Las voces del agua

Red Andaluza por la Nueva Cultura del Agua se constituyó en 2001 y surgió como respuesta ciudadana a los crecientes conflictos hidráulicos que había en la región. Hoy es una de las voces más autorizadas para hablar de gestión de aguas en Andalucía

Ricardo Gamaza RicardoGamaza /
h - Actualizado: 20 ago 2016 / 19:05 h.
"Medio ambiente"
  • Un centenar de ecologistas protestan en Doñana por el dragado del río. / Efe
    Un centenar de ecologistas protestan en Doñana por el dragado del río. / Efe

La Red Andaluza por la Nueva Cultura del Agua está integrada por colectivos sociales y personas vinculados con la defensa del agua y el patrimonio, la conservación del medio ambiente, la investigación o la educación. Funciona como una asamblea abierta a todas las personas y entidades, con un marcado carácter democrático y participativo, y se articula a través de los medios que ofrecen las nuevas tecnologías (lista de correos electrónicos y redes sociales).

Sin embargo, la Red no sólo funciona online. Su foro más destacable no es virtual: la Fiesta del Agua, un espacio anual de encuentro para el intercambio de ideas y experiencias, desarrollo de debates sobre temas emergentes, reivindicación de conflictos hídricos y descubrimiento de valores naturales, patrimoniales y culturales vinculados al agua. La primera edición de la Fiesta Andaluza del Agua se celebró en Ronda en 2004 y durante diez años ha recorrido buena parte de los escenarios sociales del agua en Andalucía: Pegalajar, Alcalá de Guadaíra, Coín, Ayamonte, Almería, Arcos de la Frontera, Jódar y Jerez de la Frontera. En todos estos municipios hay grupos ciudadanos que han peleado por el agua en una lucha desigual contra las poderosas administraciones o grandes empresas. Batallas que en muchos casos se han saldado con la victoria ciudadana como si del bíblico duelo de David y Goliat se tratase.

Encuentro y colaboración entre colectivos sociales e instituciones de Andalucía, son la clave de la Red, que busca también dinamizar la relación entre los ámbitos científico-técnicos y los movimientos sociales, fomentando la información, la formación y el debate social, y presentar ideas y proyectos de trabajo y de acción en torno a los problemas más relevantes de la gestión de aguas en Andalucía.

«El primer gran reto que tiene Andalucía por delante es recuperar el buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos, es decir, la buena salud de nuestros ríos, arroyos, humedales, acuíferos y aguas costeras», explica Antonio Figueroa, presidente de la Red. A finales de 2015 se aprobaron los planes hidrológicos de la cuenca del Guadalquivir y las cuencas intracomunitarias correspondientes al segundo ciclo de planificación.

Estos extensos y complejos documentos han adaptado la planificación existente a la Directiva Marco del Agua diagnosticando el estado general de los ecosistemas acuáticos y los recursos hídricos de nuestra comunidad. «El pronóstico es desolador y confirma el elevado nivel de degradación ecológica de la mayor parte de las masas de agua», explica Figueroa. Contaminación por agroquímicos y vertidos urbanos, pérdida del funcionamiento natural de ríos y arroyos, empobrecimiento de los ecosistemas fluviales, desaparición de paisajes vinculados al agua o sobreexplotación de acuíferos, son algunas de las consecuencias del modelo de uso y explotación de los recursos hídricos, los ecosistemas acuáticos y el territorio durante la última mitad de siglo.

Sin embargo, Europa nos «obligaba» a alcanzar el buen estado ecológico de nuestros ríos, humedales, acuíferos y aguas costeras en 2015 y si ello no era posible, pero se lograba argumentar por el Gobierno ante Bruselas, en los horizontes de 2021 y 2027. «La realidad es que con las medidas que contienen los planes hidrológicos esto no se podrá conseguir en los plazos previstos ya que ello implica hacer frente a problemas complejos, costosos y muy conflictivos que las administraciones no son capaces de asumir», apunta el presidente de la Red Andaluza Nueva Cultura del Agua.

«Estamos hablando de cuestiones como devolver agua a los ríos, controlar la expansión del regadío e incluso reducir en algunas zonas la superficie de riego, recuperar los costes del uso del agua –incluido los ambientales–, modernizar las administraciones hidráulicas, dar voz y voto a otros agentes interesados en la participación y reducir el peso de los grandes usuarios, etc. Mucha tela que cortar para administraciones hidráulicas que bien están desfasadas o bien han sido difuminadas y provincializadas en el caso de las cuencas intracomunitarias», sostiene Figueroa.

El otro gran reto de la Red es garantizar el derecho humano al agua y suministro vital mínimo disponible. La crisis económica de los últimos años ha puesto a miles de familias en Andalucía en una situación de extrema pobreza que ha acabado afectando a los suministros básicos para tener una vida digna, como pueden ser el agua y la electricidad. En el primer caso adquiere además una dimensión especial al tratarse de un derecho humano fundamental que no se está garantizando a muchas personas.

Así, pese a existir algunos mecanismos locales para garantizar el agua domiciliaria el número de cortes de aguas se ha disparado en los últimos años. Este panorama se ensombrece en tanto en cuanto estamos viviendo una ola de privatizaciones de la gestión municipal de abastecimiento de agua y las empresas privadas no consideran esta variable social en sus cuentas anuales. «Andalucía, que cuenta con una Ley de Aguas propia, debería ser una comunidad pionera en España para garantizar un suministro mínimo vital a todas las personas», apostilla Figueroa.

El gran problema es que el agua se ha convertido en un negocio muy lucrativo. A los cientos de millones de euros anuales en inversiones públicas que mueven las grandes obras hidráulicas, desde que se inició la crisis se suma la privatización de los servicios públicos de gestión de aguas. Las grandes multinacionales del sector se están aprovechando de la quiebra de muchos ayuntamientos para hacerse con los servicios municipales de abastecimiento a precios de saldo y en procesos administrativos más que cuestionables. «Hay una tendencia generalizada a ceder el servicio en concesiones administrativas por periodos de 20 o 25 años a cambio del pago de un canon concesional que en la mayoría de los casos se destina a pagar gastos corrientes de los ayuntamientos e incluso a financiar deudas. En Jerez de la Frontera la mitad del canon de 80 millones que recibió el Ayuntamiento se destinó exclusivamente a sufragar intereses bancarios», denuncia el presidente de la Red.