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Maeztu denuncia retrasos de hasta un año en el pago del salario social

El Defensor del Pueblo Andaluz considera «inaplazable» la derogación del decreto del Ingreso Mínimo de Solidaridad y una nueva regulación

22 feb 2017 / 06:29 h - Actualizado: 22 feb 2017 / 06:29 h.
  • Maeztu denuncia retrasos de hasta un año en el pago del salario social
    Jesús Maeztu presentó ayer el informe sobre el salario social al presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán. / Europa Press

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, consideró ayer que el decreto de 1999 que regula la concesión por parte de la Junta de Andalucía del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) o salario social ha quedado obsoleto, por lo que apuntó que su derogación y sustitución por una nueva regulación es «inaplazable». Maeztu entregó al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, un informe en los que analiza los 25 años del programa de solidaridad para la erradicación de la marginación y la desigualdad. Entre 1991 y 2016, la institución ha recibido 905 quejas y 1.949 consultas. En la web del Defensor se ha creado una especie de foro con más de mil comentarios y 75.000 visitas.

«Se trata de un diseño muy fuerte destinado a familias que demuestren no contar con otros ingresos o patrimonios, pero ha quedado obsoleto», expuso el Defensor. En paralelo, solicitó a la Junta que retome el análisis sobre la implantación de una renta básica en Andalucía tal y como recoge el artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía.

Una de las conclusiones del informe es que a pesar de que un decreto de 2013 reducía de tres a dos meses el plazo para reconocer el derecho a percibir el salario social, el procedimiento se llega a dilatar hasta diez meses. Además, el Defensor del Pueblo recibió en 2014 y 2015 numerosas quejas también sobre el pago de esta ayuda. Así, en 2015 la media de retraso desde su solicitud era de entre 10 y 12 meses. «Es una norma que está bien regulada, pero siempre que se cumpla. Es de locos que familias que no tienen ningún ingreso tengan toda esa demora en el pago».

El documento apunta también a cómo la crisis económica ha cambiado el perfil clásico de solicitantes hacia familias jóvenes, mujeres solas con cargas familiares o jóvenes desempleados, que también exigen una nueva regulación que recojan todas estas situaciones: familias que se van a vivir con los abuelos y que ya no tienen derecho al salario social o familias monoparentales que no reciben la pensión. Por otra parte, Maeztu subrayó también la lentitud burocrática y como cada delegación territorial trabaja de una manera distinta y exige una documentación y requisitos distintos según sea la provincia. El Defensor del Pueblo solicitó también una reflexión sobre la posibilidad de ampliar el plazo de las mensualidades concedidas, que hasta ahora no contempla prórroga, y recibir la ayuda en plazo y fecha concreto «como una nómina, para acabar con las incertidumbres de pago».

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales trató de contrarrestar ayer este informe y publicó una nota en la que destacó que en 2016 resolvió 56.884 solicitudes del Ingreso Mínimo de Solidaridad. Estos datos reflejan un «descenso muy significativo» en el número de solicitudes desde 2015 «debido a la mejora de los indicadores económicos en Andalucía, entre ellos el descenso del paro».

La consejera María José Sánchez Rubio resaltó la garantía de presupuesto por parte de la Junta de Andalucía para atender esta demanda con 90 millones de euros para 2017, lo que supone «casi triplicar» los 37 millones presupuestados hace 10 años.


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