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Los ‘límites’ de Doñana

Los alcaldes de los cuatro municipios afectados por la ampliación del Parque acogen con cautela la medida en la que temen restricciones para su desarrollo

07 ago 2016 / 21:55 h - Actualizado: 07 ago 2016 / 21:55 h.
  • El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, visitó los terrenos ampliados de Doñana con el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, y el teniente alcalde de Bonares, Juan Manuel Domínguez.
    El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, visitó los terrenos ampliados de Doñana con el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, y el teniente alcalde de Bonares, Juan Manuel Domínguez.

Con cautela o sin respuesta. Los alcaldes de los cuatro municipios afectados por la ampliación del Parque Natural de Doñana aprobada la pasada semana por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía prefieren no pronunciarse sobre el tema o hacerlo con mucha cautela.

Las 14.000 nuevas hectáreas del Parque Natural, todas de titularidad de la Administración autonómica pero distribuidas en los términos municipales de Almonte al que pertenecen 11.500, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer, «ya estaban protegidas», pero ahora se incorporan a una Zona de Especial Conservación (ZEC) para «garantizar la protección integral de la cuenca que vierte a La Rocina, el mayor y mejor aporte de agua a la marisma» de Doñana, además de actuar como «espacios de transición y amortiguación entre las áreas naturales y las dedicadas a la explotación agrícola». Y es aquí donde los alcaldes ponen el acento.

Esta ampliación «no nos ha comido terreno», detalla el alcalde de Lucena del Puerto, David Vivas (PSOE), «pero sí nos afecta en cuanto que limita la agricultura». Con cautela, Vivas explica que «todos queremos proteger Doñana» pero que estas medidas –así como el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque, también aprobado el pasado martes– «nos priva del derecho a cultivar las tierras», justo a un pueblo cuya economía depende básicamente de la agricultura y que, de momento, no obtiene otros beneficios por encontrarse junto a un parque natural. «Ahora mismo no nos beneficia para nada», asegura. Por esto demanda una fórmula que haga «compatible» la protección del medio ambiente con la agricultura.

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar (PSOE), ha preferido no valorar esta ampliación. La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa (PSOE), en cambio, se pronuncia abiertamente a favor de esta decisión. Está convencida de que la ampliación del Parque Natural «va a suponer una mejora en la gestión del espacio protegido» y asegura que, al menos en su municipio, «no añade más restricciones de aprovechamiento en relación de los vecinos con el espacio natural». De hecho, la alcaldesa señala que uno de los principales atractivos turísticos del municipio es Doñana y que, por tanto, esta aportación de terrenos es un «aliciente» y un «reclamo importante para la promoción turística» y para que «vengan visitantes tanto nacionales como extranjeros». Espinosa afirma categórica: «Almonte no se entiende sin Doñana».

Como Espinosa, el alcalde de Bonares, Juan Antonio García (PSOE), se siente «orgulloso» de que su pueblo pueda contribuir con terreno a Doñana que es una «marca de calidad», siempre que «a los ayuntamientos se les dote de herramientas para participar de esa sostenibilidad ambiental y de desarrollo del propio municipio». Por esto confía en que no haya incidencias en los regadíos: «Una vez se pongan en marcha los trasvases autorizados no tienen por qué afectar para nada al parque».


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