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Leandro del Moral, durante la entrevista. / El Correo
{—Lo más sorprendente del documento crítico contra la redacción del reglamento del agua urbana es quiénes lo firman...
—Efectivamente. Estamos trabajando conjuntamente organizaciones ecologistas, sindicales, ciudadanas, profesionales y científicas. Una representación numerosa y variada de la sociedad civil: Facua, CCOO, Ecologistas en Acción, Aeopas, la Fundación Salvia que preside Paco Casero, WWF, organizaciones agrarias como UPA y COAG. Esta es la gran riqueza y transcendencia para el futuro de esta experiencia.
—El reglamento que ha elaborado la Junta de Andalucía para el agua urbana no tiene a las administraciones locales como protagonistas pese a que el agua urbana es una competencia exclusiva de los ayuntamientos. ¿Por qué cree que se ha redactado así una norma que debería hacer incidencia en las corporaciones locales?
—Este es uno de los aspectos que más nos preocupan. Compartimos esta preocupación con la Federación de Municipios y Provincias. El reglamento debe regular las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones competentes, no entre clientes y entidades prestatarias. Con la fórmula que el borrador conocido utiliza, se obscurece el carácter de servicio público, de dominio público y de derecho humano que tiene el abastecimiento de agua. Un servicio para cubrir una necesidad imprescindible e insustituible, que se presta en régimen de monopolio físico (una sola empresa por municipio) sin competencia, lo que refuerza aún más la necesidad de protagonismo por parte de la administración pública.
—El preámbulo del reglamento se refiere al derecho al agua y al saneamiento como «el llamado derecho al agua». En su opinión ¿se recogen los principios de derecho humano al agua?
—Esa expresión es muy desafortunada. Marca distancias, trivializa algo tan importante como el derecho humano al agua y al saneamiento, reconocido solemnemente por las principales instituciones internacionales. No solo numerosas resoluciones de Naciones Unidas, vinculantes para el Estado español, sino resoluciones de la Unión Europea que lo integran en su nueva Directiva de Aguas Potables.
—¿Qué hay de la participación, transparencia o información?
—Son características imprescindibles de la nueva gestión del agua pública que necesitamos, que no se parece a la vieja empresa pública burocrática y jerárquica. Son condiciones que se desprenden de la propia definición de derecho humano que el borrador del reglamento no capta bien. El reglamento debe incorporar la idea de participación pública en los procesos de decisión. Como subraya la Federación de consumidores Facua, es fundamental también incluir mecanismos de rendición de cuentas por parte de las empresas y el acceso a la justicia por parte del ciudadano.
—Dicen desde el documento crítico que no se trata de demonizar a la empresa privada, pero es evidente que apuestan porque el agua tenga una gestión pública.
—La empresa privada hace muchas cosas bien y tiene un papel indiscutible en nuestro sistema socioeconómico. Pero el abastecimiento y saneamiento de agua no es una necesidad de la que podamos prescindir o que podamos satisfacer recurriendo a uno u otro suministrador. En los servicios del agua las virtudes de la empresa privada desaparecen, y por el contrario dan la cara sus vicios: el oligopolio, el mercado cautivo, la opacidad y frecuentemente, como la experiencia muestra, la corrupción. Además, esa misma experiencia demuestra que, con transparencia y control social, la empresa pública lo sabe y lo puede hacer mejor y más barato.
—Existen antecedentes que no se han tenido en cuenta en este reglamento como la Declaración de Cádiz sobre el derecho humano al agua y la iniciativa social europea Right2Water.
—En Andalucía, como en toda España, existe un fuerte sentimiento social de defensa del agua pública, de lucha contra la privatización y de defensa de la remunicipalización. En noviembre del año pasado se aprobó la Declaración de Cádiz en la que se incluyeron estas ideas. También a escala europea se desarrolla el movimiento del Agua Pública. Recientemente ciudades tan emblemáticas como Paris y Berlín han remunicipalizado sus sistemas de abastecimiento. El reglamento andaluz, que quiere ser pionero, no puede ignorar estas experiencias.
—¿La planificación es otro aspecto crucial que no se atiende bien en este reglamento?
—Es indudable la necesidad de planificar el mantenimiento, sustitución y ampliación de las infraestructuras, muchas veces infraestructuras verdes, para hacer frente a los nuevos retos de calidad y para afrontar los nuevos riesgos vinculados al cambio climático, que van a implicar nuevas inversiones y por tanto nuevos costes. Por esto el principio de planificación debe ser uno de los pilares del reglamento. Además, es en la planificación en donde se pueden desarrollar algunos de los procesos más importantes de participación social.
—Recalcan en sus críticas que hay un problema sin resolver con las pequeñas poblaciones.
—En su redacción actual, en la pequeña parte que conocemos de él, el reglamento no atiende suficientemente a la mayoría de los municipios andaluces pequeños y medianos, más allá de la continuación de la estrategia de la colaboración supramunicipal. La población rural es especialmente vulnerable a los riesgos de contaminación y sequía producidos por el desarrollo desordenado del regadío y afronta unos costes de mantenimiento y renovación de infraestructuras que no puede asumir.
—¿Cree que si no hay grandes modificaciones este reglamento habrá sido una oportunidad perdida para garantizar el agua como derecho humano?
—Sobre la base de un gran número de aspectos técnicos indiscutibles y el buen hacer de muchas de las empresas públicas, este reglamento sería una gran oportunidad de plantear desde Andalucía un mensaje avanzado y progresista sobre la aplicación del derecho humano al agua: prevalencia de la gestión pública, transparencia y participación pública, planificación y fuerte responsabilidad social y ambiental. Echamos en falta un claro compromiso con estas ideas en el borrador que conocemos.