Podemos libra a Chaves y Griñán de responsabilidad política en el fraude de la formación

El rechazo de la formación a votar un dictamen que exculpa a Susana Díaz impide que el Parlamento concluya año y medio de investigación apuntando a los autores de las irregularidades

29 mar 2017 / 17:59 h - Actualizado: 29 mar 2017 / 18:39 h.
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  • Los ex presidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves. / Efe
    Los ex presidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves. / Efe

De nuevo una comisión de investigación sobre el descontrol en el reparto de ayudas públicas, en este caso destinadas a la formación para desempleados, concluye tras año y medio sin que el Parlamento andaluz dirima responsabilidades políticos. Después de que el PSOE forzara una votación separada en dos partes del dictamen elaborado por el presidente de la comisión, el diputado de Cs Julio Díaz, (algo que en la de los ERE no se permitió), la parte en la que se señala como responsables políticos de las irregularidades en la gestión de 3.000 millones de euros destinados a formación para el empleo entre 2000 y 2012 a los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a sus responsables de Empleo no ha salido adelante ya que Podemos ha rechazado votar para no participar en una “burla” acordada por PSOE y Cs que exculpa a la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien paralizó los cursos de formación durante cinco años al estallar la investigación judicial. Con los votos de PSOE y Cs sí se ha aprobado el preámbulo del dictamen que recoge un relato de la gestión de los fondos de formación sin apuntar a irregularidades ni a responsabilidades políticas por éstas, una parte que según denunció IU el presidente de la comisión “plagió” de documentos técnicos de una fundación vinculada a Cs.

Como ya ocurrió con la comisión de investigación de los ERE, el rechazo de unos (PSOE) a señalar responsabilidades políticas al defender que no hubo fraude ni menoscabo de fondos públicos “como han dejado claro los tribunales” al ir archivando las causas abiertas, y las posiciones de máximos de otros, en este caso Podemos, al negarse a exculpar al actual gobierno de Susana Díaz, ha impedido que la Cámara andaluza apruebe un dictamen en el que se depuren responsabilidades políticas por la gestión de dinero público. El PP también rechaza no extender dichas responsabilidades a la actual presidenta y a los consejeros de Empleo y Hacienda actuales que paralizaron las ayudas, algo que Cs se negó a incluir, pero “por coherencia” ha votado “al menos” la responsabilidad de Chaves y Griñán y sus gobiernos.

La votación por partes fue tan caótica que tres diputados de IU, que mantenía las mismas tesis de Podemos e IU pese a lo cual pretendía votar a favor de la parte del dictamen que apunta a los expresidentes, no ejercieron su derecho al voto al no aclarse sobre qué parte se estaba votando, así como la exparlamentaria de CS Carmen Prieto que se estrenaba en el grupo de no adscritos. La diputada de IU Elena Cortés pidió al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, repetir la votación, pero éste se negó.

Así, la parte del dictamen que señala las responsabilidades políticas de Chaves y Griñán fue rechazada gracias a los 47 votos del PSOE y el de un diputado del PP que se equivocó mientras que sólo votaron a favor 32 del PP, los ocho con los que se ha quedado Cs tras la expulsión de Prieto y dos de IU, el vocal de la Mesa José Antonio Castro y la propia Elena Cortés.

La segunda parte del dictamen, que introduce un relato sobre la gestión de las ayudas donde se reconoce que había un procedimiento legal para su concesión y que no hubo fraude ni menoscabo de fondos públicos, fue aprobada con los 55 votos de PSOE y Cs y rechazada por el PP, IU y la exparlamentaria de Cs ahora en el grupo de no adscritos. Podemos igualmente no votó.

El dictamen del Parlamento tras año y medio de comisión de investigación por la que han pasado 66 comparecientes, entre ellos Chaves, Griñán y Díaz, queda reducido a esa parte que se publicará junto a los votos particulares de PP, IU y Podemos aunque sin que éstos formen parte del pronunciamiento del Parlamento. La segunda comisión de investigación de la democracia en la Cámara andaluza vuelve a concluir en fracaso por el desacuerdo de las formaciones para establecer unas conclusiones de lo que pasó con 3.000 millones de euros en ayudas públicas para la formación a parados que llevaron a que desde 2012 no se impartan cursos para desempleados en la comunidad y sólo ahora se intente retomar.