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Colectivos de profesionales y plataformas ciudadanas llevan años movilizándose en defensa de la sanidad pública y alertando de su deterioro. /El Correo
A la presidenta de la Junta, Susana Díaz –y por extensión a todo su Gobierno– le gusta hablar de la sanidad pública andaluza como «la joya de la corona». Una expresión que se ha convertido en un mantra casi tan repetido como las denuncias de sindicatos y pacientes por el cierre de camas en verano –oficialmente en reserva– o el colapso de las urgencias cuando la gripe hace estragos –pese a los planes de alta frecuentación–.
La crisis –o más bien las decisiones políticas de los Gobiernos central y autonómico para afrontarla– frenó obras de nuevos hospitales y centros de salud comprometidos; bajó el sueldo de los profesionales sanitarios; les alargó la jornada y con ello redujo las contrataciones o las precarizó (hasta hacerlas por meses y al 33 por ciento); o impidió cubrir las jubilaciones y vacantes sin que la demanda asistencia no sólo no se redujera sino que creciera por el envejecimiento de la población y el aumento de los pacientes crónicos y pluripatológicos. Un caldo de cultivo para plantearse si la «joya de la corona» pierde lustre.
En una comunidad con casi 8,5 millones de habitantes –pacientes potenciales en su totalidad–, más de 1.500 centros de salud repartidos por las ocho provincias y 49 hospitales públicos (en unos meses serán 51 con la apertura de los de Ronda y La Línea), la política sanitaria se lleva casi tres de cada cien euros del presupuesto autonómico (9.304 millones para 2017).
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) es la mayor empresa pública de la comunidad en volumen de trabajadores, con más de 95.000 profesionales sanitarios y como tal tiene un elevado peso en el capítulo presupuestario destinado a personal. De los 449 millones más que habrá el año que viene para Sanidad, 97 son para personal, ya que los profesionales sanitarios están recuperando ahora derechos laborales perdidos por los ajustes impuestos por el Estado en 2012 y la Junta ha vuelto a convocar oposiciones, tras años de vacío (cuando hace cuatro años se restringieron por orden del Gobierno, la Junta llevaba desde 2007 sin sacar oferta pública de empleo en el SAS).
Siete de cada diez andaluces, según el último barómetro del Ministerio de Sanidad, califican de «bueno o muy bueno» el funcionamiento de la sanidad pública andaluza –hay por tanto tres de cada diez descontentos–. Y tanto la atención como el trato o la información que médicos y enfermeros ofrecen a los pacientes en Atención Primaria, consultas externas y hospitales merecen de éstos una nota media de notable en todos los casos.
Pero esos mismos andaluces, y los profesionales tan bien valorados, salieron el pasado fin de semana a la calle para protestar contra las fusiones hospitalarias en Huelva y Granada –tan masiva que el consejero, Aquilino Alonso, se reunirá el jueves con el doctor Jesús Candel alias Spiriman que las impulsa– o para exigir un tercer hospital en Málaga. Y junto a esas reivindicaciones concretas, había consignas comunes en «defensa de la sanidad pública» y «contra los recortes» que no son nuevas sino se llevan repitiendo en los últimos años. Consignas que hoy azuzan los grupos de la oposición en Andalucía contra el Gobierno socialista pero que éste también ha usado contra el Ejecutivo central del PP cuando obligó a las comunidades a imponer a los profesionales la jornada laboral de 37,5 horas semanales, les suprimió la paga extra y les recortó el sueldo, limitó la tasa de reposición de las jubilaciones y vacantes o impuso el copago farmacéutico para los pensionistas con un tope que la Junta evitó cargar sobre las espaldas de los jubilados adelantando el dinero.
La Junta de Andalucía admite haber ajustado en infraestructuras, paralizando los centros programados para primar la asistencia. Pero defiende que los recortes que han padecido sobre todo los profesionales sanitarios han venido impuestos por el Gobierno central y que en la comunidad se han paliado sus efectos, por ejemplo, manteniendo al personal eventual a menor jornada para no tener que prescindir de ellos. Sin embargo, sindicatos y colectivos profesionales contraatacan recordando los años sin oferta pública de empleo o el que el índice actual de temporalidad en el SAS –con 17.000 eventuales– no aparece en cuatro años sino que viene de lejos. El colectivo se ha organizado para reclamar en los tribunales la condición de indefinidos tras años concatenando contratos temporales y ya hay sentencias que les dan la razón. Antes de los ajustes de 2012, incluso los MIR protagonizaron una huelga histórica de mes y medio en la que denunciaban que, lejos de ser profesionales en formación, se habían convertido en mano de obra barata para sostener el sistema. Y son históricas reclamaciones de plataformas ciudadanas como la de un médico de urgencias de 24 horas en la Sierra Sur de Sevilla.
Desde el Gobierno admiten que son los profesionales los que han padecido sobre sus espaldas los recortes de la crisis y entienden que ello es un caldo de cultivo para las mareas blancas. Pero denuncian el aprovechamiento político que sus rivales, sobre todo el PP, hace de ello. La presidenta Díaz acusa a los populares de buscar deteriorar la imagen de la sanidad pública para beneficiar a la privada. El PP denuncia que es la Junta la que aumenta un 10 por ciento el gasto en conciertos y que desde 2012 hay 100.000 andaluces más que se han hecho un seguro privado. La patronal del sector habla de 1,3 millones de andaluces con doble cobertura (entre ellos los funcionarios y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tienen mutuas específicas), de que se mantienen los mismos conciertos (cuatro hospitales de forma total y otros 12 que realizan pruebas para el SAS), de que el gasto en éstos ha bajado un 0,36 por ciento y de que sólo el 4 por ciento de los pacientes que ven son derivados del SAS.
La sanidad pública es usada y valorada mayoritariamente por los andaluces. Por ello cualquier retroceso en su oferta de servicios o en la calidad asistencial encienda todas las alertas. La propia Junta es consciente de su vulnerabilidad y ha aprobado una ley para blindar su sostenibilidad.