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Actividades recreativas en la costa de Tarifa. / Txetxu Rubio
Una sanción de 567,64 euros en San Roque por la ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre (los famosos cien metros de playa, que desde la modificación de la ley en 2013 se han quedado en solo 20), así como el aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados y otra en Chipiona de 1.400 euros por la utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre (de paso para ir de un sitio a otro ) para los usos no permitidos por la Ley de Costas.
Son las multas más elevadas en el primer trimestre del año por incumplimientos de esta ley en la demarcación Atlántica Andaluza.
Las sanciones publicadas en el BOJA del lunes, día 24, son todas firmes. En el boletín oficial aparecen más datos de los sancionados, todos personas particulares salvo una empresa, y, salvo las dos sanciones más elevadas, castigados todos con multas de 150 euros por otros incumplimientos. En total, el Gobierno ha impuesto 40 multas por incumplimientos de esta ley que protege el litoral español.
El municipio que acumula más infracciones es el de Tarifa, con 21 multas, más de la mitad del total, todas por el artículo 90.2.i, que castiga estos usos no contemplados en la Ley de Costas, aunque no se especifica en el BOJA cuáles en concreto y en cada caso.
Otras localidades gaditanas donde hay sancionados por incumplimientos graves de la Ley de Costas son El Puerto de Santa María, Vejer de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Barbate, Sanlúcar de Barrameda y también La Línea de la Concepción.
Pesca
En otro orden de cosas, el BOJA del viernes publicó la convocatoria de las ayudas para la paralización de la actividad pesquera en el Mediterráneo para los años 2017 y 2018 en las modalidades de rastros o dragas mecanizadas. Esta convocatoria de subvenciones repartirá casi cuatro millones de euros en estos dos años. La financiación de estas ayudas correrá a cargo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (50 por ciento) y de la Junta de Andalucía (50 por ciento).