Sanidad y Educación ganan peso

Díaz dará espacio propio a estas políticas en su nuevo gobierno, además de a Cultura y Economía

14 jun 2015 / 22:27 h - Actualizado: 15 jun 2015 / 12:08 h.
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  • La próxima vez que se reúna el Consejo de Gobierno los rostros serán otros. / Efe
    La próxima vez que se reúna el Consejo de Gobierno los rostros serán otros. / Efe

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, mantiene un absoluto secretismo sobre quienes conformarán su nuevo equipo de Gobierno y cómo estará estructurado, más alla de que será paritario y que reforzará las áreas de Sanidad, Educación y Economía, que previsiblemente contarán con un departamento propio además del prometido en campaña para Cultura. Sanidad se separará así de las políticas de Bienestar Social, que se encargan del desarrollo de la ley de dependencia. Economía forma ahora parte de una macroconsejería junto a Empleo e Innovación, ámbitos que por sí solos serán importantes.

Al margen de cómo se repartan las competencias, el reto del nuevo Gobierno será dar solución a los ciudadanos en las distintas áreas.


ECONOMÍA

La primera prueba de fuego del nuevo Gobierno en solitario y en minoría de Díaz será lograr acordar el presupuesto del que dispondrá para 2016. Las inversiones y el gasto social centrarán la atención de sus oponentes, así como la fiscalidad que prepara para asegurarse los ingresos, donde las posiciones de Podemos e IU distan mucho de las de PP y C’s. En plena revisión al alza del crecimiento, no puede pecar de restrictiva pero debe seguir presumiendo de cumplir con el déficit. Hay un as en la manga: el posible debate sobre el modelo de financiación autonómica y, sobre todo, que las elecciones generales cambien el signo de Moncloa a un gobierno amigo. Aunque para entonces ya habrá tenido que presentar un proyecto de sus cuentas.


EMPLEO

Con una tasa de paro del 34 por ciento y un ritmo de crecimiento de empleo inferior al del resto del país, principal reproche del PP, el nuevo Gobierno tendrá que afanarse en atraer inversores que permitan por fin bajar del millón de parados y, sobre todo, ayudar a un tejido productivo de pymes y autónomos asfixiados por la falta de crédito. Hasta ahora, los servicios y el turismo han tirado del carro pero es la industria la que crea más empleo y más estable y Andalucía cuenta con el potencial de la aeronáutica, las energías renovables y el transporte de mercancías por tren y mar que la Junta deberá impulsar, buscando para ello la alianza del Estado y la UE.

El SAE necesita un impulso para hacer más eficaces las políticas activas de empleo. Así como la formación para el empleo, empañada por el presunto fraude en las subvenciones a sindicatos y empresas para los cursos.


VIVIENDA

Precisamente tras tomar posesión, previsiblemente el martes, la primera ley que aprobará el nuevo Consejo de Gobierno será la de Protección de los derechos de los consumidores en la contratación de hipotecas, una de las normas del anterior pacto de gobierno PSOE-IU que se quedó en trámites.

Díaz ha prometido mediar con los bancos para evitar desahucios y está pendiente la actualización del censo de pisos vacíos y facilitar cambiar muchos en venta a alquiler. El Constitucional ha tumbado la ley estrella del anterior gobierno que permitía expropiar el uso de pisos vacíos a los bancos y Díaz se ha negado, como le pedía Podemos, a quitar las cuentas de la Junta de las entidades que desahucien. Pero dar soluciones a las familias en riesgo de exclusión será una prueba de fuego para reinvindicarse como progresista.


EDUCACIÓN

El acuerdo con C’s que le ha permitido gobernar, al cuarto intento, incluye la contratación de 500 docentes. En los últimos años, con las restricciones impuestas por el Estado a la cobertura de bajas y vacantes y la ampliación de jornada –que siguen vigentes–, llevó el paro a 4.500 interinos.

La Junta ha hecho bandera de sus políticas de apoyo a la familia, al mantener la gratuidad de los libros de texto y las ayudas para comedores o aula matinal pese a los recortes, y ha prometido seguir extendiendo el bilingüismo y la red de guarderías, con 12.000 plazas más en la legislatura (las mismas prometidas en el pasado mandato, que no se alcanzaron).

Tiene el reto de adaptar el currículum a una ley estatal que no comparte y, sobre todo, profundizar en la formación profesional dual que tienda puentes entre el sistema educativo y el tejido empresarial. En la Universidad, la Junta ha blindado con los rectores los grados de cuatro años frente al Decreto 3+2 del Gobierno y una de sus primeras medidas será aprobar las becas para sacar el B1 de idiomas. Pero la financiación universitaria seguirá siendo una deuda que los rectores le recordarán.


SANIDAD

El de los sanitarios es otro colectivo al que deberá ganarse, con la devolución prometida de su paga extra y su jornada completa. El acuerdo con C’s también prevé 500 contrataciones en Sanidad (este año habrá oposiciones del SAS, las primeras desde 2007). Hay infraestructuras hospitalarias que la crisis del ladrillo frenó y una polémica reorganización de gerencias con la fusión de hospitales que no gusta a la mayoría del sector.


PROTECCIÓN SOCIAL

La crisis ha aumentado las desigualdades y generalizado los problemas de impagos y suministros vitales como la luz y el agua. IU apretó en el anterior gobierno para garantizarlos por ley, al igual que para sacar adelante una renta básica de la que todos los grupos hablan pero con diferente concepto. El Salario Social se ha revelado insuficiente, con grandes retrasos y sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Y será necesario incidir en la protección a los discapacitados (las entidades del Tercer Sector vuelven a denunciar impagos) y dependientes. Díaz ha prometido aumentar un 10 por ciento el presupuesto para el sistema, que en 2012 quedó paralizado ante el recorte de fondos estatales a un derecho que creó el PSOE.


TRANSPARENCIA

La presidenta ha prometido abrir puertas y ventanas y ser implacable contra la corrupción. Ha firmado un pacto de regeneración democrática y contra ésta con C’s y anunciado una Oficina antifraude, una Ley del Buen Gobierno y dar más poder a la Cámara de Cuentas para auditar las arcas públicas. Será el azote de la oposición, que se puede unir para forzar comisiones de investigación en el Parlamento y exigirle que comparezca a dar explicaciones si siguen salpicándole casos como los ERE o los cursos de formación.