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Núñez archiva la ayuda al Obispado de Cádiz porque es una «víctima»

La jueza insiste en que «no se puede reclamar al ciudadano» por las irregularidades de la Junta

15 feb 2018 / 14:39 h - Actualizado: 15 feb 2018 / 14:44 h.
  • El obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballo Atienza, acudió a declarar como imputado el 25 de abril de 2017. / Jesús Barrera
    El obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballo Atienza, acudió a declarar como imputado el 25 de abril de 2017. / Jesús Barrera

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La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha archivado otras dos nuevas piezas de los ERE: la ayuda de 300.000 euros concedida a la Obispado de Cádiz y la otorgada a Azucareras de Jaén. La magistrada sostiene en el primer caso que «más que delincuentes podría considerarse víctimas o perjudicados» por la actuación de la Junta y sostiene que el obispo emérito, Antonio Ceballo Atienza, solicitó una ayuda que consideraba «justa». Una idea que la magistrada ya ha expuesto en autos anteriores, en los que ha rechazado imputar a beneficiarios de las subvenciones y solo a quienes la otorgaron.

De esta forma, la magistrada acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la pieza separada abierta por la ayuda sociolaboral de 300.000 euros que la Junta de Andalucía concedió en el año 2009 al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz, pieza en la que estaba imputado Ceballos, ya que «no existe el más mínimo indicio de responsabilidad penal que justifique mantener la investigación abierta» sobre este último «ni sobre cualquier otra persona del Obispado o Consejo Económico».

«Los ciudadanos, en la gestión y solicitud de las ayudas públicas, se limitan a seguir el procedimiento que fijan las administraciones», dice la jueza, para la que «no cabe la menor duda de que la ayuda se solicita porque se considera justa y adecuada, con una finalidad lícita, sostener 50 puestos de trabajo, dar recursos económicos a 50 familias durante el ERTE y hasta que se reanude la actividad del geriátrico». «Tampoco cabe la menor duda de que se destinan las ayudas a la finalidad para la cual se solicitan, siendo los efectivos y reales beneficiarios de las mismas los 50 trabajadores, y no el Obispado», añade.

En su declaración, el 25 de abril de 2017, el obispo aseguró que estaba preocupado por los trabajadores porque, «como cristiano, siento debilidad por los pobres, enfermos y parados», unos trabajadores a quienes el Obispado «se había comprometido a pagar mientras duraban las obras del edificio y se iniciaba la actividad por la nueva entidad que asumía la gestión del geriátrico», por lo que se solicitó y recibió una ayuda de la Junta, algo que el obispo agradeció porque «se salvan 50 puestos de trabajo que iban a la deriva».

Núñez reflexiona «sobre la responsabilidad penal del ciudadano» que se ajusta «en su actuar, a lo que marca o señalan las administraciones». «No es el ciudadano el que decide qué documentación presentar o qué procedimiento seguir para solicitar una beca, una subvención o cualquier otra ayuda pública, es la administración», de forma que «si la administración actúa de forma irregular, de ello no se puede responsabilizar al ciudadano, y menos penalmente por delitos de prevaricación y malversación», salvo que actúe «en connivencia con el concedente para obtener una ayuda a la que no tiene derecho y mediante una resolución injustificada, arbitraria y prevaricadora». Algo que en este caso no está acreditado. «Se podría calificar a la gestión y tramitación que se llevaba en la Dirección General de Trabajo, siendo director general Francisco Javier Guerrero, como caótica por el desorden en la tramitación de los expedientes».

Por estos mismos, la jueza archiva también la pieza por las ayudas a Azucareras Reunidas de Jaén, después de que la Audiencia le obligara a reabrirla tras un primer archivo.

La Junta «solo» pagó la defensa de un ex alto cargo

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, afirmó hoy que «la única defensa que se ha pagado con motivo del caso de los ERE fue en el 2012», en alusión a la del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera, y garantizó que «desde entonces no se ha abonado ninguna cantidad por este concepto».

Durante la sesión de control al Gobierno andaluz en la Cámara autonómica, y al ser interpelada por el diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico sobre el gasto que hace la Junta en las defensas de e xaltos cargos imputados en el caso de los ERE, Montero dijo que el Ejecutivo andaluz «respeta toda la legislación» y que tienen derecho a que la Junta le defienda «las autoridades y los empleados públicos que sean absueltos e imputados en el ejercicio de sus funciones». La titular del ramo ha acusado al PP-A de «querer seguir en el fango» con un asunto que está en los tribunales, e insistió en que las personas que pueden estar sometidas al abono de sus defensas «están protegidas por la Ley de Protección de Datos» y, por tanto, no se puede informar. «Hay que dejar que sea los jueces los que se pronuncien», agregó.

De su lado, Torrico afeó a Montero que no informe de «dónde va a parar el dinero que pagan los andaluces con sus impuestos» y le replicó que si es legal el pago de sus defensas, «qué miedo tiene» de informar del importe porque esto «no rompe ninguna protección de datos». «No contesta porque no quiere que los andaluces lo sepan».


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