El Gobierno ha aprobado la licitación de los contratos de conservación y explotación de las autopistas AP-7 y AP-4, que pasarán a ser gestionadas por el Estado a partir del 1 de enero de 2020 y en las que se eliminará el peaje, según ha anunciado este viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá.
Celaá ha declarado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "nadie saldrá perjudicado de esta operación" porque el Gobierno prevé la subrogación de los trabajadores.
En el caso de la AP-7, el Ejecutivo ha autorizado cuatro contratos de servicios para operaciones de conservación y explotación entre Salou (Tarragona) y Alicante.
Celaá ha comentado que estos contratos, que afectan a cuatro tramos situados en Tarragona, Castellón, Valencia y Alicante tienen un valor total de 129 millones de euros.
El tramo situado en Castellón es el de mayor valor, con 36,71 millones de euros estimados, seguido del de Alicante (33,88 millones), Tarragona (29,83 millones) y Valencia (28,75 millones), según datos de Fomento.
Algunos de los contratos de servicios para la conservación y explotación tendrán como objetivo la comunicación, la vigilancia o el mantenimiento de las instalaciones de suministro de energía eléctrica.
En cuanto a la AP-4, situada entre Sevilla y Cádiz, la portavoz del Gobierno ha señalado que solo hay un sector afectado en Sevilla cuyo contrato tiene un valor estimado de 24 millones de euros.
En este contexto, el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha declarado que este contrato es "un paso decisivo" para la eliminación del peaje, previsto para el próximo 31 de diciembre.
Fernández ha explicado que la supresión del peaje tendrá una incidencia directa sobre el desarrollo económico de la zona porque permitirá la libre circulación por una vía de comunicación "estratégica".