-
Manifestacion de la Marea Blanca por la Sanidad en Sevilla. / Jesús Barrera
La presión de las mareas blancas contra las fusiones hospitalarias, de los sindicatos que el viernes dieron por roto el diálogo con el SAS y hasta de C’s como socio que permite que el PSOE andaluz gobierne, han dado resultados y se han llevado por delante al viceconsejero de Salud, Martín Blanco –principal adversario señalado por el doctor Jesús Cándel Spiriman– y al gerente del SAS, José Manuel Aranda. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, anunció ayer la renuncia «voluntaria» presentada por ambos y aceptada ahora –pese a tener sus cargos a disposición desde hace tiempo– por el consejero de Salud, Aquilino Alonso. Y pese a su afán de defender que «nadie ha motivado» su marcha más que «su generosidad», lo cierto es que las plataformas ciudadanas, los sindicatos y los partidos de la oposición se arrogaron el mérito de haber logrado sus cabezas. Y el propio portavoz de la Junta habló de «rectificar errores» y de «nuevos interlocutores» como prueba de la voluntad de diálogo del Gobierno andaluz para el que «ya no hay excusa».
Los nuevos interlocutores serán la hasta ahora directora de Investigación María Isabel Barea, nombrada viceconsejera, y el recién designado gerente del Hospital Macarena Mariano Marín para dirigir el SAS. Marín llevaba en el Macarena apenas un mes, ya que fue nombrado en diciembre precisamente cuando en otra marcha atrás de la Consejería de Salud se separaron las gerencias de los hospitales sevillanos Virgen del Rocío y Macarena, fusionadas en 2014 como parte de un proceso de fusión hospitalaria cuya aplicación en Granada y Huelva desató las masivas protestas en la calle y el movimiento de las mareas blancas.
La presión de estas movilizaciones ya llevó a la Junta a paralizar las fusiones hospitalarias en amas provincias y ayer el portavoz de la Junta anunció que la derogación de las medidas ya iniciadas porque «escuchamos a los profesionales» y «seguimos dando pasos a favor del diálogo». El detonante de toda esta presión es la reordenación hospitalaria en Granada ante la apertura del nuevo Campus de la Salud, inicialmente pensado para formar con el Virgen de las Nieves dos hospitales en la ciudad pero con especialidades distintas. Profesionales, sindicatos y pacientes reclaman dos hospitales completos con urgencias diferenciadas y la Junta ha ido corrigiendo sus intenciones hasta lograr un acuerdo con los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y Satse –se desmarcaron el Sindicato Médico y USAE y las plataformas ciudadanas–. Sin embargo, el viernes los sindicatos firmantes dieron por roto el acuerdo al considerar que la Junta no estaba cumpliendo lo pactado y el lunes no acudieron a la reunión convocada por el SAS para seguir negociando el modelo de reordenación hospitalaria.
La Junta presume de la sanidad pública como «la joya de la corona» y asegura que en Andalucía «no hay recortes y quien diga que los hay miente». Ha lanzado mensajes deslegitimando algunos de estos movimientos acusándolos de estar «politizados» sobre todo por el PP buscando deteriorar la imagen de la sanidad pública por interés en privatizarla.
Pero las protestas en la calle siguen –la plataforma de Spiriman mantiene una convocatoria el día 3 ante el TSJA para presentar la asociación Justicia por la Sanidad cuyo objetivo es llevar a los tribunales los asuntos vinculados a la fusión y a los recortes sanitarios– y el debate sobre la situación de la sanidad está en el centro de la agenda política incomodando al Gobierno socialista de Susana Díaz en uno de los pilares de los que siempre ha presumido. Hoy comparecerá en el Parlamento el consejero de Salud, Aquilino Alonso, después de que el PSOE y C’s tumbaran la petición de PP, Podemos e IU para celebrar un pleno extraordinario y monográfico. Y el jueves, los grupos interpelarán a la presidenta sobre la gestión sanitaria.
A tenor de lo ocurrido ayer, la Junta esgrimirá su voluntad de diálogo y capacidad de rectificar medidas que inquietan al sector. Pero la oposición, aunque aplaudió ayer las dimisiones, dejó claro que más allá de los «golpes de efecto» es preciso el diálogo con los profesionales para dar un giro a la política sanitaria