{—Después de años de pelea, usted ha tenido la oportunidad de acceder a los documentos sobre uno de los hechos que ha marcado la historia de nuestra autonomía. ¿Qué sintió?
—Fue un momento de mucha emoción. Es algo de lo que había oído hablar y uno de los primeros temas que heredé de los diputados de Izquierda Unida el Congreso. Ver todos los folios allí reunidos fue muy emocionante.
—¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que, primero el PCE y luego IU, hubieran reclamado el acceso a las actas?
—Pues yo diría que la pelea para conocer la verdad sobre el caso viene casi desde el primer momento porque Tomás García, el primer diputado del Partido Comunista por Málaga, fue uno de los primeros que impulsó la Comisión de Encuestas sobre el asesinato de Manuel José.
—¿Cómo es el making off de las consultas?
—La sala del archivo es una especie de pecera alrededor del lugar en el que trabajan todos los archiveros. Te despejan una mesa, te dan la documentación que puedes ver, pero siempre te están viendo. Siempre llevo el móvil porque tengo que estar pendiente de las votaciones en el Pleno. No puedo hacer fotos, pero sí tomar notas.
—¿Tiene límite horario?
—El límite son los horarios del archivo y a partir de ahí puedo ir cuando quiera. El cuerpo de archiveros me está dando todas las facilidades del mundo.
—Hay policías arrestados, expedientados y trasladados. ¿Ahí está la prueba definitiva que constata que la bala que mató a Manuel José era de un agente?
—La profesión de quien lo hizo está claro que es policía. De los 32 agentes que participaron en el dispositivo no todos fueron arrestados o expedientados. Los traslados eran práctica habitual, cuando no se quería que alguien quedara señalado por expediente o arresto se le trasladaba o se le daban vacaciones. Ahí queremos seguir indagando.
—¿Hubo organización en ese dispositivo? ¿Actuaron por su cuenta? o ¿hubo órdenes concretas?
—Lo que es más palpable y lo sabían el propio Ministerio de Gobernación, el gobernador civil y la Policía Armada, es que las fuerzas de seguridad estuvieron sobrepasadas. Actuaron, además, con una brutalidad injustificada.
—¿Qué cuentan los informes policiales?
—Hablan de falta de justificación, plantean que nadie da la orden. Resulta sorprendente que en una brigada de 32 hombres se dispare a la vez sin que haya una orden de por medio. Nadie asume haber dado la orden. En eso se basan para no señalar responsabilidades.
—¿Hay intereses todavía en que no se sepa la verdad de lo que pasó?
—Creo que sí. No estamos haciendo una investigación policial, nuestro trabajo se centra en saber qué paso y por qué no se supo la verdad. Se mantiene un interés importantísimo en que no se sepa qué ocurrió en la Transición, no sólo el 4D en Málaga. Hay una intención clara y contundente para que nada rompa el relato idílico de la Transición.
—Y esa intención hace 40 años sería mucho más acentuada aún.
—Tuvo que ser muy difícil. Una de las cosas que más sorprende, mirando las actas, y ésas son públicas, fue la del 23 de diciembre, cuando el pleno aprueba definitivamente la constitución de la Comisión de Encuestas, que se inicia el 13 de enero, y ese día la cosa acaba muy crispada entre los diputados. Todavía se estaban echando en cara cosas que habían pasado antes del 76. Eso marcó mucho la posición de algunos grupos y diputados. Pensaban que en una democracia tan reciente cualquier cosa podía romperlo todo. Eso se ha mantenido, esa necesidad de pacto de silencio se ha guardado.
—¿Había todavía miedo a unas fuerzas de seguridad todavía salpicadas de franquismo?
—Hay partidos políticos que se dan cuenta que la Transición se puede desbaratar y que la imagen de la Policía puede quedar en entredicho. En la sociedad de aquella época se habla de los desmanes de las fuerzas de seguridad. Uno de los cuerpos que todavía existían eran los somatenes, que se disuelve en el 78. Ellos mismos sabían que había que modificarlas, pero no estaban dispuestos a vincularlas con una demanda social. Eso ya es motivo suficiente para que no quisieran sacar esas actas. Hablamos del año 77 y se reconoce la brutalidad. En las recomendaciones que hace el ministerio advierte de los peligros que puede suponer sacar toda esta información a la luz. La Policía en aquel tiempo seguía teniendo prácticas preconstitucionales.
—Los informes denotan responsabilidades claras, pero luego las conclusiones son de lo más inmaculadas.
—El primer informe es del 14 de diciembre, los debates explican muchas cosas de esas conclusiones tan vacías, como la de la provocación de salir con la bandera andaluza, cuando en otras provincias se hizo. Fue un temblar las piernas, nadie quería enfrentarse a la Policía ni a Martín Villa.
—¿Había miedo a que si se conocía la verdadera causa de la muerte de Manuel José habría riesgo de levantamientos en la calle?
—Digan lo que digan no van a reconocer que hay responsabilidades políticas, que la Policía se extralimitó y hay una parte que no pueden controlar, la gente sale a la calle porque hay unos índices de pobreza brutales. Ahí es cuando meten la propuesta de que haya más inversiones en la provincia de Málaga.
—De la documentación que queda por consultar, ¿puede salir un nombre de quién disparó?
—Se me hace difícil saber qué personas concreta disparó. No queda claro dónde cae la bala. Hay mucha gente sometida a mucha presión y miedo en aquella época. No me sentiría capacitada. Para saber el nombre del que disparó habría que coger el sumario judicial y probablemente requeriría años. Lo que más nos importaba es por qué el interés en tapar en las actas y por qué se tapa a la Policía.
—40 años después de su muerte, las izquierdas parece que se pelean por monopolizar su memoria.
—Están tratando la cuestión del 4D y de García Caparrós como algo muy folclórico. No se trata de una carrera para ver ahora quién es más fan de Manuel José después de 40 años. Es una cuestión de justicia. No se han involucrado de una manera real. Teniendo el Gobierno de la Junta de Andalucía es absurdo abordar la cuestión a partir de un proposición no de ley. Sabemos que es una moción, que sabemos que se puede cumplir o no. Si estás en el Gobierno, si tienes una Ley de Memoria Democrática solvente, aunque no esté bien musculada económicamente, lo que tienes que hacer es ponerla en marcha.
—¿El PSOE ha puesto trabas en la Mesa del Congreso?
—No nos explicamos el papel de Micaela Navarro. Ha puesto la excusa de que podía crear un precedente peligroso. ¿Por qué es peligroso conocer 40 años después la verdad? Es una preocupación más por no salirse de la foto y no perder el tren de los fastos, pero sin un compromiso real.
—¿Se hace necesario un cambio de la Ley de Patrimonio para levantar el secreto a las actas?
—No es tanto una cuestión de la Ley de Patrimonio. La norma garantiza el anonimato de personas que no ocupan cargos públicos. Yo puedo entender que se proteja a gente común que no quieren que sean identificados. No modifiquemos la Ley de Patrimonio, pero no tapemos tampoco los nombres de personas que ocupan cargos públicos. Cincuenta años es una pasada de tiempo. ~
—Después de años de pelea, usted ha tenido la oportunidad de acceder a los documentos sobre uno de los hechos que ha marcado la historia de nuestra autonomía. ¿Qué sintió?
—Fue un momento de mucha emoción. Es algo de lo que había oído hablar y uno de los primeros temas que heredé de los diputados de Izquierda Unida el Congreso. Ver todos los folios allí reunidos fue muy emocionante.
—¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que, primero el PCE y luego IU, hubieran reclamado el acceso a las actas?
—Pues yo diría que la pelea para conocer la verdad sobre el caso viene casi desde el primer momento porque Tomás García, el primer diputado del Partido Comunista por Málaga, fue uno de los primeros que impulsó la Comisión de Encuestas sobre el asesinato de Manuel José.
—¿Cómo es el ‘making off’ de las consultas?
—La sala del archivo es una especie de pecera alrededor del lugar en el que trabajan todos los archiveros. Te despejan una mesa, te dan la documentación que puedes ver, pero siempre te están viendo. Siempre llevo el móvil porque tengo que estar pendiente de las votaciones en el Pleno. No puedo hacer fotos, pero sí tomar notas.
—¿Tiene límite horario?
—El límite son los horarios del archivo y a partir de ahí puedo ir cuando quiera. El cuerpo de archiveros me está dando todas las facilidades del mundo.
—Hay policías arrestados, expedientados y trasladados. ¿Ahí está la prueba definitiva que constata que la bala que mató a Manuel José era de un agente?
—La profesión de quien lo hizo está claro que es policía. De los 32 agentes que participaron en el dispositivo no todos fueron arrestados o expedientados. Los traslados eran práctica habitual, cuando no se quería que alguien quedara señalado por expediente o arresto se le trasladaba o se le daban vacaciones. Ahí queremos seguir indagando.
—¿Hubo organización en ese dispositivo? ¿Actuaron por su cuenta? o ¿hubo órdenes concretas?
—Lo que es más palpable y lo sabían el propio Ministerio de Gobernación, el gobernador civil y la Policía Armada, es que las fuerzas de seguridad estuvieron sobrepasadas. Actuaron, además, con una brutalidad injustificada.
—¿Qué cuentan los informes policiales?
—Hablan de falta de justificación, plantean que nadie da la orden. Resulta sorprendente que en una brigada de 32 hombres se dispare a la vez sin que haya una orden de por medio. Nadie asume haber dado la orden. En eso se basan para no señalar responsabilidades.
—¿Hay intereses todavía en que no se sepa la verdad de lo que pasó?
—Creo que sí. No estamos haciendo una investigación policial, nuestro trabajo se centra en saber qué paso y por qué no se supo la verdad. Se mantiene un interés importantísimo en que no se sepa qué ocurrió en la Transición, no sólo el 4D en Málaga. Hay una intención clara y contundente para que nada rompa el relato idílico de la Transición.
—Y esa intención hace 40 años sería mucho más acentuada aún.
—Tuvo que ser muy difícil. Una de las cosas que más sorprende, mirando las actas, y ésas son públicas, fue la del 23 de diciembre, cuando el pleno aprueba definitivamente la constitución de la Comisión de Encuestas, que se inicia el 13 de enero, y ese día la cosa acaba muy crispada entre los diputados. Todavía se estaban echando en cara cosas que habían pasado antes del 76. Eso marcó mucho la posición de algunos grupos y diputados. Pensaban que en una democracia tan reciente cualquier cosa podía romperlo todo. Eso se ha mantenido, esa necesidad de pacto de silencio se ha guardado.
—¿Había todavía miedo a unas fuerzas de seguridad todavía salpicadas de franquismo?
—Hay partidos políticos que se dan cuenta que la Transición se puede desbaratar y que la imagen de la Policía puede quedar en entredicho. En la sociedad de aquella época se habla de los desmanes de las fuerzas de seguridad. Uno de los cuerpos que todavía existían eran los somatenes, que se disuelve en el 78. Ellos mismos sabían que había que modificarlas, pero no estaban dispuestos a vincularlas con una demanda social. Eso ya es motivo suficiente para que no quisieran sacar esas actas. Hablamos del año 77 y se reconoce la brutalidad. En las recomendaciones que hace el ministerio advierte de los peligros que puede suponer sacar toda esta información a la luz. La Policía en aquel tiempo seguía teniendo prácticas preconstitucionales.
—Los informes denotan responsabilidades claras, pero luego las conclusiones son de lo más inmaculadas.
—El primer informe es del 14 de diciembre, los debates explican muchas cosas de esas conclusiones tan vacías, como la de la provocación de salir con la bandera andaluza, cuando en otras provincias se hizo. Fue un temblar las piernas, nadie quería enfrentarse a la Policía ni a Martín Villa.
—¿Había miedo a que si se conocía la verdadera causa de la muerte de Manuel José habría riesgo de levantamientos en la calle?
—Digan lo que digan no van a reconocer que hay responsabilidades políticas, que la Policía se extralimitó y hay una parte que no pueden controlar, la gente sale a la calle porque hay unos índices de pobreza brutales. Ahí es cuando meten la propuesta de que haya más inversiones en la provincia de Málaga.
—De la documentación que queda por consultar, ¿puede salir un nombre de quién disparó?
—Se me hace difícil saber qué personas concreta disparó. No queda claro dónde cae la bala. Hay mucha gente sometida a mucha presión y miedo en aquella época. No me sentiría capacitada. Para saber el nombre del que disparó habría que coger el sumario judicial y probablemente requeriría años. Lo que más nos importaba es por qué el interés en tapar en las actas y por qué se tapa a la Policía.
—40 años después de su muerte, las izquierdas parece que se pelean por monopolizar su memoria.
—Están tratando la cuestión del 4D y de García Caparrós como algo muy folclórico. No se trata de una carrera para ver ahora quién es más fan de Manuel José después de 40 años. Es una cuestión de justicia. No se han involucrado de una manera real. Teniendo el Gobierno de la Junta de Andalucía es absurdo abordar la cuestión a partir de un proposición no de ley. Sabemos que es una moción, que sabemos que se puede cumplir o no. Si estás en el Gobierno, si tienes una Ley de Memoria Democrática solvente, aunque no esté bien musculada económicamente, lo que tienes que hacer es ponerla en marcha.
—¿El PSOE ha puesto trabas en la Mesa del Congreso?
—No nos explicamos el papel de Micaela Navarro. Ha puesto la excusa de que podía crear un precedente peligroso. ¿Por qué es peligroso conocer 40 años después la verdad? Es una preocupación más por no salirse de la foto y no perder el tren de los fastos, pero sin un compromiso real.
—¿Se hace necesario un cambio de la Ley de Patrimonio para levantar el secreto a las actas?
—No es tanto una cuestión de la Ley de Patrimonio. La norma garantiza el anonimato de personas que no ocupan cargos públicos. Yo puedo entender que se proteja a gente común que no quieren que sean identificados. No modifiquemos la Ley de Patrimonio, pero no tapemos tampoco los nombres de personas que ocupan cargos públicos. Cincuenta años es una pasada de tiempo.
«NO PUEDE SER QUE MARTÍN VILLA TENGA UNA MEDALLA COMO GRAN DEMÓCRATA»
El trabajo de Eva Sempere con las actas del Congreso ha suscitado el debate sobre las responsabilidades políticas de algunos de los miembros de la Comisión de Encuestas (Investigación) que analizó la muerte de Manuel José García Caparrós. «Pedir responsabilidades políticas hay que hacerlo con mucho cuidado porque han pasado 40 años. Lo que sí entiendo es que esas responsabilidades hay que ponerlas sobre la mesa. No puede ser que el Congreso le entregue una medalla a Rodolfo Martín Villa (por entonces ministro de Gobernación), que puede estar involucrado en los sucesos de Málaga. Eso no es aceptable, ahí sí que hay responsabilidades políticas. No se le puede dar una medalla como gran demócrata».
Uno de los integrantes de la comisión fue el actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. «Es exigible que cuente lo que pasó», apunta Sempere. «A estas alturas la familia de Manuel José quiere saber por qué no se le informó. A lo mejor entenderían que la muerte de su hermano se tapó para evitar que el proceso hacia la democracia fracasara. Por qué nadie fue a visitarlas, sin darles explicaciones». Sempere denuncia que hay un gran vacío en sucesos que acontecieron entre los años 76 y 81. «Es un vacío que tiene nuestra legislación. Son víctimas del terrorismo, se les mató para generar horror».