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Un equipo de cirujanos en el Hospital Virgen del Rocío. / El Correo -
Protesta multitudinaria en Granada en contra de la fusión hospitalaria en la ciudad. / El Correo
Garantía de acceso universal y equitativo a una sanidad de calidad. El principio desde el que se fundamenta el Servicio Nacional de Salud se ha mantenido intacto a lo largo de las últimas décadas, aunque con el paso de los años su eficacia y validez ha sido puesto en cuestión. El debate sobre el funcionamiento de la sanidad pública en Andalucía es cuestión nuclear en la trifulca política. La Junta saca pecho ante el funcionamiento de un Sistema Andaluz de Salud (SAS), considerado como uno de los tesoros más preciados del ciclo histórico autonómico que vive la comunidad desde finales del siglo XX. El resto de partidos pone el acento en las carencias de un sistema que «sobrevive sólo gracias al esfuerzo de los profesionales» y que se caracteriza por la falta de camas, los recortes y las listas de espera. Frente a estos planteamientos, el Gobierno andaluz esgrime los últimos datos del Barómetro Sanitario 2015, presentado a mediados de este año, y que cifraba el nivel medio de satisfacción con el SAS en 6,28 puntos en una escala del 1 al 10.
Pese a estos índices, el mismo estudio preguntaba a los ciudadanos por la evolución del sistema en los últimos cinco años y lo cierto es que tanto en el caso de los andaluces alrededor del 45 por ciento responde que sigue igual, más de los que dicen que ha empeorado aunque éstos superan a los que ven mejoras. Sólo en el caso de las urgencias hospitalarias se invierten las cifras y son más los que ven un empeoramiento (42,4 por ciento de andaluces) que los que creen que están igual (31,7).
El debate se ha trasladado de los foros políticos a la calle. Las polémicas fusiones hospitalarias que se ha puesto en marcha en Granada, se proyecta en Huelva y algunas deficiencias en el servicio que se han puesto de manifiesto en Málaga han llevado la sanidad a primer plano. Por otro lado, en paralelo, se desliza otro debate: en el mismo Barómetro Sanitario, publicado por el ministerio, un 23,4 por ciento de los andaluces consideraba que «existe mucho abuso» en el uso que hacen los ciudadanos de la sanidad pública y un 41, 1 por ciento reconocía que «con cierta frecuencia» se acude al sistema «innecesariamente». En este sentido, el Colegio de Médicos de Sevilla ya ha considerado en más de una ocasión la necesidad de que Andalucía cuente con una Ley de Derechos y Obligaciones de los usuarios de la sanidad pública que garantice el buen uso de los servicios. Un sistema sólido, con algunas grietas y unos usuarios que admiten que en ocasiones se abusa de él, el retrato apresurado del SAS podría contar con estas tres pinceladas.
Recortes o no recortes, he ahí la cuestión. La Junta de Andalucía insiste en que «su joya de la corona» no ha sufrido restricciones económicas en los años más duros de la crisis. Llegó incluso a aprobar una ley de garantías del sistema ante los riesgos de sostenibilidad en la rescisión económica. CCOO presentó en 2015 un informe que calculaba que desde 2009 el presupuesto sanitario en Andalucía ha perdido 1.499 millones y la inversión sanitaria por habitante había pasado de 1.147 euros a situarse por debajo de mil euros, en ambos casos una caída superior a la media. Para 2017, el presupuesto crecerá un 5,5 por ciento hasta los 9.300 millones y contempla un aumento de la inversión (28,8%) para infraestructuras y equipamiento y 140 millones para los tratamientos innovadores de Hepatitis C no financiados por el Estado.
La Asociación del Defensor del Paciente señala en su Memoria de 2015 que Andalucía es la comunidad con el menor gasto sanitario por habitante o que Sevilla es la ciudad con menos camas hospitalarias de Europa. Calcula que 90.000 andaluces están pendientes de pasar por las manos del cirujano, con una dilación media de 100 días. Cirugía torácica, maxilofacial, traumatología y oftalmología son las patologías que presentan mayor número de enfermos. La conclusión del informe es que «la falta de personal y camas dispara las listas de espera y desanima a sus trabajadores sanitarios».
Desde los sindicatos de profesionales se puso la voz de alarma ante la grave situación que vivieron los hospitales andaluces durante el pasado verano. De tal forma, se denunció que alrededor de 700 camas se cerraron en la provincia de Sevilla y hubo colapsos en las Urgencias durante el mes de julio. El Sindicato de Enfermería (Satse) aseguró que se llegaron a producir hasta 48 horas de espera para los ingresos en el Hospital de Valme.
Frente a estos argumentos, la Junta recuerda que la contratación pública ha estado condicionada por el límite a la tasa de reposición impuesto por el Gobierno de Rajoy y los objetivos de déficit. El SAS defiende que en Andalucía se mantuvo el empleo mediante la fórmula de recortar la jornada al personal eventual y temporal. 13.000 profesionales tenían contratos al 75 por ciento de la jornada. Tras su triunfo electoral, Susana Díaz cumplió su compromiso de reponer la contratación a 100 por cien y a no hacer más contratos al 75 por ciento. Estos argumentos no convencen a la oposición. El PP-A cifra en 1.100 millones los recortes en Sanidad desde que Díaz asumió la presidencia de la Junta en 2013 y que los hospitales públicos han perdido 1.400 camas desde esa fecha. «Todos los veranos con la misma canción, si no fuera un tema tan serio le diría que parece el Georgie Dann de la política», le replicó la presidenta a Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de los populares andaluces en una intervención parlamentaria a finales del mes de julio.
En cuanto a la listas de espera, el SAS informó a mediados del pasado septiembre que los andaluces esperan una media de entre 46 y 59 días para operarse en procedimientos para cirugías con tiempos máximos garantizados de 120 o 180 días. Desde 2002, Andalucía garantiza un tiempo máximo de 180 días para más de 700 procedimientos quirúrgicos; y desde 2006 garantiza un máximo de 120 días para los 71 procedimientos quirúrgicos más frecuentes. Andalucía fue la primera comunidad autónoma en establecer este sistema de garantías y la que más procedimientos quirúrgicos incluye.
Por provincias, la espera media quirúrgica es especialmente alta en Málaga (67 días), Granada (64) y Huelva (62) mientras que Sevilla se sitúa en la media andaluza (59) y Almería (55), Córdoba (55), Cádiz (52) y Jaén (50) están por debajo de esa media. En todo caso, los andaluces esperan de media un mes menos que el resto de españoles para estas operaciones. A 30 de junio de 2016, había 59.087 pacientes en listas de espera, unos 4.000 más que hace un año. El SAS justifica este aumento «normal» en el envejecimiento de la población.
La disparidad de cifras entre las ofrecidas por la Asociación del Defensor del Pacicente y la propia Junta llevó el asunto hasta los tribunales. La Fiscalía Superior de Andalucía archivó hace tres semanas la denuncia presentada por la asociación sobre presuntas irregularidades en las listas de espera del SAS.