{En Andalucía, tan solo 5 empresas acumulan el 76 por ciento del total de emisiones de efecto invernadero de fuente fija; todas ellas producen más de un millón de toneladas equivalentes de CO2. Entre ellas tres empresas destacan por ser las más contaminantes: Endesa, E.ON y Cepsa, que se sitúan a mucha distancia de las demás. Endesa produce 6.951.445 Tm eq C (26,82 por ciento) del total de 25.922.824 Tm eq C de fuentes fijas autonómicas; E.ON y Cepsa alcanzan porcentajes de 20,32 y 18,29 por ciento respectivamente.
Así se desprende del último informe del Observatorio de la Sostenibilidad sobre Andalucía al que ha tenido acceso Ecoperiodismo. Este estudio, uno de los pocos independientes que se realizan en toda Europa, analiza datos oficiales que proceden del Registro Nacional de Emisiones (Renade) y la asignación de las instalaciones a las empresas las realiza mediante consultas al Registro Mercantil. «Existen más emisiones de estas empresas que no están aquí cuantificadas, por lo que la valoración se puede calificar como una asignación conservadora», apunta el estudio, por lo que la situación podría ser aún más grave.
Según el informe, en Andalucía la cantidad en toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero es similar a la de Cataluña, pese a que se trata de una comunidad autónoma con menor superficie y una mayor industria.
Los datos son concluyentes: la generación energética con carbón es la actividad más importante, con 11.533.904 toneladas de carbono, a mucha distancia de los procesos de ciclo combinado (2.265.712), mucho menos contaminantes y más eficientes respecto al cambio climático. El informe del Observatorio de la Sostenibilidad señala a las industrias con grandes procesos de combustión y la producción cementera como las siguientes en volumen de emisiones, por encima de los 3 millones de toneladas.
En concreto, 13 instalaciones de más de 400.000 toneladas de emisión producen el 76,61 por ciento de las emisiones fijas de la comunidad; la factoría de Endesa Generación–Litoral de Carboneras (Almería), produce por si sola una cuarta parte de las emisiones fijas de Andalucía y casi duplica las de la instalación de E.ON de Los Barrios (Cádiz), que representa el 13,50 por ciento.
Sin embargo, Andalucía no es la comunidad que más ha incrementado sus emisiones totales (fijas más difusas) en el periodo de vigencia del Protocolo de Kioto, ocupando en este caso la sexta posición en el ranking de incremento por comunidades autónomas, por detrás de Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid.
El estudio destaca que se ha producido una reducción notable de emisiones en ocho años, aunque sigue siendo la primera comunidad en el ranking de emisiones totales acumuladas, con una cantidad en tonelaje muy similar a la de Cataluña, segunda en el ranking pero más industrial, más pequeña y con una densidad de población casi 10 veces superior (235 frente a 27 habitantes por kilómetro cuadrado).
En los años previos a la crisis económica, las emisiones de gases de invernadero en toneladas de CO2 equivalente aumentaron en Andalucía un 85 por ciento entre 1990 y 2007, manteniendo como en la actualidad sus emisiones por habitante inferiores a la media española. Las emisiones totales de Andalucía representaron en 2007 el 15,4 por ciento del total de España, mientras que su población era el 17,8 por ciento del total nacional y su PIB el 13,9 por ciento. En 2007 el transporte representaba el 25 por ciento del total de las emisiones autonómicas. El 36 por ciento del aumento experimentado en Andalucía en el periodo completo (1990-2007) se debió al transporte. Las industrias del sector energético (principalmente las centrales termoeléctricas y refinerías de Huelva y Algeciras) son responsables de una parte considerable de las emisiones, tal y como demuestran los datos de 2015.
El cambio climático implica un serie de riesgos financieros para las empresas que más emiten, tanto respecto a inversores instutucionales como respecto a otros inversores, fondos de inversión, compañías aseguradoras y agendas de calificación crediticia. Además de los riesgos reputacionales existen riesgos asociados al cambio climático que exigen compensaciones, que se suman a los costes transicionales, derivados del proceso de ajuste hacia una economía baja en carbono.
A partir de estos datos del Observatorio de la Sostenibilidad se pueden determinar «responsabilidades diferenciadas» de estas empresas que deberían recaer en proyectos de adaptación a cambio climático financiados por las mismas tanto a escala regional, dónde se sitúan físicamente las plantas, como a escala nacional. En la medida en que se detecta una mayor sensibilidad de ciudadanos, inversores y clientes respecto al cambio climático, es razonable esperar un mayor compromiso en la reducción de las emisiones de las grandes empresas para que no se erosionen activos intangibles como el valor de las marcas y, por ende, las posiciones competitivas.
La agenda internacional avanza hacia la descarbonización de la economía a través de los acuerdos firmados en diferentes cumbres internacionales (Kioto, París, Marrakech...). Sería procedente que las grandes empresas españolas asumieran el reto del cambio climático. No asumirlo se demostraría más costoso para todos.