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La jueza Nuñez Bolaños. / Manuel Gómez
Varios jueces y fiscales han calificado hoy como «recusación trampa» la iniciativa presentada por el PP contra la juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, que instruye la causa de los cursos de formación pagados con fondos públicos, cuyo archivo se decidirá previsiblemente en unos días.
Las fuentes consultadas por Efe han indicado que, con la recusación incluida en un recurso de revisión, el PP está «insinuando» que la juez comete una prevaricación al usurpar las funciones de la secretaria judicial y dictar resoluciones sin ser competente, lo que habría hecho en la entrega de las grabaciones de testigos.
Por ello, las fuentes han llegado a afirmar que la iniciativa del PP podría tratarse de una «recusación trampa» previa a otras iniciativas judiciales, como una posible querella contra la juez.
Los magistrados y fiscales consultados han añadido que «carece de fundamento» la recusación porque se basa en un reglamento de actuaciones accesorias de la Administración de Justicia, que no es aplicable a las resoluciones dictadas en un procedimiento en el que el PP está personado como parte.
Las normas a las que se refiere el PP en su recusación, han añadido las fuentes, son para actuaciones de interesados en la causa que no están personados como partes.
La recusación del PP, planteada el 15 de septiembre ante el Consejo General del Poder Judicial, se refiere únicamente a la participación de la juez en el recurso de revisión que han presentado y porque afirman que la magistrada usurpó las funciones de la secretaria judicial.
La recusación no afecta a toda la actuación de la juez en la causa de los cursos de formación, que previsiblemente se archivará una vez que lo pida la Fiscalía.
Por todo ello, varios de los consultados han concluido que la iniciativa del PP responde a una «campaña mediática» contra la juez, y han recordado las tres quejas que la formación política presentó en julio pasado contra la instructora ante el Consejo General del Poder Judicial.
La recusación promovida pretende que la juez no participe en el proceso de entrega de las grabaciones porque el PP asegura que es una competencia de la secretaria judicial, que tras la última reforma se denomina letrada de la Administración de la Justicia.
La tesis del PP es que la juez está inmersa en el proceso de responder a la denuncia que presentaron contra ella por tres posibles faltas que habría cometido en su labor y no puede participar en la entrega de las grabaciones.