Si se quiere entender la economía del mundo actual hay muchos libros donde buscar ideas que nos hagan reflexionar. Existe uno de gran interés, que lleva por título Keynes vs Hayek. El choque que definió la economía moderna escrito por Nicholas Wapshott (2013, Ediciones Deusto Divulgación). Las corrientes que representan estos economistas, a raíz de la crisis económica y financiera de 2008, vuelven a estar de actualidad, como alternativas ideológicas para una solución a los problemas actuales. John Maynard Keynes defendía que el Estado tenía la obligación de invertir en gasto público para reactivar la economía. En cambio, Friedrich Hayek consideraba esta opción inútil, e incluso peligrosa como podemos leer en el libro citado.
Actualmente nuestro país se debate entre posibles alternativas para recuperar el denominado Estado de Bienestar, una meta visualizada como un gran logro social para Europa tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de nuestros indicadores actuales son muy desalentadores. El 25 por ciento de los parados lleva ya cuatro años o más sin trabajar. En esta situación de paro prolongado, tres de cada cuatro no reciben ayuda alguna. Esto quiere decir que casi 1.200.000 personas no han tenido trabajo al menos en los últimos cuatro años. La última EPA deja un balance desolador de 4,6 millones de personas en paro. Hay que añadir a esta cifra 1.900.000 personas en condiciones difíciles para conseguir empleo. En total podemos hablar de 6 millones de personas en España en condiciones muy dramáticas. Por otro lado la deuda pública española marca su nivel más alto en más de un siglo, con una cifra de 1,107 billones de euros; el 100,9 por ciento del PIB. Sin embargo, el Gobierno de España expresa que estamos en plena recuperación.
Si consultamos las ideas de Keynes vemos que una solución a los problemas económicos de los ciudadanos y una alternativa posible para que el dinero llegue al mayor número posible de ciudadanos es la obra pública. Pero en España la obra pública se desploma un 20 por ciento por los recortes, y también posiblemente por la parálisis política que sufrimos desde hace meses. Pero para salir del estado de catalepsia social y económico de nuestro país no vale cualquier salida; no vale el razonamiento de que hay que salir a cualquier precio y pronto. Esto implicaría que podríamos, con tal de salir de la crisis, adoptar medidas contrarias al beneficio del conjunto de los ciudadanos, y también contrarias a la deseable sostenibilidad y al medio ambiente.
Llama la atención que el medio ambiente haya desaparecido del discurso político y no entre en las llamadas negociaciones entre partidos por el bien de todos. La inversión en medio ambiente, directamente por ejemplo con la transformación del modelo energético, o a través de la obra pública podría generar una elevada cantidad de empleo de calidad de carácter verde. En España los recortes de inversión estatal, derivados hacia las comunidades autónomas para frenar el déficit, han causado un impresionante parón en la realización de obras públicas, auténtico motor de empleo con beneficio para toda la sociedad al generar economía distribuida, que bien planteada debe ser economía social. La aplicación de criterios medioambientales a la obra pública genera empleo y permite adquirir los necesarios criterios de la economía ecológica. Por ejemplo la inversión en carreteras se ha situado a niveles de la década de 1980. Las carreteras constituyen un tejido arterial de comunicaciones en un mundo de ciudades en crecimiento. Las comunicaciones entre núcleos urbanos son esenciales. La forma de llevar la sostenibilidad y luchar contra el abandono y pérdida de núcleos rurales es construir y mantener adecuadamente las carreteras.
Evidentemente la obra pública no debería ser objeto de especulación y robo del dinero común de los españoles por cualquier otra forma posible, exista o no, de desvío de dinero público a personas o partidos. Ese dinero que va a los bolsillos de ciertas personas por comisiones o a cajas oscuras de partidos podría hacer que la obra civil costase menos y el dinero fuese a otras necesidades comunes, o bien a hacer mejor proyecto o con mayor cuidado medioambiental. Una obra civil se podría hacer mejor si no existiera ese dinero oscuro de comisiones o cajas negras. Los gobiernos deben velar por que esto no ocurra y es responsabilidad de todos los partidos políticos. La obra pública necesaria para el desarrollo de una economía real y ecológica no puede ser objeto de la especulación de personas o grupos.
De acuerdo con los datos que aparecen en la prensa diaria, las carreteras españolas han vivido el peor mes de julio de los últimos diez años, con 124 personas que dejaron la vida en ellas. Evidentemente puede haber defecto en los vehículos, pero muchas carreteras de España necesitan un mayor y mejor mantenimiento. Los esfuerzos de la DGT y de la Guardia Civil, con una actitud de gran generosidad, son enormes, pero los defectos estructurales de las carreteras son un factor contra el que no hay lucha posible. Necesitamos más y mejores carreteras, proyectadas y construidas de forma sostenible; y también bien mantenidas. Nuestra red viaria comunica y une, y debe ser construida con el mínimo impacto ambiental y en su diseño y construcción se deben incorporar medidas de lucha contra el cambio climático. El papel de la vegetación de la red de carreteras como sumideros de dióxido de carbono no está considerado y debería figurar en los pliegos de condiciones de los proyectos de construcción. En muchos países, los taludes y otras estructuras susceptibles de soportar vegetación constituyen hábitats para la protección de la biodiversidad. Las carreteras del siglo XXI, alejadas de tentaciones privatizadoras e injustos peajes, generan un flujo económico (construcción y mantenimiento), y permiten acciones positivas por el medio ambiente. La obra civil en España, realizada de forma sostenible y con respeto al medio ambiente, sin comisiones u otras formas oscuras de circulación de dinero, es hoy necesaria, ya que genera una economía distribuida que puede llegar a un elevado número de ciudadanos. Es la idea, desde el punto económico que John Maynard Keynes defendía: el Estado tiene la obligación de invertir en gasto público para reactivar la economía.