Millán declara que los ERE fueron un «monumental ninguneo»

El actual portavoz del Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha declarado este martes en el juicio que celebra la Audiencia Provincial contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que “los ERE fueron un monumental ninguneo al derecho administrativo y a la función público”, añadiendo que fueron “decisiones arbitrarias disponiendo de fondos públicos sin ton ni son”.

Millán ha declarado como testigo este martes en el juicio por la pieza política de los ERE a propuesta de la acusación particular del Partido Popular por su labor como funcionario de la Consejería de Empleo en la elaboración de expedientes de información reservada en marzo del año 2011 tras el análisis de unos 70 expedientes de ayudas sociolaborales, formando parte de un equipo de 21 empleados públicos llamados para ello por la Viceconsejería de Empleo, cuyo titular era entonces Justo Mañas.

El dirigente de la formación naranja actuó como secretario en la revisión de cuatro expedientes sociolaborales. El cometido de aquellos trabajos de análisis era “limitado y específico” siendo “únicamente” cotejar la coincidencia de los trabajadores incluido en el ERE de una empresa con los beneficiarios de la póliza de renta colectiva suscrita con una compañía de seguro y financiadas por la Junta. “Única y exclusivamente se nos pidió que buscáramos intrusos”, ha asegurado. Aquellos trabajos se llevaron a cabo después de que el caso ERE saltara a la prensa con los intrusos en el ERE de Mercasevilla y tras el inicio de la instrucción judicial.

Sin embargo, Millán creyó que lo “justo y oportuno era ir más allá y plasmar lo que consideraba conveniente” del análisis de los expedientes, “a la vista de lo que salía en prensa”. Según el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla la documentación que tuvieron a su disposición los funcionarios era “incompleta, limitada, dispersa y desordenada”. En algunos casos, incluso, “no era posible comprobar si los trabajadores estaban en el ERE de la empresa por falta de documentación”.

Ha recordado que aquellas dos semanas de “misión especial” fueron días de “ansiedad y con un sentimiento de sorpresa”, pues lo que veían era “increíble”. Millán, que ha admitido conocer un expediente administrativo y aquellos que conllevan una subvención económica, ha resaltado que los expedientes revisados “no tenían ni pies ni cabeza y no había forma de ponerlos en pie”.

A su juicio, el procedimiento administrativo legalmente establecido “ni se conoció ni se quiso conocer” en los expedientes de ayudas sociolaborales de la Consejería de Empleo, ya que, según ha subrayado, “no había absolutamente nada, ni solicitud, ni resolución de concesión, ni requerimientos, etc.”.

“Los ERE fueron un monumental ninguneo al derecho administrativo, eran decisiones arbitrarias disponiendo de fondos públicos sin ton ni son. Para un estudiante de derecho es un ejemplo de lo que nunca se debe hacer”, ha manifestado.

Sobre los expedientes revisados, ha señalado que en algunos casos no se pudo concretar la concordancia entre el ERE y la póliza porque no había constancia de los despedidos en el expediente de regulación de empleo. En otros casos, no pudieron comprobar datos de edad de los beneficiarios pues no tenían acceso a la vida laboral.

Para Millán es “cuanto menos sorprendente” que el protocolo de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y la Asociación de Trabajadores se hiciera antes del ERE de la empresa, algo “recurrente” en muchos expedientes de ayudas. El testigo, que ha indicado que tampoco se recogía en los expedientes la constitución jurídica de las asociaciones, ha señalado que en algunos casos se acordaban los beneficiarios incluso antes de que la empresa anunciara el ERE. “Todo apunta que se intentó vestir un muñeco, pero muy mal vestido”, ha añadido.

Millán fue secretario del informe sobre el expediente de González Byass, en el que le “llamó la atención” que el protocolo de colaboración recogiera que la Asociación de Trabajadores iba a solicitar una ayuda a la Junta pero “nada acreditaba la solicitud” de la misma. “Cualquier ciudadano con sentido común entiende que cualquier fondo público que sale tiene que estar soportado por una solicitud, una publicidad de las ayudas y con arreglo a derecho; y nada ocurrió aquí”, ha manifestado.

En el informe de este expediente, según ha explicado Millán, recogieron, entre otras cuestiones, que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, presente este martes en la sesión, formaba parte de González Byass desde la fecha de su nacimiento. “Entendimos que era un error, pero lo destacamos porque nos chocó”, ha apuntado.

No obstante, Millán, como ayer hiciera su compañera de trabajo en estas revisiones, ha señalado que no pudieron constatar que Fernández no firmara el boletín de adhesión a la póliza de renta colectiva para recibir las ayudas, porque, entre otros motivos, no venía recogido en la documentación que se incluía en el expediente.

Mientras en el ERE se incluía a 91 trabajadores, en la póliza de González Byass había 94, tres personas que presentaban discapacidad. “No parece compatible que una persona con incapacidad pueda recibir una ayuda a la prejubilación, aunque había que estudiar el caso”, ha matizado.

Sobre el expediente de la Faja Pirítica, Millán ha apuntado a beneficiarios que eran herederos de trabajadores de la empresa que presentó el ERE, personas que cobraban ayudas y seguían trabajando en otra empresa. El expediente de la Faja Pirítica era “un caos” y fue “una tarea titánica elaborar el informe”. Fue “una tortura” poner en orden este expediente. Otra irregularidad, por ejemplo, fue que en la póliza de Tharsis había 40 personas sin vinculación con el ERE.

De otro lado, Millán ha asegurado que “en ningún caso aparecía documentación sobre fiscalización de las ayudas”. “No vi nunca un expediente de gasto, ni que acreditara que se había dado ajustándose a la norma”. Igualmente, consta “órdenes a las bravas” del director general de Trabajo para las aseguradoras instando a pagar con dinero de una póliza a beneficiarios de otras, lo que se conoce como pagos cruzados.

Tampoco pudo ver “documentos acreditativos de los pagos”, por lo que Millán ha concluido insistiendo en que los ERE “han sido un hito de ninguneo a la Función Pública”, pues “no había ninguna sola resolución firmada por funcionarios de carrera de la Junta”.