La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reivindicó este jueves ante el pleno del Parlamento que ni ella ni el PSOE-A son «franquicia» de «nadie» y que siempre va a «defender» a Andalucía le «cueste lo que le cueste», de manera que al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez le reclamará lo mismo que pedía al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Lo podrá hacer el 23 de julio, fecha en la que será recibida por Sánchez en la Moncloa, después de los presidentes del País Vasco, Cataluña y Galicia –que aprobaron antes sus estatutos de autonomía–. Tras Díaz Sánchez recibirá, por el mismo orden, al resto de presidentes. En el asunto en el que el discurso de los socialistas andaluces menos ha aflojado es el la reforma de la financiación de las autonomías.
«Para eso» [defender Andalucía al coste político que sea] «hay que tener valor, credibilidad y liderazgo», sentenció Díaz, quien apuntó que ella tiene la «credibilidad de la coherencia» y el respaldo de los andaluces en las urnas para un proyecto «que pasa por la defensa de los intereses de esta tierra».
Díaz debatía con el presidente del PP-A, Juanma Moreno, quien cree que la llegada de Sánchez al Gobierno central con el apoyo de los «partidos independentistas» ha «liquidado» la legislatura en Andalucía porque el único proyecto político de la presidenta era la «confrontación» con el Ejecutivo del PP.
A su juicio, si hay otra «embestida» más como la de Sánchez con la financiación autonómica [no tiene tanta urgencia en reformarla como la presidenta andaluza], Díaz se verá «obligada a disolver» la Cámara y convocar elecciones autonómicas.
La presidenta aseguró entonces que ella tiene un proyecto político que se basa «en la defensa de los intereses de Andalucía para que la gente viva mejor, se cree empleo y se crezca económicamente, generando nuevos derechos». «A Sánchez», añadió, «le voy a pedir lo mismo que le pedía a Rajoy».
Díaz contrapuso que, en cambio, el PP-A y su presidente sí han sido durante estos años una «franquicia» del ya expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y, por eso, en ningún momento alzaron la voz en defensa de los intereses de esta comunidad.
Sin embargo, la líder socialista andaluza sostuvo que, en otras materias, se abre una «ventana de oportunidades» para Andalucía y ya hay «elementos que marcan un camino distinto» por parte del nuevo Ejecutivo español como el reciente anuncio, por parte del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, del fin del peaje de la autopista AP-4 (Sevilla-Cádiz) una vez concluya el año 2019.
Díaz «muchas veces» se ha preguntado en estos últimos años cómo era posible que un Gobierno «castigue y atropelle al territorio donde viven uno de cada cinco españoles» –Andalucía–. El Gobierno, cuando estaba en manos del PP, mantenía conflictos con la Junta en el modelo de financiación, las inversiones o la falta de plan especial de empleo, así como un litigio en torno a la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos.
Díaz anunció que seguirá reivindicando al Ejecutivo central un nivel de inversiones acorde con el Estatuto de Autonomía, así como la vuelta del tren a Granada y «sensibilidad» en materia de empleo, porque no eran «reivindicaciones partidistas».
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reivindicó este jueves ante el pleno del Parlamento que ni ella ni el PSOE-A son «franquicia» de «nadie» y que siempre va a «defender» a Andalucía le «cueste lo que le cueste», de manera que al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez le reclamará lo mismo que pedía al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Lo podrá hacer el 23 de julio, fecha en la que será recibida por Sánchez en la Moncloa, después de los presidentes del País Vasco, Cataluña y Galicia –que aprobaron antes sus estatutos de autonomía–. Tras Díaz Sánchez recibirá, por el mismo orden, al resto de presidentes. En el asunto en el que el discurso de los socialistas andaluces menos ha aflojado es el la reforma de la financiación de las autonomías.
«Para eso» [defender Andalucía al coste político que sea] «hay que tener valor, credibilidad y liderazgo», sentenció Díaz, quien apuntó que ella tiene la «credibilidad de la coherencia» y el respaldo de los andaluces en las urnas para un proyecto «que pasa por la defensa de los intereses de esta tierra».
Díaz debatía con el presidente del PP-A, Juanma Moreno, quien cree que la llegada de Sánchez al Gobierno central con el apoyo de los «partidos independentistas» ha «liquidado» la legislatura en Andalucía porque el único proyecto político de la presidenta era la «confrontación» con el Ejecutivo del PP.
A su juicio, si hay otra «embestida» más como la de Sánchez con la financiación autonómica [no tiene tanta urgencia en reformarla como la presidenta andaluza], Díaz se verá «obligada a disolver» la Cámara y convocar elecciones autonómicas.
La presidenta aseguró entonces que ella tiene un proyecto político que se basa «en la defensa de los intereses de Andalucía para que la gente viva mejor, se cree empleo y se crezca económicamente, generando nuevos derechos». «A Sánchez», añadió, «le voy a pedir lo mismo que le pedía a Rajoy».
Díaz contrapuso que, en cambio, el PP-A y su presidente sí han sido durante estos años una «franquicia» del ya expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y, por eso, en ningún momento alzaron la voz en defensa de los intereses de esta comunidad.
Sin embargo, la líder socialista andaluza sostuvo que, en otras materias, se abre una «ventana de oportunidades» para Andalucía y ya hay «elementos que marcan un camino distinto» por parte del nuevo Ejecutivo español como el reciente anuncio, por parte del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, del fin del peaje de la autopista AP-4 (Sevilla-Cádiz) una vez concluya el año 2019.
Díaz «muchas veces» se ha preguntado en estos últimos años cómo era posible que un Gobierno «castigue y atropelle al territorio donde viven uno de cada cinco españoles» –Andalucía–. El Gobierno, cuando estaba en manos del PP, mantenía conflictos con la Junta en el modelo de financiación, las inversiones o la falta de plan especial de empleo, así como un litigio en torno a la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos.
Díaz anunció que seguirá reivindicando al Ejecutivo central un nivel de inversiones acorde con el Estatuto de Autonomía, así como la vuelta del tren a Granada y «sensibilidad» en materia de empleo, porque no eran «reivindicaciones partidistas».