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Pantano del Gergal, en Guillena. / Paco Cazalla
{El 91,43 por ciento de los municipios de la provincia de Sevilla gestionan el servicio urbano de agua mediante una forma de gestión pública, frente a un 7,62 por ciento de gestión privada y un 0,95 por ciento de gestión mixta. Desde 2010 el número de municipios gestionados por la empresa privada ha pasado de 17 a 8 y el número de municipios gestionados por una empresa mixta se ha reducido de 14 a 1.
En la provincia de Córdoba la situación es similar, donde ya sólo quedan 6 municipios gestionados por una empresa privada ya sea en su fórmula gestión cien por cien privada o mixta. Esta «marea desprivatizadora», como la denominan muchos expertos en materia de gestión del agua, que es a veces silenciosa, y que está teniendo lugar en Andalucía se está replicando en muchos municipios de toda España. El último en culminar el proceso ha sido el de la ciudad de Valladolid donde esta semana la nueva Entidad Pública del Agua creada por el ayuntamiento eligió gerente y presentó la subrogación de 171 trabajadores de la antigua empresa privada,
Algunas organizaciones como la Red Agua Pública (RAP) o la Asociación Española de Operadores públicos de abastecimiento y saneamiento (AEOPAS) han apoyado e impulsado estos procesos de remunicipalización evidenciando su sostenibilidad económica, social y medioambiental, y poniendo en valor, además, que muchos de ellos son fruto de la presión ciudadana y la progresiva asunción de la gestión pública por parte de los gobiernos municipales.
En el Encuentro de las ciudades por el agua pública organizado por la RAP y el Ayuntamiento de Madrid en noviembre de 2016, que estuvo protagonizado por alcaldes y alcaldesas de algunas de las principales ciudades de España, se hizo una declaración pública en la que los primeros ediles y alcaldesas que asistieron aseguraban que iban a defender el agua como bien común y bien público, y abogaban también por la creación de un modelo de gestión de los servicios del ciclo urbano del agua inspirado en el Pacto Social por el Agua, basado en los criterios definitorios del derecho humano al agua y el saneamiento, que incluyen la disponibilidad, calidad, accesibilidad, asequibilidad, no discriminación acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y participación de la ciudadanía.
Según Luis Babiano, gerente de Aeopas, en los últimos 15 años, se han registrado al menos 235 casos de remunicipalización del agua en 37 países, tanto en el Norte como en el Sur global. Entre las principales ciudades que han remunicipalizado sus servicios están Atlanta (EEUU), Berlín (Alemania), Buenos Aires (Argentina), Budapest (Hungría), Kuala Lumpur (Malasia), Yakarta (Indonesia), Rabat (Marruecos), La Paz (Bolivia), y París y Montpellier (Francia). Según el gerente de AEOPAS, «los factores que han provocado este fenómeno han sido la baja inversión de las compañías privadas, incumplimientos contractuales, incrementos desproporcionados del precio, recortes de plantilla, mala calidad de los servicios y una gestión opaca situando a los servicios privatizados al margen de los mecanismos de control democrático».
Por eso no se explica que el Partido Popular quiera desactivar la remunicipalización de los servicios por completo y por la «puerta de atrás» a través del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, como han señalado varios expertos que se pronuncian a favor de la remunicipalización del agua pública, consultados por Ecoperiodismo. Los presupuestos generales del Estado, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, recogen una disposición adicional –la vigésima séptima-, mediante la cual se establece que, en caso de que algún servicio público local se esté gestionando a través de una empresa privada, y se decida su remunicipalización para prestarlo directamente por el propio Ayuntamiento o Entidad pública, las personas que presten ese servicio en la empresa privada no podrán integrarse, ni siquiera temporalmente, como empleados públicos del Ayuntamiento.
Según Eulalio Ávila Cano, ex Presidente del Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local (Cosital)-, tal como está redactada la disposición, si se aplica atendiendo exclusivamente a la literalidad de la Ley de Prepuestos, «tampoco los Ayuntamientos podrán seleccionar su propio personal para que cuando se asuma directamente el servicio sea prestado por las personas que previamente hayan sido seleccionadas en base a procesos selectivos realizados con arreglo a esos principios de mérito y capacidad. Y ello porque la citada disposición adicional del Proyecto de Presupuestos establece que esos puestos que se creen computan respecto de la tasa de reposición de efectivos. Es decir que no se podrán crear nuevos puestos de trabajo, pues sólo se pueden cubrir los que queden vacantes por jubilaciones u otros motivos».
Gonzalo Marín, de la Red Agua Pública, cuestiona los motivos de esta enmienda ya que anteponen los derechos de los municipios y los trabajadores a los intereses económicos de un reducido número de grandes corporaciones cuyo origen es la construcción. Sostiene Marín, que la medida tiene importantes repercusiones económicas, ya que las remunicipalizaciones han supuesto un ahorro en muchas ciudades españolas. Cita como ejemplo la ciudad de León, regida por el mismo partido que sustenta al actual Gobierno central, donde la remunicipalización de los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y limpieza de edificios y locales, supuso un ahorro de más de 7 millones de euros a las arcas públicas.
Mañana se vota la denominada Disposición adicional 27 y de desde la Red Agua Pública aseguran que tanto el PSOE, Unidos-Podemos, Compromis, Esquerra Republicana, PaD Cat y Bildu se opondrán a la disposición, mientras que la apoyará el bloque conservador integrado por el PP, Ciudadanos, Nueva Canarias, y el PNV, junto con Coalición Canaria y la UPN.
Si se consuma la aprobación de la disposición adicional 27, en España será prácticamente imposible remunicipalizar servicios: no sólo no se podrá integrar al personal procedente de la empresa concesionaria que prestaba el servicio, sino que tampoco los ayuntamientos podrán crear los puestos de trabajo necesarios para prestar el mismo. Es decir, mientras no se modifique esta normativa, si se aplica atendiendo a su literalidad, si un servicio, por la razón que sea, fue externalizado en su día, tendrá que seguir siendo prestado por la iniciativa privada en el futuro. El resultado: servicios públicos privatizados para siempre.