Manuel Chaves: «Nunca recibí alertas de irregularidades por la formación»

Manuel Chaves, presidente del Gobierno andaluz durante 19 años (entre 1990 y 2009), ha vuelto este lunes a sentarse por segunda vez ante una comisión parlamentaria que investiga un supuesto fraude en la gestión del dinero público destinado a los parados. La primera fue por los ERE, un caso por el que será juzgado en las próximas semanas, y por el que se le imputa un delito de prevaricación administrativa. La segunda comisión también deriva de una investigación judicial, en manos de 12 juzgados andaluces, por las irregularidades detectadas en la concesión de ayudas para cursos de formación a parados entre 2002 y la actualidad. Chaves fue presidente de la Junta durante la mayor parte del periodo investigado (siete años, entre 2002 y 2009). Además durante esta etapa, el Estado transfirió a Andalucía las competencias sobre políticas activas de empleo, para gestionarlas la Junta creó por ley el SAE (Sistema Andaluz de Empleo), y a partir de ahí aprobó la primera convocatoria de cursos de formación.

Éste es el epicentro de la investigación parlamentaria y de la trama que se dirime en los juzgados, pero Chaves fue tan tajante en su análisis ante esta comisión como lo fue con la de los ERE. Defendió que la gestión administrativa sobre FP para el empleo se hizo “dentro de la más estricta legalidad”. «No sólo los funcionarios, sino también todos los cargos directivos cualquiera que fuera su nivel», dijo, eximiendo así a gran parte de los casi 70 empleados públicos que han pasado por esta comisión, incluidos dos exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, que también están imputados por varios delitos en el caso ERE. «Nunca a lo largo de mi presidencia, nunca firmé una decisión ilegal. Nunca tuve conocimiento de irregularidades, si es que se cometieron. En mi mandato nunca se produjo una alerta por irregularidades o ilegalidades, ni las hubiera tolerado, y nunca di instrucciones para alterar los controles», aseguró el expresidente en su discurso de presentación.

Chaves aseguró ante el Parlamento andaluz que la gestión sobre las políticas activas de empleo fue “razonablemente buena”. «Es posible que hubiera irregularidades, no lo sé, pero no hubo ningún tipo de fraude dentro de la administración», dijo, tras admitir que, si algún empresario llegó a cobrar un 20 por ciento de las subvenciones destinadas a la formación de parados (como admitió el dueño de una de las empresas subvencionadas que pasó por la comisión), «el que cometió el acto ilícito fue el empresario, no del funcionario que le dio la ayuda ni de la administración». Los portavoces de IU y de Ciudadanos han coincidido al exigirle autocrítica, recordándole que entre 2002 y 2011 (cuando se destapó el escándalo judicial y la presidenta Susana Díaz decidió interrumpir las ayudas a la formación) el Ejecutivo andaluz gestionó 3.000 millones de ayudas para políticas activas de empleo, y sin embargo, advirtieron, Andalucía sufre una tasa de paro del 33 por ciento, más de 900.000 desempleados. Chaves no se encogió ante estos datos, dijo que no ha venido a la comisión «para hacer autocrítica», y defendió que «las políticas activas de empleo fueron eficaces para Andalucía». «La gestión y ejecución de las ayudas fue positiva, razonable, útil y eficaz en relación a la formación para el empleo», zanjó. En 2007, dijo, la tasa de paro de la comunidad era del 12,5 por ciento, en 2008, del 14,78 por ciento, el tercer mejor promedio de España, hasta que en 2009 la crisis “echó por tierra todas las expectativas”.