Cinco años después de que la jueza Mercedes Alaya pusiera en jaque a la Junta al ordenar registros, encarcelar a exconsejeros y apuntar a lo más alto del Gobierno andaluz en el presunto fraude de 854 millones en ayudas públicas, otro juez –Álvaro Martín– cerró hace unos meses la instrucción de la pieza política del caso ERE enviando a juicio a dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En total 26 imputados que durante las dos últimas décadas han ocupado altos cargos en el Ejecutivo autonómico se sentarán en el banquillo, previsiblemente a finales de 2017. Siguiendo las tesis de Alaya, el juez Martín les acusa de haber ideado un sistema para repartir durante una década esas ayudas eludiendo los pertinentes controles y de forma discrecional para beneficiar a familiares y allegados, creando una red clientelar en torno al PSOE.
Chaves y otros siete imputados se enfrentan a diez años de inhabilitación y dos de prisión por prevaricación y asociación ilítica (un delito sumado por la acusación popular del PP). Griñán y otros 17 procesados afrontan penas de entre seis y diez años de cárcel y 30 de inhabilitación ya que serán juzgados además por malversación de fondos públicos.
En estos cinco años de investigación judicial, la sombra de la corrupción del caso ERE ha marcado el paso al Gobierno andaluz. Fue el inicio de la investigación el que puso fin a 19 años de Chaves al frente de la Junta mediante su marcha en 2009 como ministro de José Luis Rodríguez Zapatero. Le sucedió su consejero de Hacienda y vicepresidente económico José Antonio Griñán a quien los autos de la jueza Alaya apuntando que todo el Gobierno andaluz conocía las irregularidades le hicieron dimitir en 2013 y designar sucesora a su consejera de Presidencia Susana Díaz.
Desde el principio Díaz se esforzó por marcar distancias con sus antecesores, a los que sólo en los últimos tiempos ha defendido a boca llena. Pero las exigencias de C’s para apoyar su investidura tras las elecciones de 2015, en las que Díaz ganó sin mayoría absoluta, acabó obligando a los expresidentes a dejar sus escaños en las Cortes –donde se refugiaron para seguir aforados y evitar comparecer ante Alaya– antes de lo que marca el Código Ético del PSOE.
Según este código, Chaves y Griñán no tendrían que haber dejado sus actas hasta que este noviembre el juez Álvaro Martín dictó el auto de apertura de juicio oral contra ambos. Sin embargo, cuando el juez emitió ese auto que cierra definitivamente la instrucción y envia el caso a la Audiencia provincial para enjuiciar a los 26 acusados, Chaves y Griñán ya no eran ni siquiera militantes socialistas. Abandonaron el partido en junio, cuando el magistrado concluyó la existencia de indicios de su participación en presuntos delitos de prevariación y malversación por los que debían ser procesados y pidió a las partes personadas su solicitud de penas o de archivo con las que enviar el caso a juicio.
Archivo al caso formación
La instrucción del caso ERE no ha terminado pues se trata de una macrocausa con 200 imputados que la sucesora de Alaya al frente del juzgado que la instruye, María Núñez Bolaños, dividió en piezas para cada ayuda dada. Si bien la llamada pieza del procedimiento específico ideado para repartir las subvenciones es la de mayores implicaciones políticas y ha sido la primera en enviarse a juicio en este 2016 en el que la Junta ha recibido una de cal y otra de arena de la Justicia. Mientras el juez Marín ha procesado a 26 ex altos cargos, la jueza Núñez ha archivado la pieza política de la otra gran macrocausa abierta por irregularidades en otras ayudas públicas, en este caso las destinadas a la formación para parados.
Al igual que ante el presunto fraude de los ERE, el Parlamento ha creado este año una comisión de investigación para dirimir responsabilidades políticas en el presunto fraude de las ayudas a la formación. Una comisión por la que han pasado 69 funcionarios, empresarios, alumnos de los cursos y responsables políticos, entre ellos Chaves y Griñán y la actual presidenta de la Junta. La comisión de los ERE se cerró sin que PSOE, PP e IU consensuaran unas conclusiones. En la de formación, son cinco los grupos que tienen que ponerse de acuerdo. PP, Podemos e IU consideran que la responsabilidad llega hasta Díaz, que paralizó durante cuatro años las ayudas a la formación ante las dudas (este año se han vuelto a convocar al fin). C’s la limita a Gobiernos anteriores y el PSOE apunta al archivo judicial para negar implicación política alguna y señalar a la Junta como víctima del uso fraudulento de las ayudas por parte de algunas empresas adjudicatarias.
Los juzgados dan vía libre a derribar el Algarrobico
Diez años después de que se paralizase la edificación del macrohotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería), su mole a medio construir aún domina el litoral como símbolo de los desmanes del boom del ladrillo si bien la maraña judicial entre administraciones públicas, ecologistas y promotora dio este 2016 un paso crucial cuando en febrero el Tribunal Supremo (TS) sentenció el suelo sobre el que se levanta es no urbanizable. El TS anulaba así un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a favor de la constructora Azata del Sol recurrido por Greenpeace y la Junta. Tras el fallo del Supremo, el TSJA también anuló el PGOU de Carboneras. Pasos todos que despejan el camino para derribar el hotel pero que no han logrado ponerle fecha.
El personal funcionario recupera derechos
En verano de 2015, Junta y sindicatos firmaron un acuerdo para la recuperación progresiva de los recortes de sueldo y jornada sufridos desde 2012 por los empleados públicos. En febrero de este año, los funcionarios cobraron un 25 por ciento de la paga extra devengada en 2012. Pero la falta de fecha para cobrar el resto, que el Estado y otras comunidades ya habían devuelto, y para otros compromisos de la presidenta Susana Díaz llevó a los sindicatos a anunciar movilizaciones. Díaz los reunió y fijó un calendario. En octubre cobraron otro 25 por ciento de la extra, han recuperado días de asuntos propios y en enero volverán a la jornada de 35 horas semanales, una decisión que el Gobierno amenaza con recurrir.
El alcalde de Granada dimite tras ser detenido
El 13 de abril de 2016 la Policía Nacional entró en el Ayuntamiento de Granada para registrar despachos y llevarse documentación en una operación, bautizada como nazarí, contra la presunta corrupción urbanística municipal en la que fue detenido el entonces alcalde, José Torres Hurtado (PP), y la delegada de Urbanismo, Isabel Nieto –cuyos domicilios también fueron registrados– junto a otros 13 responsables municipales, funcionares y empresarios. Torres Hurtado quedó horas después en libertad con cargos tras ser interrogado y compareció esa misma tarde para defender su inocencia y asegurar que no pensaba dimitir. Sin embargo, las presiones de su partido ante la amenaza de C’s, que sostenía a Torres Hurtado al frente del Gobierno municipal, de promover con el PSOE una moción de censura acabaron obligándole a dejar el bastón de mando que empuñaba por cuarto mandato consecutivo. Su obcecación le valió la expulsión del partido.
No hubo moción de censura pero C’s rechazó apoyar a otro candidato popular y convirtió en alcalde de Granada al socialista Francisco Cuenca.
Enfrentado con su partido, Torres Hurtado dejó para las hemerotecas su foto con la cabeza alta saliendo del Ayuntamiento con sus pertenencias en una bolsa. Además de la operación nazarí, tiene abiertas otras causas por cesiones de inmuebles municipales por las que ya ha declarado.
Primera derrota electoral de Susana Díaz
La secretaria general del PSOE andaluz y presidenta de la Junta, Susana Díaz, sufrió el pasado 26 de junio su primera derrota electoral en la repetición de los comicios generales. que ganó el PP en Andalucía. Desde que tomara las riendas del PSOE-A y de la Junta, Díaz había encadenado cuatro triunfos electorales consecutivos en las europeas de 2014, las autonómicas y municipales de 2015 y las generales del 20 de diciembre de 2015. En la repetición de los comicios generales de junio, el PP logró casi 100.000 votos más que el PSOE, lo que le valió 23 escaños en el Congreso frente a los 20 de los socialistas andaluces. Una victoria moral que el PP le restriega a Díaz en el rifirrafe político y que impide a ésta presumir de resultados en las convulsiones internas de un PSOE que aspira a liderar.
Granada, aislada por tren y con el AVE atascado
Granada lleva desde abril de 2015 sin tren ya que para hacer llegar el AVE desde Antequera a la capital, se desmanteló la línea ferroviaria convencional y los pasajeros son trasbordados en autobús en este tramo. Los problemas con el trazado en Loja provocaron la paralización de las obras durante meses y la UTE adjudicataria, del grupo ACS, pidió en agosto rescindir el contrato con Adif al negarse el operador ferroviario al incremento del precio del contrato solicitado por la adjudicataria. En octubre, el Ministerio de Fomento alcanzó un acuerdo con el grupo adjudicatario y las obras se reanudaron tras 560 días paralizadas. Se prevé que el AVE llegue a Granada en otoño de 2017.
Mareas blancas y verdes ponen en jaque a la Junta
La Junta ha visto este año cómo los profesionales de dos de los principales pilares del Estado de Bienestar de los que suelen presumir, los docentes y los sanitarios, se han movilizado masivamente contra sus políticas.
El comienzo del curso escolar, y la incorporación del francés como segundo idioma obligatorio en Primaria en cumplimiento de la Lomce, dejó en la calle a un millar de maestros interinos generalistas que se vieron desplazados por especialistas de francés contratados para dar también el resto de materias. Un grupo de interinos llegó a encerrarse 24 horas en el Ayuntamiento de Sevilla. Y aunque las huelgas estudiantiles y mareas verdes de docentes tenían como leit motiv el rechazo a las reválidas de la Lomce –que el Gobierno ha paralizado–, en las protestas también se arremetía contra los recortes de personal de la Junta que ésta niega.
Más numerosas y mediáticas han sido las mareas blancas del personal sanitario en Huelva y Granada contra la política de fusión de hospitales. Un médico granadino, Jesús Candel –Spiriman– sacó a la calle a decenas de miles de granadinos hasta obligar al consejero de Salud, Aquilino Alonso, a reunirse con él y forzar una negociación con los sindicatos de la que se desmarcan algunas organizaciones y la plataforma de Spiriman. El SAS ha reculado en las fusiones no sólo allí donde ha habido protestas sino incluso en Sevilla.