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Un grupo de inmigrantes en un Centros de Internamiento de Extranjeros. / Periodismohumano.com
Seis de cada diez inmigrantes internados en los CIE no pueden ser expulsados
Podemos reclama el cierre de los centros de internamiento de Algeciras y Tarifa por incumplir las condiciones mínimas de habitabilidad y carecer de sentido al encerrar a personas sin delitos sabiendo que no podrán ser deportados
La Ley de Extranjería prevé, entre otras medidas cautelares mientras se tramita la expulsión de inmigrantes en situación irregular, su ingreso en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) pero no obliga a ellos sino que permite adoptar otras medidas como la personación periódica en los juzgados o la retirada de documentación. En cualquier caso, es una medida transitoria ante su expulsión, una expulsión que sólo es posible si se acredita la nacionalidad de los inmigrantes y existe convenio de extradición con el país en cuestión, algo que sólo es posible en el caso del 32 por ciento de los internados en el CIE de Algeciras y en el 5 por ciento de los de Tarifa.
Por ello, Podemos llevará al Parlamento una Proposición no de ley para instar a la Junta a que a su vez presione al Gobierno para el cierre de los CIE de Algeciras y Tarifa, ya solicitado por la Defensora del Pueblo Español y la Fiscalía General del Estado, en el primer caso por las malas condiciones del edificio -una antigua cárcel cerrada en 2003 por riesgo de derrumbe y con salas precintadas por ello- y en el segundo por su carácter «ilegal» ya que es un anexo del de Algeciras pero en la práctica funciona como otro CIE sin que haya ninguna norma que regule su creación.