Antonio estuvo en la cárcel modelo de Barcelona con 17 años cumpliendo una pena de 18 meses en un módulo especial en el que eran aislados los homosexuales, encarcelados en virtud de la Ley de Vagos y Maleantes y la Ley de Peligrosidad, que se aplicó a este colectivo hasta 1979 aunque no se derogó definitivamente hasta mediados de los 90. El colectivo de presos sociales, de cuya asociación nacional es vicepresidente, ha sido a su juicio «uno de los grandes olvidados» por el movimiento memorialista. En 2010, España fue el primer país que, a través de una iniciativa parlamentaria de IU aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, acordó indemnizar a los homosexuales que sufrieron la represión franquista no sólo mediante penas de cárcel sino que tras pasar por prisión eran desterrados de la ciudad en la que vivían y no podían emigrar a otros países al no concedérseles el pasaporte (en su caso no lo tuvo hasta 1984).
Eso condenó a muchos a la marginación y exclusión social, al «caer en las redes de la droga y la prostitución» con trabajos en clubes nocturnos y de economía sumergida como única salida. En esas condiciones, muchos no sobrevivieron y cuando se aprobaron las indemnizaciones sólo hubo 150 solicitudes que percibieron entre 4.000 y 12.000 euros según el tiempo de prisión (a partir de seis meses de cárcel). Así, de los cuatro millones que el Gobierno presupuestó para hacer frente a estas ayudas –Alemania acaba de aprobar 37 millones para indemnizar a los homosexuales que pasaron por campos de concentración nazis y de allí pasaron a la cárcel–, sobraron 3,5 millones que la Asociación de expresos sociales reclama que se destine a un fondo de ayuda para las personas del colectivo en exclusión, como en su día se acordó. «Vamos a dirigirnos a la presidenta del Congreso, ya que fue un acuerdo parlamentario», explica Antonio.
El colectivo también ha reclamado varias veces sin éxito al Ministerio del Interior que cierre el fichero policial que se abrió especialmente para los homosexuales a los que se aplicó la Ley de Peligrosidad ya que «sigue activo y si a mí hoy me para un Policía, le salta».
Las redadas policiales en lugares de encuentro que acababan con los homosexuales en la prisión no fueron la única represión que padeció el colectivo. El clima social y la influencia de la Iglesia hizo que «muchas familias, para evitar que sus hijos fueran encarcelados y siguiendo los consejos de los curas, los internaban en manicomios o clínicas privadas de órdenes religiosas para su tratamiento». «Era una persecución de la Policía pero también la delación de la propia sociedad y la familia estaba contagiada de todo eso y tuvo un papel crucial en la represión. Nos clasificaron primero como pervertidos y luego como enfermos», relata. También en el Ejército se aplicaban «terapias» y había dos centros de rehabilitación, uno en Badajoz y otro en la antigua cárcel de Huelva, que la Junta declaró lugar de Memoria Histórica. La asociación ha propuesto crear un centro de documentación de la represión homosexual a través de la Universidad Pablo de Olavide, cuyos profesores María Marco y Rafael Cáceres han dirigido un proyecto de investigación sobre La represión de la disidencia sexual en Andalucía durante el Franquismo y la Transición, financiado por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta.