El exconsejero de Empleo entre 2010 y 2012, Manuel Recio, ha dicho hoy estar “seguro de que no” se destruyó documentación durante la revisión de los expedientes de concesión de las ayudas otorgadas por sus antecesores que se hizo bajo su mandato al estallar el caso ERE.
Recio ha declarado como testigo en la pieza política de esta causa en la que se juzga a 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un “procedimiento específico” con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.
El exconsejero -que también estuvo inicialmente investigado en esta causa aunque el instructor que cerró la investigación la archivó para él- ocupó el cargo cuando a raíz del caso Mercasevilla, en cuyo ERE subvencionado por la Junta se hallaron intrusos (personas que se prejubilaron sin haber trabajado nunca en esa empresa) ordenó una revisión de las ayudas de este tipo concedidas.
Una revisión en la que según declaró el exdirector de Trabajo Javier Guerrero -uno de los principales acusados- en una entrevista a Efe, “se acojonaron y se ha destruido documentación” ya que según asegura cuando él cesó en 2008 “los expedientes estaban intactos”.
Un investigador de la UCO declaró en el juicio que no detectaron “destrucción de documentación” pero sí se completaron expedientes y se “retiró información comprometida”.
El abogado del PP, Luis García Navarro, ha preguntado a Recio si se destruyeron “documentos comprometidos para la Junta” en la revisión que se hizo bajo su mandato a lo que el testigo ha respondido estar “seguro de que no”.
En esa revisión detectaron unos “70 u 80 intrusos” y otras “discordancias administrativas” porque había “dudas” con la documentación o “información incompleta”.
Ha asegurado que sus instrucciones al viceconsejero de Empleo Justo Mañas y al director de Trabajo Daniel Rivera fue que conformara un equipo técnico para la revisión y que “en el momento que vieran cualquier ilícito, sin necesidad de consultarme, dieran traslado a la autoridad competente”.
Ha mostrado su total “confianza” en los técnicos y ha contestado “no recuerdo” a preguntas concretas sobre lo hallado.
También ha dicho desconocer los informes de la Intervención de Control Financiero Permanente de la agencia pública IDEA -a través de la cual se pagaban las ayudas- y no recordar detalles precisos del informe de la Cámara de Cuentas que hizo una revisión de las ayudas durante una década indicando la falta de fiscalización previa y de procedimiento.
Según Recio, hasta estallar el caso ERE no tenía gran conocimiento sobre el programa de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de la Consejería de Empleo.