debieron ser reclamadas «en el escrito de acusación y no ahora». «Crearía un dislate procesal inabarcable», señaló sobre el hecho de ir incorporando documental y testigos del resto de piezas conforme se vayan abriendo por parte del juzgado de Instrucción, que solo tiene abiertas un centenar de 270 piezas y de las cuales solo en 35 se han iniciado las diligencias. En este sentido, el representante del expresidente Manuel Chaves, Pablo Jiménez de Panga, dijo que esto es «proponer testigos al peso». «Es inadmisible», sentenció.

A los argumentos expuestos por el letrado de Aguayo se sumaron el resto de defensas que, durante casi tres horas fuero exponiendo sus réplicas, como el abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, quien aseguró que esta situación es fruto del «afán globalizador del procedimiento específico». El letrado recalcó la «contundencia» de los argumentos expuestos por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial y se ha preguntado si el fiscal «no ha admitido esta resolución». «Esta situación es el fruto de sus propias actuaciones», lamentado que ahora bajo el pretexto de una aclaración se pretenda «que se deje sin efecto el auto» del juez instructor. «Las alternativas jurídicas son inviables», dijo.

Por su parte el abogado del ex director general de Trabajo Juan Márquez, Manuel Pérez Cuajares, ha utilizó una expresión taurina para calificar la pretensión del fiscal: «es tener más oportunidades que El Platanito», en alusión a que lo que la Fiscalía pretende es tener «otras 270 piezas» donde intentar una acusación. Igualmente, el letrado del ex director general de la Agencia IDEA Jacinto Cañete, Juan Carlos Alférez, señaló que el fiscal «pretende corregir su error cometido por un afán acusatorio», lamentando que de juzgarse a los acusados por cada una de las causas «la vida de estas personas estaría judicializada durante 15 años». En este sentido, el abogado Miguel Delgado, que defiende a Miguel Ángel Serrano, se preguntó «¿cuántos años va a durar este juicio?». «Pretende un salto mortal, triple, con dos vueltas para atrás y con tirabuzón», concluyó