Los votos en contra de PP y Podemos han tumbado el decreto ley presentado por el gobierno andaluz para modificar dos artículos de la Ley de Ordenación de la Función Pública para, entre otra medidas, posibilitar que los funcionarios fijos e interinos tuvieran la misma puntuación por la experiencia adquirida en sus puestos de trabajo en los concursos de méritos. Tras el debate iniciado por la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, y las respuestas de los portavoces del resto de grupos, se llevó a cabo una votación para convalidar dicho decreto ley. En una primera ronda se produjo un empate: 47 votos favorables (PSOE), 14 abstenciones (Ciudadanos e IU) y 47 noes (PP y Podemos). Aunque estas dos fuerzas suman 48 escaños, hubo un problema técnico con el voto de Juan Ignacio Moreno Yagüe. Tras el empate, el presidente del Parlamento ordenó una segunda ronda en la que esta vez el sí sumo 46 votos (ya que en este caso también se produjo una incidencia con el voto de un parlamentario socialista) y el resto de opciones se mantuvo igual por lo que la convalidación quedó rechazada.

Una vez resuelto el primer orden del día del pleno, los diferentes grupos parlamentarios valoraron el resultado de muy distinta forma. El PSOE denunció a través de su portavoz Mario Jiménez que “la pinza de PP y Podemos” dio la espalda a 23.000 funcionarios que estaban a la espera de un concurso de traslado desde hace cuatro años. Jiménez incluso aseguró que en las conversaciones que había mantenido con los distintos grupos se le informó de un sentido de voto que luego no se cumplió en el Pleno. Así apuntó que manejaba la información de que IU votaría a favor de la convalidación. El dirigente socialista llegó a definir de “mancomunidad” la confluencia de intereses de PP y Podemos, “una alianza antinatura entre la derecha y la izquierda más radical con el único fin de castigar al Gobierno.

Tanto PP como Podemos defendieron su no como respuesta a un decreto ley “falto de seguridad jurídica”, según el PP y que provocaría, según Podemos, “un nuevo aluvión de demandas en los tribunales”. La diputada de la formación morada, Begoña Gutiérrez, puso en duda la necesidad de tramitar esta ley a través de un decreto ley, mientras que desde el PP Pablo Venzal tendió la mano para consensuar un proyecto de ley con todas las fuerzas políticas. Los representantes de ambos partidos desmintieron tajantemente las acusaciones de formar “una pinza” vertidas por el PSOE y desvincularon el sentido de su voto de la polémica suscitada en la Mesa del Parlamento tras el veto a las proposiciones de ley de sus partidos. Por su parte, Elena Cortés, diputada de IU, desmintió que su voto cambiase a última hora y pidió un “poco más de cintura y asumir sus propias responsabilidades a los socialistas”, a los que reprochó que “estaban escupiendo para arriba”.