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La interventora Lobo durante su declaración como testigo. / José Manuel Vidal (Efe)
La interventora Rosario Lobo, testigo en el caso de los ERE irregulares que ha sentado en el banquillo de los acusados a los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, vio en los expedientes administrativos para conceder las ayudas investigadas «irregularidades administrativas» y que se daban «sin fiscalización previa», pero no pudo detectar menoscabo de fondos públicos porque la documentación no incluía el expediente de gasto.
Lobo testificó este miércoles en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación durante una década en la que la Junta repartió 850 millones en ayudas de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.
Las ayudas las concedía la dirección general de Trabajo pero las pagaba la agencia pública IDEA con fondos que Empleo le enviaba, según las acusaciones, para evitar la fiscalización previa a la que se somete toda ayuda pagada por un órgano de la Junta. Lobo fue jefa del servicio de fiscalización de la Intervención de 2000 a 2012.
Por otra parte, este miércoles terminó de declarar una de las testigos más importantes, María José Rofa, asesora de la dirección general de Trabajo entre julio de 2008 y marzo de 2011, quien señaló que los expresidentes Chaves y Griñán tenían «flujo y circuito de información continua» sobre las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares dadas por la Consejería de Empleo, lo que completa su declaración del martes en el sentido de que estaban al tanto de la concesión de las ayudas irregulares.