Más de la mitad de los niños andaluces, esto es 834.000 menores, vive en un hogar donde entran menos de 12.792 euros al año, cuyos padres han trabajado en el último año menos del 20 por ciento del tiempo y jornada posibles y donde hay retrasos en el alquiler, no es posible mantener la vivienda a buena temperatura por el coste del suministro eléctrico y no se puede comer carne o pescado al menos dos veces al día. Son los indicadores que componen el llamado índice Arope, o tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social. El 51,1 por ciento de los niños andaluces cumple alguno de los tres requisitos (riesgo de pobreza por ingresos, carencia material severa y baja intensidad de trabajo en su familia) y uno de cada diez se encuentra en situación de pobreza severa (de los nueve indicadores para medir la carencia material, cumple cuatro). El porcentaje supera con creces la media nacional, 35,8 por ciento, y es la tercera comunidad con más población infantil en esta situación.
Son las frías cifras del informe La infancia en Andalucía 2015 presentado por Unicef, pero éste también contiene la valoración de los propios niños andaluces sobre la situación que ven en su entorno, expresada en los Consejos Locales de Infancia que existen en las 31 ciudades andaluzas amigas de la infancia, entre ellas las capitales Sevilla, Málaga y Granada. Y su análisis de la situación evidencia la realidad. «El paro es el mayor problema de las familias. Muchas familias pierden sus casas y tienen que entregarlas a los bancos, cantidad de niños y niñas están desprotegidos» (Consejo Local de Puerto Real). «Hemos notado los recortes dentro de los colegios, en el material escolar, en los profesores, en la cantidad de niños en las aulas y plazas en los comedores» (Manifiesto de Cártama del 20 de noviembre de 2014). «Nos parece que la situación actual de crisis ha hecho que muchos niños vean sus derechos básicos pisoteados» (Consejo Local de Málaga). «Las personas que gobiernan deberían proteger a los niños y a las familias para que no padezcan necesidades» (Consejo de Olivares).
El presidente del Comité de Unicef en Andalucía, Ricardo García, lo tiene claro. El dato es «alarmante» y «no pretende ir contra nadie sino plantear una reflexión a toda la sociedad para que rompamos esa tendencia». Y es que, pese a que desde Unicef ponen en valor medidas «excepcionales» en Andalucía como el Plan de Garantía Alimentaria o el hecho de que el recorte en políticas que afectan a la infancia ha sido inferior al general, el subtítulo del informe también da un tirón de orejas a la necesidad de impulsar con concreciones el «cumplimiento de los compromisos» del Pacto Andaluz por la Infancia, firmado en 2010 por todos los partidos políticos entonces existentes en Andalucía y que, según García, «ha sido mucho más efectivo en el ámbito local que en el regional».
Preguntado sobre si este tipo de pactos sirven de verdad para algo, García defiende que la protección de un colectivo como el de los mayores en los Pactos de Toledo es «la red que hoy está sosteniendo a la sociedad» ante la crisis, ya que muchos pensionistas se han convertido en el sustento de las familias. El fin del Pacto por la Infancia es un Plan Integral que blinde también a los menores porque «lo que no hagamos hoy, lo vamos a pagar mañana». «Si un niño en su entorno viendo que no tiene medios se genera una situación de rechazo social, no está creciendo en igualdad y no va a generar igualdad en el futuro. Si no intervenimos no nos podremos quejar de que la sociedad de mañana no esté cohesionada».