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Pequeños con su cuidadora en una guardería de Sevilla. / El Correo
(Antreproyecto de la Ley de Igualdad - PDF)
Los centros de trabajo con más de 500 empleados deberán contar con escuelas infantiles para los hijos de sus profesionales, según recoge el Anteproyecto de la Ley de Igualdad aprobado por el Consejo de Gobierno, que también contempla auditorías periódicas por parte de la Consejería de Empleo contra las diferencias salarias por razón de sexo y discriminaciones en el ámbito laboral y un régimen sancionar con multas de entre 6.000 y 120.000 euros en caso de promoverlas o tolerarlas además de penalizar a estas empresas en concursos públicos y convocatorias de subvenciones.
El anteproyecto reforma la ley de 2007 de Promoción de la Igualdad y contra la Violencia de género y aunque otorga al Instituto Andaluz de la Mujer y las consejerías de Igualdad y Empleo una capacidad de inspección y control sobre las políticas de igualdad y la no discriminación en el ámbito privado, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, reconoció que la competencia sancionadora no siempre estará en manos de la Junta sino también de organismos estatales com la Inspección de Trabajo. Sánchez Rubio no pudo precisar cómo se logrará que las empresas cumplan con la exigencia de implantar guarderías pero sí subrayó que la ley está dirigida tanto al ámbito público, donde «la Junta como empresa será cumplidora de la ley» -actualmente solo el edificio Torretriana de Sevilla que congrega a cuatro consejerías cuenta con escuela infantil-, sino a la empresa privada.
Sí subrayó la labor auditora y de vigilancia del IAM y la Consejería de Empleo tanto para revisar los convenios colectivos y los planes de igualdad de las empresas, aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de conceder subvenciones o en las adjudicaciones públicas.
En el ámbito educativo, una comisión de expertos revisará los materiales didácticos ya que a ley apuesta por la coeducación cuya base, dijo la consejera, es la convivencia de niños y niñas en el mismo aula. La Junta mantiene un litigio judicial con centros de educación diferenciada a los que retiró el concierto público y que acudieron a los tribunales.
Entre otras novedades, con el fin de facilitar el regreso al mercado laboral de mujeres jóvenes tras la baja maternal, cuando según admitió se producen los principales casos de discriminación, se reservará el 40 por ciento de las plazas de los cursos de formación para el empleo a estas mujeres. Se fomentará la presencia femeninos en ámbitos de la investigación y la ciencia donde están subrepresentadas y los tribunales de oposiciones serán paritarios.
El Anteproyecto será remitido hora al Consejo Consultivo para su informe y comenzará la tramitación parlamentaria. Sánchez Rubio no avanzó la previsión para su aprobación desarrollo reglamentario en el que sí confirmó que la ley contará con una memoria económica.