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El ex interventor general Manuel Gómez durante su declaración del pasado miércoles. / Efe
El escándalo de los ERE sacudió a la Junta de Andalucía por completo. Y, por qué no decirlo, al PSOE de Andalucía y a toda la política andaluza. Es lo único que explica que entonces todos se señalaran unos a otros y que hasta que se revisó el ERE de la Faja Pirítica de Huelva nadie aludiera a una orden ministerial, la de 1995, que justificaría la entrega de ayudas sociolaborales a trabajadores con difícil reinserción en el mercado laboral. El mayor ejemplo lo encontramos en el ex interventor general Manuel Gómez, quien ha pasado de asegurar que él advirtió de irregularidades en el sistema a prácticamente justificarlo y ampararlo en esta norma, «con sus deficiencias administrativas».
Gómez continúa hoy declarando, pues el miércoles, pese a que hubo doble sesión del juicio, no doy lugar ni a terminar con el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción. Fue un cuestionario minucioso, técnico que dio lugar a que en muchas ocasiones se convirtiera en una discusión entre el exinterventor y el fiscal difícil de seguir para los profanos en Derecho Financiero y Presupuestario. Tampoco ayudó mucho la actitud del acusado, cuyas respuestas se perdían en un mar de suposiciones y de «digo yo». Llegó a decir que podría contestar «no sé nada» porque muchas de las cuestiones sobre las que se le estaban preguntando no eran de su competencia, pues eran cuestiones que solventaban los interventores delegados de las consejerías, y que si lo sabía era porque lo ha «estudiado».
Lo que sí quedó claro es que el ex interventor general, que ahora es interventor delegado de la Agencia Tributaria andaluza, ve ahora las cosas desde otro prisma. Así explicó que uno de los errores de base fue considerar subvenciones estas cantidades otorgadas a trabajadores, «como debió entender el auditor», y que, por tanto, estas debían cumplir escrupulosamente la Ley de Subvenciones, en lugar de ayudas sociolaborales. Así que este concepto debe regularse por la citada orden ministerial que era la que aplicaba la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, como fue el caso del ERE de la Faja Pirítica, donde tanto la administración estatal como la autonómica repartieron fondos. «Si es o no aplicable la orden del 95 para mí sí. Yo ahora en el juicio hay un matiz muy diferente, había deficiencias administrativas, no digo que no las hubiera», dijo el miércoles.
El ex interventor general –que en estos siete años ha declarado ante el Tribunal al Supremo, ante la jueza Alaya y en la comisión de investigación del Parlamento– dijo que ahora «no cabe afirmar que se ha prescindido total y absolutamente de procedimiento legal» para abonar las ayudas en cuestión como él recogía en su informe adicional de 2005.
Precisamente, la cuestión sobre por qué emitió un informe adicional y no uno de actuación, que hubiera obligado a la junta a adoptar medidas, Gómez dijo que con las «deficiencias» detectadas no era lo preceptivo. «Ni lo valoramos como un delito ni como un menoscabo de fondos públicos, que nos habría obligado a realizar otro tipo de actuación, pero ni yo ni una docena de personas más», insistió. Y esa docena de personas a las que se refería son los interventores delegados de las consejerías, quienes «nunca» le pusieron en su mesa una denuncia. «Aquí han intervenido más de una docena de profesionales en el Control Financiero Permanente y ninguno ha visto que se le pusiera delante de sus narices un supuesto de menoscabo», dijo, tras recordar que él por ello le reclama el fiscal seis años de prisión.
En cambio, cuando los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán declararon en el Supremo que el exinterventor no les puso sobre la mesa el informe de actuación, este remitió un duro comunicado en el que dijo que «si su vecino le advierte a voces por la ventana de que hay llamas en el extractor, ¿usted llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino le confirmara la noticia por carta?». «Nosotros lo advertimos y quien tenía que tomar decisiones no las tomó», añadía. Entonces, Gómez apuntó al Consejos de Gobierno 2004, 2005 y 2006. Por ahora ni ha citado a Chaves y Griñán. Habrá que ver si hoy lo hará.