-
Imagen de archivo de niños en el comedor escolar de un centro educativo de Mairena del Aljarafe, / Javier Cuesta -
Hora del refrigerio. / Efe -
La ley también afecta a los comedores sociales. / Jesús Spínola
Sanos por ley
Andalucía es la primera comunidad autónoma que aprueba una norma de rango superior para la lucha contra la obesidad. La nueva ley promueve cuestiones ambientales para la salud de las personas, como el acceso libre y gratuito al agua de grifo en los restaurantes o la movilidad urbana en bicicleta
Un 16,6 por ciento de la población andaluza adulta y, lo que es más grave, un 23 por ciento de los niños y niñas andaluzas sufren obesidad, según los datos de la Junta de Andalucía. Este problema de salud deriva en cuatro categorías de enfermedades: cardiovasculares, las respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), «son las principales responsables de la mortandad por causas no transmisibles» y, prosigue la OMS, «pueden prevenirse». La Estrategia Mundial sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, desarrollada por la OMS en 2014, apunta medidas que de aplicarse lograrían una reducción de la mortandad. Entre esas recomendaciones se encuentran la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida, la continuación de la lactancia materna más allá de los 2 años, la reducción de la sal en los alimentos –especialmente dedicada esta recomendación a los productores de comidas preparadas o productos alimenticios elaborados–, eliminar las grasas trans, reducir los contenidos de azúcares libres y la concentración de grasas saturadas y reducir el tamaño de las raciones.
Las recomendaciones de la OMS en la citada estrategia supondrían cambiar casi radicalmente la composición de la mayoría de los alimentos que se venden en la actualidad, en los que, por ejemplo, la perversa presencia del azúcar, justificada por su poder conservante, lleva aparejada no sólo la ingesta de azúcar en alimentos que no deberían llevarla, sino también la adicción a estos alimentos.
La II Conferencia Internacional sobre nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2014 resaltaba ya los problemas de la malnutrición en los países desarrollados. Una mala alimentación que afectaba a la salud en su más amplio sentido, según la FAO, ya que puede llegar a «limitar el desarrollo físico y cognitivo, reduce la productividad y suponen una pesada carga en forma de consecuencias sociales y económicas negativas para las personas, las familias, las comunidades y los Estados».
Considerada ya como la pandemia del siglo XXI, la obesidad y el sobrepeso sigue engordando sus cifras: En 2013 había 42 millones de niños y niñas menores de 5 años afectados por el sobrepeso. En Andalucía la tendencia de la epidemia de exceso de peso es creciente y ha llegado a duplicar el número de afectados de 1999 a 2011 entre la población mayor de 16 años, asegura la Junta de Andalucía.
Para hacerle frente al sobrepeso, el gobierno andaluz ha diseñado y aprobado una ley innovadora, en la que define los derechos de la ciudadanía en relación a la alimentación saludable, la actividad física y la diversidad de la imagen corporal. En la nueva norma, la primera que una comunidad autónoma regula con el máximo rango normativo, se presta especial atención a la infancia como colectivo prioritario, además de las mujeres embarazadas, las personas mayores y los grupos de población socialmente más desfavorecidos.
El proyecto recoge las recomendaciones citadas anteriormente de organismos internacionales como la OMS, en el sentido de «implicar a la sociedad en su conjunto, sobre todo las administraciones públicas, sectores empresariales, medios de comunicación y empresas de publicidad».
Para hacer efectivo este derecho a una vida sana, la ley andaluza establece medidas concretas, como la exigencia de disponer de menús saludables y de diferentes tamaños de raciones en los establecimientos de restauración; tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades adaptadas a la composición de las unidades familiares y habilitar aparcamientos de bicicletas en los lugares de trabajo con más de 50 empleados.
Una medida clave de la futura norma andaluza será la de favorecer el acceso gratuito al agua potable en los centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil, para promover la dotación de fuentes en estos espacios. Además, se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de productos alimenticios que ofrezcan agua gratuita en aquellos centros docentes en los que se permite su instalación y en los lugares de ocio infantil, ya sea integrada en sus propios dispositivos o a una distancia de hasta dos metros. En la misma línea, los bares y restaurantes deberán ofrecer a los clientes un recipiente con agua y vasos, de forma gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento.
Una medida, la de promover el agua de grifo entre la ciudadanía, a la que se han adelantado ciudades como Córdoba o Cádiz, donde la campaña progrifo desarrollada por la Asociación Española de Operadores de Agua Pública (Aeopas) ha permitido implicar a los restaurantes de estas ciudades en la oferta gratuita del agua pública. Lo han hecho repartiendo de manera gratuita jarras de diseño a los establecimientos de restauración adheridos al programa. Previamente en Córdoba y Cádiz se ha promovido un concurso de diseño para dar al agua de grifo de estas ciudades una imagen propia en dichos recipientes y en botellas que se han repartido a la ciudadanía.