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Las muertes de migrantes en la frontera sur aumentan un 150%

Pro Derechos Humanos registra una propuesta parlamentaria pidiendo vías legales y seguras que impidan estas «cifras inhumanas»

18 may 2018 / 20:35 h - Actualizado: 19 may 2018 / 09:59 h.
  • Los migrantes subsaharianos optan por motivos de seguridad por la ruta española. / El Correo
    Los migrantes subsaharianos optan por motivos de seguridad por la ruta española. / El Correo

Los migrantes muertos en la frontera sur desde principios de año han aumentado un 150%. Las políticas de externalización de la Unión Europea, las devoluciones en caliente en puntos como Ceuta y Melilla y la migración como negocio son algunas de las consecuencias que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha denunciado en el Parlamento andaluz. El aumento de las muertes y desapariciones de migrantes que tratan de llegar al territorio español dejan cifras preocupantes, por ello la asociación andaluza tuvo ayer una reunión con los grupos parlamentarios y registró una propuesta de moción en la que piden vías legales y seguras que impidan estos datos «inhumanos». «Vamos a seguir reclamando hasta que nos duela la garganta», afirmaron los coordinadores del informe Derechos humanos en la frontera sur 2018, que viene elaborándose desde hace ya 15 años.

La Apdha calificó como «crueles, racistas e inhumanas» las políticas llevadas a cabo por el Gobierno español, haciendo hincapié en la necesidad de mejorar las leyes de asilo y cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros. Además, la asociación vuelve a hacer énfasis en la regulación y la mejora de la situación de los migrantes menores de edad, como denunciaba también hace una semana el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en el Parlamento de Andalucía.

Uno de los efectos que la Apdha denuncia del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es el retorno a las vías tradicionales de inmigración como la del Estrecho de Gibraltar. «En 2017 se ha duplicado la cantidad de entradas en nuestro país tanto por vía marítima como por tierra con 28.587», expresan. Según datos de la propia asociación, el pasado año fallecieron más de 90 personas en el Estrecho. «Por cada persona fallecida de la que se tiene constancia, hay al menos dos más que quedan en el absoluto anonimato», señala la Apdha. Además, apunta que la afluencia de personas migrantes tuvo su vía principal en la marítima, que «llegó a triplicar los valores del año anterior». A pesar de ello, añade que las entradas por el Mediterráneo central «quintuplican todavía las de llegadas por la frontera sur de España».

Por otro lado, el acuerdo del Gobierno italiano con Libia ha fomentado también el cambio de ruta. Los migrantes subsaharianos optan, según el informe, por motivos de seguridad por la ruta española. Además de las políticas, la asociación denuncia la creación de un negocio alrededor de las personas arribadas al país en estas condiciones.

Ana Rosado, coordinadora del informe, puso en relieve la falta de transparencia de las partidas presupuestarias destinadas a investigación, control fronterizo o las políticas de cooperación para el desarrollo. «Este dinero nunca sabemos exactamente a lo que se destina, cuesta mucho trabajo conseguir los datos», matizó. Para la asociación el acceso legal a España es un mecanismo que garantizaría «menos muertes, menos riesgos, menos tráfico de seres humanos, menos vulneración de los derechos humanos y menos sufrimiento».

Los migrantes muertos en la frontera sur desde principios de año han aumentado un 150%. Las políticas de externalización de la Unión Europea, las devoluciones en caliente en puntos como Ceuta y Melilla y la migración como negocio son algunas de las consecuencias que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha denunciado en el Parlamento andaluz. El aumento de las muertes y desapariciones de migrantes que tratan de llegar al territorio español dejan cifras preocupantes, por ello la asociación andaluza tuvo ayer una reunión con los grupos parlamentarios y registró una propuesta de moción en la que piden vías legales y seguras que impidan estos datos «inhumanos». «Vamos a seguir reclamando hasta que nos duela la garganta», afirmaron los coordinadores del informe Derechos humanos en la frontera sur 2018, que viene elaborándose desde hace ya 15 años.

La Apdha calificó como «crueles, racistas e inhumanas» las políticas llevadas a cabo por el Gobierno español, haciendo hincapié en la necesidad de mejorar las leyes de asilo y cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros. Además, la asociación vuelve a hacer énfasis en la regulación y la mejora de la situación de los migrantes menores de edad, como denunciaba también hace una semana el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en el Parlamento de Andalucía.

Uno de los efectos que la Apdha denuncia del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es el retorno a las vías tradicionales de inmigración como la del Estrecho de Gibraltar. «En 2017 se ha duplicado la cantidad de entradas en nuestro país tanto por vía marítima como por tierra con 28.587», expresan. Según datos de la propia asociación, el pasado año fallecieron más de 90 personas en el Estrecho. «Por cada persona fallecida de la que se tiene constancia, hay al menos dos más que quedan en el absoluto anonimato», señala la Apdha. Además, apunta que la afluencia de personas migrantes tuvo su vía principal en la marítima, que «llegó a triplicar los valores del año anterior». A pesar de ello, añade que las entradas por el Mediterráneo central «quintuplican todavía las de llegadas por la frontera sur de España».

Por otro lado, el acuerdo del Gobierno italiano con Libia ha fomentado también el cambio de ruta. Los migrantes subsaharianos optan, según el informe, por motivos de seguridad por la ruta española. Además de las políticas, la asociación denuncia la creación de un negocio alrededor de las personas arribadas al país en estas condiciones.

Ana Rosado, coordinadora del informe, puso en relieve la falta de transparencia de las partidas presupuestarias destinadas a investigación, control fronterizo o las políticas de cooperación para el desarrollo. «Este dinero nunca sabemos exactamente a lo que se destina, cuesta mucho trabajo conseguir los datos», matizó. Para la asociación el acceso legal a España es un mecanismo que garantizaría «menos muertes, menos riesgos, menos tráfico de seres humanos, menos vulneración de los derechos humanos y menos sufrimiento».


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