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Eulalio Ávila en una imagen de archivo. / El Correo
El anterior presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de España y autor principal del Manual de remunicipalización de los servicios públicos de agua, y experto europeo en gestión, Eulalio Ávila, desgrana las razones de la privatización del agua en España y detalla la fórmula para devolver el agua a la gestión pública en contra de los lobbies del sector.
-¿Por qué se privatizó el agua en España? ¿Qué impactos tiene?
-Se privatizó por varias razones, en unos casos por necesidad de financiación; en momentos en que los Ayuntamientos arrastraban déficits excesivos algunos vieron una fuente de financiación en la privatización del agua y el saneamiento que les podía procurar ingresos rápidos en forma de cánones, y ello suponía un poco de oxígeno, pero no es la forma más correcta, claro está, de acudir a la financiación.
En otros casos por la creación de una corriente de opinión, por medios e intelectuales del sector que pretendía hacer ver que la privatización era lo más acorde con la modernidad, deslumbrados por una especie de exhibicionismo tecnológico-ideológico que el sector privado promovía para, lógicamente, abrir oportunidades de negocio.
En general, en mi opinión, con las excepciones que toda regla tiene, el impacto que tuvo fue en muchos casos la falta de inversión con el deterioro de las redes de suministro y otros activos, el encarecimiento del servicio y subida de tarifas también en muchos casos y la preponderancia de una visión mercantilista de un servicio esencial para la vida y la salud, que ha de tener un enfoque social y un tratamiento como derecho humano que es, y que este aspecto quedó en un segundo plano. En otros casos se produjeron agujeros económicos por falta de control adecuado, con el consiguiente perjuicio de las arcas públicas.
El informe del Tribunal de Cuentas de Fiscalización del Sector Público Local del ejercicio de 2011 analiza la prestación de servicios de ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes, y recoge por ejemplo que el servicio de abastecimiento de agua potable tiene un coste medio de 46,83 euros por habitante, 44,10 cuando la gestión es directa y 53,67 si está privatizado.
-Qué significa remunicipalizar un servicio?
-Devolver a gestionar a la gestión pública lo que gestiona el sector privado: gestionar directamente el Ayuntamiento un servicio público que se venía siendo gestionado hasta ese momento mediante una empresa privada. El servicio siempre es de titularidad municipal pero cambia la forma de gestión, de indirecta a directa. Esta última se puede llevar a cabo directamente por el Ayuntamiento o entidad local, sin órgano especial de administración o mediante un organismo autónomo, una entidad pública empresarial o una empresa municipal de capital totalmente público.
Significa que el beneficio económico del gestor no es lo que está en el primer plano del enfoque. Sin olvidar el aspecto económico del servicio, pasa a primer plano la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, lo que permite aplicar parámetros sociales que garanticen el acceso al servicio a los colectivos más desfavorecidos social y económicamente con más facilidad que en caso de privatización del servicio. Se posibilita además una gestión más democrática del servicio, en la que los ciudadanos pueden participar sin tener que competir con intereses privados, amparados por la ley que, lógicamente, tienden a aumentar su cuenta de resultados en lo posible.
-Recientemente el alcalde de Valladolid ha denunciado presiones de las multinacionales por remunicipalizar el servicio. En este sentido, por qué un hombre con su trayectoria decide dirigir una obra que sin duda “choca” frontalmente contra los intereses de multinacionales. ¿Teme a las presiones de estos grupos?
-La gestión directa por el Ayuntamiento de un servicio es, como mínimo, tan legítima (yo diría que más) que la gestión a través de una empresa privada. El contrato de concesión del servicio finalizó y nadie podrá cuestionar que el Ayuntamiento de Valladolid, que está integrado por los representantes elegidos democráticamente por los vallisoletanos, tiene todo el derecho del mundo a decidir, de conformidad y con los requisitos que exija la Ley, la forma de gestión del servicio de sus servicios públicos y en este caso del servicio de suministro de agua.
¿Por qué la empresa los Juzgados y Tribunales han tenido que dictar seis o siete sentencias (ya he perdido la cuenta) debido a las impugnaciones de las empresas? No se ha producido un rescate o una expropiación de la concesión, ante lo cual quizá hubiera tenido más sentido pleitear. Llegó la fecha de terminación del contrato y el Ayuntamiento decidió gestionar directamente el servicio acreditando además mediante los correspondientes estudios económicos que de esa forma ahorraba mucho dinero a sus vecinos. Da la impresión de que lo que se está intentando es tratar por todos los medios que esa remunicipalización no salga adelante cueste lo que cueste, como aviso a navegantes. Si a ello se suma que es necesaria una normativa mucho más clara que la actual para regular estos procesos, pues a pesar de que todo se ha hecho, en mi opinión, con el máximo rigor técnico y jurídico, es normal que el Alcalde de Valladolid, que representa a todos los vallisoletanos, se defienda y haga este tipo de declaraciones.
-¿Qué dificultades tienen los municipios que quieren recuperar su servicio?
Las dificultades para volver a gestionar de forma directa un servicio público municipal responden a varias causas. Fundamentalmente, aparte de otras causas, las dificultades provienen en primer lugar, de una falta de regulación por parte de los legisladores de estos procesos y a la ambigüedad de la escasa normativa que los regula, en especial en lo referente a la subrogación de los trabajadores de la empresa que preste el servicio, pues no está resuelto en qué casos procede esta subrogación y en qué forma y con qué derechos hay que integrar (o no) a los trabajadores en el municipio ni como se conjugan los derechos de los trabajadores, protegidos por la Directiva Europea 2001/23/CE sobre mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas o de centros de actividad y el Estatuto de los Trabajadores, y los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Parece que todo esto no se quiere regular. Son, tanto Tribunal de Justicia de la Unión Europea como los Tribunales españoles los que vienen estableciendo criterios al respecto ante la falta de regulación, y las sentencias son en muchos casos contradictorias. Es urgente regular ya estos procesos adecuadamente.
En segundo lugar, al hecho de que la recuperación del servicio suele exigir la realización de algunas inversiones, en obras sobre todo, lo que supone en muchas ocasiones acudir al endeudamiento.
En tercer lugar las dificultades provienen de la falta de medios para atender a todo el proceso que suele ser complicado y a la indudable comodidad que supone para los actores políticos la gestión indirecta.
-En el libro se cita constantemente el caso de Valladolid. ¿Cuál es su principal aportación?
-Es un caso emblemático pues es la capital de Castilla y León. Se ha recurrido ante los Tribunales acudiendo a todos los aspectos del proceso. Todas las cuestiones han sido puestas en tela de juicio, nunca mejor dicho, desde la subrogación de los trabajadores hasta la forma de gestión. Cualquier cuestión por nimia que sea ha sido objeto de impugnación y, al menos hasta ahora, todas las sentencias han sido favorables al Ayuntamiento.
Aparte del empeño, la dedicación y el buen hacer de la Concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad María Sánchez y del magnífico trabajo de los técnicos, jurídicos y de la Intervención Municipal, quizá la aportación más importante que ha supuesto el proceso de remunicipalización del agua en Valladolid ha sido la creación de una entidad pública empresarial para gestionar directamente el servicio, un ente que se encuentra a medio camino entre la empresa pública y los órganos administrativos, y que actúa en parte en base al derecho privado y en parte en base al derecho público. La creación de esta entidad para gestionar el servicio y la asunción de los medios y el personal por la misma, y la aprobación de sus estatutos ha sido quizá la principal aportación en el caso de Valladolid.
-¿Conoce el caso de Barcelona? ¿Cree que se puede plantear seriamente la recuperación de este servicio en esa ciudad?
-Conozco solo someramente el caso de Barcelona, pero si no se pudiera plantear seriamente la recuperación del servicio de suministro de agua o cualquier otro en Barcelona o en cualquier otra ciudad, creo que tendríamos un serio problema, pues supondría que realmente no hay democracia y que realmente el poder democrático, que reside, lógicamente en el pueblo, no existe. Se puede plantear seriamente la recuperación de este servicio en cualquier municipio, y también en el de Barcelona, naturalmente, con independencia de las mayores o menores dificultades que puedan plantearse en cada caso..
-¿Qué aporta este manual?
-Su objetivo principal sería el de servir de utilidad y ayuda a los operadores jurídicos, técnicos y económicos municipales, orientándoles sobre los procedimientos y requisitos legales y procedimentales necesarios para llevar a cabo los procesos de remunicipalización de los servicios públicos, con una referencia especial al de agua, y además como desarrollar un adecuado control de las empresas concesionarias en caso de gestión indirecta.
El Manual se ha elaborado con el máximo rigor, con un afán de abarcar absolutamente todos los aspectos de la remunicipalización y aclarar todas las dudas, que son muchas, que suelen presentarse. El capítulo primero, sobre la toma de decisión y el procedimiento de la remunicipalización lo ha elaborado precisamente el Secretario General del Ayuntamiento de ¨Valladolid Valentín Merino. El capítulo segundo recoge la forma de elaborar el estudio económico, que es esencial para determinar si procede la remunicipalización; ha corrido a cargo de la Interventora de la ´Diputación Provincial de León Pilar Ortega, y el tercer capítulo versa sobre todas las cuestiones derivadas de la subrogación de los trabajadores que ha corrido a mi cargo.
Aportamos nuestra experiencia de más de 30 años de ejercicio profesional y estamos seguros de que será de inestimable ayuda, tanto para la toma de decisión como para la tramitación del procedimiento, en su caso.
-¿Qué debería hacer el nuevo gobierno del Estado para favorecer la recuperación de los servicios o la soberanía municipal?
-Es urgente y necesario llevar a las Cortes ya un proyecto de Ley que aborde estos procesos con el rigor, la seriedad y la claridad que es exigible a nuestros legisladores, que preserve el principio democrático y el derecho de los ciudadanos a poder hacer efectiva, si es su voluntad, la gestión directa de los servicios públicos.
Hoy es mucho más fácil y plantea infinitamente menos dificultades jurídicas la privatización de un servicio que su remunicipalización, cuando parece que lo normal es que si se trata de un servicio público, se preste por la Administración Pública. A diferencia de cuestiones nimias sobre la que es abrumadora la cantidad de normas de todo tipo; esta materia, quizá de forma deliberada y consciente, parece que no se quiere regular.
Hacerlo a través de una Disposición Adicional en la Ley de Presupuestos como se hizo con la Disposición Adicional 26 de la Ley de Presupuestos de 2017, ni es suficiente, ni es válido ni es constitucional como ha dicho el propio Tribunal Constitucional en la Sentencia que anuló esta Disposición a instancias del grupo parlamentario confederal Unidos Podemos. Tampoco era admisible la oscuridad absoluta de la Disposición. Si la Ley no es clara, no es Ley.