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Las mafias de la trata aguardan a cada vez más migrantes menores

El informe anual del Defensor del Menor alerta del colapso de la acogida de niños inmigrantes y de la falta de oportunidades cuando cumplen 18 años, abocados a sobrevivir en la calle

04 may 2018 / 17:32 h - Actualizado: 05 may 2018 / 18:57 h.
  • Maeztu entrega al presidente del Parlamento el Informe del Defensor del Menor. / Cedida por el Defensor del Menor
    Maeztu entrega al presidente del Parlamento el Informe del Defensor del Menor. / Cedida por el Defensor del Menor

«Es uno de los colectivos más invisibles». Con estas palabras alertó este viernes el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, del problema social creciente de los menores que llegan solos a Andalucía: cada vez son más y cuando cumplen los 18 años el sistema de protección los deja en la calle, sin papeles y sin apoyos familiares. Muchos acaban en manos de «mafias» y englobando las filas de la «trata», expuso Maeztu al presentar el informe del Defensor del Menor para 2017 en el Parlamento andaluz, un volumen de 602 páginas.

«Quedan a la intemperie. Se los arroja a la vida sin vivienda, sin posibilidad de trabajar por su situación administrativa. En el mejor de los casos acaban de mendigos o en la prostitución, y este bucle de desesperación es la mejor garantía para que acaben en manos de mafias», expresó con toda crudeza el Defensor andaluz.

A diferencia de otros colectivos vulnerables, a los chicos (el colectivo es en más de un 80 por ciento masculino, explican los colaboradores del Defensor) que llegan a España (casi todos a Andalucía por su condición fronteriza con África) se les deja de proteger al alcanzar la mayoría de edad y se pierde su rastro. Nadie sabe de forma oficial cuántos son, pero su número aumentará porque se ha duplicado con creces el número de menores que llegan no acompañados: 1.291 en 2016, 3.306 en 2017.

«Se han batido las cifras y más se van a batir», enfatizó Maeztu, que espera «afluencias masivas» de este tipo de inmigrantes, a quienes rechaza dar este título: «Un niño es un niño y hay que aplicarles la protección prevista para la infancia, no los reglamentos para tratar los flujos migratorios».

En todo caso, todas estas llegadas, que se han producido «de forma imprevisible» según el resumen del informe del Defensor del Menor, han colapsado las 280 residencias (con 2.600 plazas) para los menores –que no se han dejado en la calle, sino hacinado en ellas, «lo denuncian las ONG y lo comprueba esta institución», remacha el Defensor–.

A estos recién llegados hay que sumar los menores que llegaron en años anteriores y que siguen tutelados porque no han alcanzado la mayoría de edad.

Pero la saturación solo agrava el caso de los que van alcanzando los 18 años, cuyo rastro se pierde: o se quedan en las calles andaluzas malviviendo, o emigran a comunidades más ricas... o caen en manos de las mafias de la trata y la prostitución.

Cuando un menor no acompañado ingresa en un centro de protección, comienza un proceso de actuaciones e intervenciones encaminadas a garantizar sus derechos y su protección. Sin embargo, todo ese cuidado se desvanece el día de su decimoctavo cumpleaños. La Administración entiende que estos menores llegados en situación dramática, con su familia bien lejos y sin redes de contactos que les puedan echar una mano en el camino de la vida, «ha alcanzado su emancipación y se encuentra preparado para iniciar su vida adulta y su proyecto de vida independiente. Nada más lejos de la realidad», lamentan el informe y el propio Maeztu. Para empezar, casi todos carecen de permiso de trabajo, y para lograrlo deberían tener un contrato de un año, algo «de difícil cumplimiento para un joven de 18 años sin formación o con una formación básica, y sin ningún tipo de especialización», sigue el resumen del informe.

A esto hay que sumar que la tasa de desempleo general entre los jóvenes menores de 20 años en Andalucía es del 70 por ciento.

Las soluciones, si las hay, pasan por la implicación de la UE, el Gobierno central y la Junta de Andalucía, cada Ejecutivo en su ámbito y todos coordinados. El Defensor también se busca reunirse con la Fiscalía, con la policía, el Instituto de Medicina Legal o las consejerías de Justicia y Políticas Sociales.

«No podemos demandar plazas de acogida de manera indefinida porque no podemos prever el alcance de este fenómeno migratorio», expuso Maeztu, aunque sí se puede preparar un «protocolo mínimo» de recibimiento de calidad ante estas llegadas masivas «y no soluciones provisionales», en particular el internamiento de menores en CIE (centros con adultos) –ni al contrario, adultos en centros de menores–. «Para empezar no tenemos intérpretes suficientes, ni atención psicológica, que es prioritaria porque llegan destrozados, y necesitamos agilidad en la tramitación de sus papeles». En este sentido, reclamó que en el IV Plan de Inmigración sea «una buena oportunidad» para facilitar que estos jóvenes «puedan devolver con su trabajo el esfuerzo de la inversión» en su protección cuando eran menores.

El Defensor andaluz propone que puedan tener acceso a lo más básico para que alberguen alguna esperanza: vivienda, mundo laboral, formación y atención psicosanitaria. Propondrá que estos inmigrantes extutelados tengan acceso a la renta mínima de inversión cuando cumplan los 18 años.

Además, el Defensor quiere que se mejore el sistema de determinación de la edad de quienes llegan a España sin papeles y, puesto que los menores de edad no son expulsados, se quitan años. En la actualidad esto se determina con una radiografía de la mano, pero las diferencias en la nutrición entre los españoles y los africanos hace que no sea fiable. Maeztu explicó que con aparatos digitales se pueden conseguir una determinación de la edad más fiable, al contrastar radiografías de la dentadura y la clavícula.

En todo caso, «cuestiones organizativas o económicas no pueden prevalecer nunca frente al interés superior del menor, unos adolescentes que llegan en situación de especial vulnerabilidad», expuso Maeztu, que defendió que cierta protección más allá de la esa mayoría de edad legal se extienda con el llamado Programa +18, que incluye pisos de autonomía y atención integral, así como una red de centros de día para que tengan un año de prórroga. Pero este programa, expone el informe, «no es suficiente» para todos los menores que van dejando de serlo, con lo que, denuncian las ONG, muchos jóvenes extutelados «acaben en albergues para personas sin hogar», pensados, indica Maeztu, para atender otros problemas sociales.


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