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Griñan y Chaves, en una imagen de archivo. / EFE
La Audiencia de Sevilla ha acordado que los recursos presentados en la pieza política de los ERE por los 26 ex altos cargos procesados, entre ellos los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se resolverán por separado y no en un auto conjunto.
Fuentes judiciales han explicado a Efe que la decisión de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla incluye que la resolución de los recursos se produzca a partir de enero y no durante este mes, como tenían previsto inicialmente.
Los recursos se habían dividido en dos grupos con la intención de dictar resoluciones que agruparan los distintos argumentos empleados por las partes.
Sin embargo, los magistrados de la Audiencia han acordado que responderán individualmente a las peticiones de los ex altos cargos, entre ellos seis antiguos consejeros del Gobierno andaluz.
El pasado 14 de octubre, el juez de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Álvaro Martín, dirigió los recursos a la Audiencia que se presentaron contra su auto de procesamiento sobre los 26 ex altos cargos.
El juez dictó el auto de procesamiento el pasado 31 de mayo, cuando dio por concluida la instrucción de esta pieza, la primera de los ERE que se acabó.
La Fiscalía Anticorrupción pidió seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán -presidente entre el 2009 y el 2013- por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda.
Para Chaves, que fue presidente durante 19 años, entre 1990 y el 2009, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Además, la Fiscalía solicitó ocho años de prisión para tres exconsejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra exconsejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.
Los autores de la malversación, según la Fiscalía, responderían solidariamente de la devolución a la Hacienda pública del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden a 741.616.545 euros.
Tras el informe de la Fiscalía, Manos Limpias se adhirió a sus peticiones de cárcel, mientras que la Junta de Andalucía, que está personada como acusación particular, pidió el archivo de la causa.
La Junta basó su petición en que «no existe prueba alguna de que la mayor parte de los encausados tuviesen conocimiento de la ilicitud penal, ni siquiera administrativa, en la concesión de ayudas y subvenciones».