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Un voluntario repasa los alimentos en uno de los puntos de recogida. / El Correo
«No estamos dispuestos a asumir más costes, rechazamos esta prohibición que no existe en ninguna otra comunidad y apostamos por seguir con el sistema actual porque ONG y plantas de compostaje no tienen la suficiente capacidad para recibir tanto alimento. Creemos una gran estrategia contra el desperdicio alimentario, pero desde la voluntariedad y sin romper la unidad del mercado». Así de claro se expresa el sector ante la prohibición de tirar los desperdicios, esto es, tanto los productos que están caducados como los que no están aptos para la venta, como un yogur bollado, incluida en el proyecto de Ley de Agricultura de la Junta.
La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y otras organizaciones como la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA) y la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) están en contra del texto del proyecto y ya han pedido cambios. En concreto, la propia CEA remitió un escrito al consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, mientras que otras organizaciones como las antes mencionadas también han hecho llegar al Gobierno andaluz su rechazo.
Por ahora, según fuentes consultadas, tanto la Junta como el sector están «abiertos» a negociar y no se descartan cambios en la redacción de la ley. No obstante, habrá que esperar. Eso dicen fuentes de la Consejería.
¿Y qué dice la ley que se tramita en el Parlamento andaluz? Que el reglamento posterior a la aprobación de esta norma –que sustituye a la gran reforma agraria de 1984 y que difícilmente se aprobará esta legislatura– determinarán las condiciones y supuestos en los que las superficies comerciales, industrias agroalimentarias y demás operadores tendrán la obligación de hacer entrega del excedente alimentario a organizaciones humanitarias para su redistribución, o bien destinarlo al compostaje o a cualquier otro uso que suponga una reutilización o que se integre en un proceso de economía circular.
Además, las industrias agroalimentarias –con más de 7.000 empresas, el 90 por ciento pymes, y que acapara el 24 por ciento del empleo y el 18 por ciento de valor añadido del sector industrial manufacturero en la comunidad– deberán elaborar un plan para la reducción de desechos de productos alimenticios a lo largo de sus procesos de transformación.
Y no sólo eso. Los operadores, según el proyecto de ley, se tienen que hacer cargo del traslado de los alimentos sobrantes a la sede de ONG o a las plantas de compostaje. «Eso es una barbaridad», denuncian desde el sector.
«Los diferentes agentes de la cadena no están en contra de la donación, de hecho entre el 80 y el 85 por ciento de las empresas ceden sus desperdicios, pero sí está en contra de que sea una obligación y que, además, suponga un coste». «Eso podría desincentivar lo que se está haciendo bien ahora», añaden.
Además, desde el sector se pone el acento en otras cuestiones: si las ONG tienen infraestructuras para la recogida y almacenamiento, quién es el responsable de la calidad de esos alimentos una vez que sale del supermercado y, por ejemplo, quién garantizará la cadena de frío.
El Consejo Consultivo andaluz indicó que la donación obligatoria era inconstitucional porque una donación no puede ser obligada, «pero para salvar ese dictamen la Junta introdujo que los operadores correrán con los gastos», denuncian desde la industria, que remarca que tienen en marcha distintos planes y campañas para el fomento de la donación.