Sevilla, capital andaluza del derecho humano al agua
El mayor estudio realizado hasta la fecha sobre la gestión del agua en Andalucía revela que Sevilla y Córdoba apuestan por el agua pública. Sin embargo, la mitad de la población andaluza bebe agua privatizada de empresas que hacen negocio con un derecho humano
El agua que consume casi la mitad de la población andaluza depende de la gestión privada. Así se desprende del estudio más riguroso e independiente que se ha elaborado hasta la fecha sobre la gestión del agua, dirigido por dos de los principales especialistas españoles en la materia: Miguel Ángel García-Rubio y Francisco González Gómez, profesores de la Universidad de Granada adscritos al Instituto del Agua perteneciente al departamento de Economía Aplicada de dicha institución universitaria.
El mapa andaluz de la gestión del agua que ha elaborado este estudio revela que las grandes compañías privadas del agua se concentran en los municipios más endeudados, que tienen mayor renta per cápita y que tienen poblaciones grandes. Los demás municipios no les son rentables. Así, de la totalidad de los 778 municipios que conforman Andalucía analizados en el estudio –al que ha tenido acceso en exclusiva Ecoperiodismo–, se observa que el 74,84 por ciento de los municipios andaluces mantienen una gestión pública del agua, frente al 13,49 por ciento que han privatizado el servicio y otro 11,67 por ciento mantiene una gestión mixta. Aunque las multinacionales del agua sólo tienen presencia en apenas una cuarta parte del territorio, la realidad es que controlan el agua del 44,57 por ciento de la población.
En el año 2013, el Parlamento de Andalucía apoyó por unanimidad una proposición no de ley propuesta por Izquierda Unida establecía que el acceso al agua y al saneamiento fuese considerado como un derecho humano, tal y como fue reconocido por la ONU en 2010. Se convertía así en la primera comunidad autónoma que elevaba al rango de ley un derecho esencial, que venía ya impulsada por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) y por la fundación Nueva Cultura del Agua, como parte de la Iniciativa Ciudadana Europea que pretende que «el servicio del agua esté garantizado para todos los ciudadanos que residen en la Unión Europea y el futuro de las próximas generaciones». En ese contexto político, la privatización del agua deja en manos de las grandes multinacionales como Aqualia, el Grupo Agbar o Acciona –las tres que lideran el mercado del agua en Andalucía– la decisión de cortar el grifo a aquello que no puedan pagar la factura para casi la mitad de los andaluces.
Aunque el compromiso político es regional, el problema reside en que las competencias de abastecimiento y saneamiento del agua son municipales. Los Ayuntamientos asfixiados por la deuda pública reciben como salvadores del las arcas corporativas a las empresas privadas que ofrecen quedarse con este servicio. Pero estas empresas sólo llaman a las puertas de aquellos lugares donde saben que el negocio está garantizado. De fondo, el problema es que muchos municipios, sobre todo los pequeños, sufren una escasez de medios técnicos y económicos, además de ubicarse en el ámbito rural con pocas inversiones históricas.
Frente a esto las provincias de Sevilla y Córdoba cuentan con entes supramunicipales, generalmente impulsados por las diputaciones, que posibilitan que muchos municipios pequeños tengan oportunidad de garantizar un agua y saneamientos de calidad a sus ciudadanos.
En el caso de Sevilla, existe una larga tradición de remunicipalización de servicios. En la sociedad Aguas del Huesna se encuentra quizá el origen del movimiento remunicipalizador en España: Son 22 municipios sevillanos, con unos 300.000 habitantes en su conjunto, que decidieron dar marcha atrás en el proceso privatizador que se les había planteado para asegurarse el suministro del agua en 1994. Aquella privatización acabó en un mejunje de sobrecostes en las inversiones proyectadas y de incumplimientos que en 2007 derivó en un expediente de rescate de la concesión y en la puesta en marcha de una empresa pública que se encarga de abastecer agua a esos municipios. El mayor tiene 50.000 habitantes; el menor, apenas 300.
La remunicipalización poco a poco se ha extendido a otros sistemas, como el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija», a través de su empresa pública Areciar (Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral de Aguas del Retortillo). De hecho, el 91,43 por ciento de los municipios de la provincia de Sevilla gestionan el servicio urbano de agua mediante una forma de gestión pública, frente a un 7,62 por ciento de gestión privada y un 0,95 por ciento de gestión mixta. En términos de población, el 92,35 por ciento de la población total de la provincia es abastecida por la gestión pública, mientras que la gestión privada y mixta representan el 5,58 por ciento y el 2,08 por ciento, respectivamente. Desde 2010 el número de municipios gestionados por la empresa privada ha pasado de 17 a 8; el número de municipios gestionados por una empresa mixta se ha reducido de 14 a 1.
En la provincia de Córdoba la situación también responde a los planteamientos del derecho humano al agua. Así, el 92 por ciento de los municipios de la provincia de Córdoba gestionan el servicio urbano de agua mediante una forma de gestión pública, frente a un 5,33 por ciento de gestión privada y un 2,67 por ciento de gestión mixta. En términos de población, el 83,95 por ciento de la población total de la provincia es abastecida por la gestión pública, mientras que la gestión privada y mixta representan el 10,22 por ciento y el 5,84 por ciento, respectivamente.
En la provincia de Córdoba la gestión privada y mixta tienen una mayor implantación en las poblaciones con mayor número de habitantes. Desde 2010 el número de municipios gestionados por la empresa privada se ha reducido de 5 a 4; sin embargo, el número de municipios gestionados por una empresa mixta se ha mantenido constante. No obstante, municipios como Baeza, Priego de Córdoba, Pozo Blanco y Puente Genil viven actualmente un importante conflicto con sus concesionarios y evidencian el fracaso del modelo privado de gestión con lo que la provincia avanza a un modelo de casi 100 por cien público.
Al otro lado del espectro de los servicios del agua se encuentra Granada. La compleja estructura municipal de la provincia granadina, integrada por 168 municipios y 529 núcleos de población, hace que la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración sea difícil. A excepción de las zonas que ya funcionan con sistemas de gestión supramunicipales, como es el caso de la Vega de Granada y la Costa, el resto de la provincia está formada por 110 municipios, de los cuales un 87 por ciento tiene menos de 5.000 habitantes. Sólo 14 municipios superan los 5.000 habitantes y en ellos vive el 54 por ciento de la población de Granada. Es precisamente en este ámbito donde se requiere una actuación más urgente, por lo que el análisis efectuado en el estudio de los expertos de la Universidad de Granada se ha referido a este sector de la provincia.
La Diputación de Granada debería haber podido constituir un ente de gestión supramunicipal que garantizase a los ciudadanos de la provincia un servicio de calidad, asegurando las inversiones necesarias en infraestructuras. No obstante, y a pesar de manifestar en varias ocasiones esa necesidad llegando incluso a formalizar su constitución, este ente supramunicipal nunca llegó a funcionar, dejando a los municipios sin auxilio.
La provincia de Cádiz también es tierra abonada para las privatizaciones del agua. En los últimos años Cádiz ha generado la mayor conflictividad en Andalucía debido a las privatizaciones y sus correspondientes movimientos antiprivatización: Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Benalup-Casas Viejas, la Línea de la Concepción, Barbate o Ubrique son algunos ejemplos. El 61,36 por ciento de los municipios de la provincia de Cádiz gestionan el servicio urbano de agua mediante una forma de gestión pública, frente a un 34,09 por ciento de gestión privada y un 4,55 por ciento de gestión mixta. En términos de población, el 34,3 por ciento de la población total de la provincia es abastecida por la gestión pública, mientras que la gestión privada y mixta representan el 48,99 por ciento y el 16,71 por ciento, respectivamente.
En la gestión pública cabe destacar la existencia de dos agrupaciones intermunicipales que gestionan el servicio del 9,81 por ciento de la población provincial: Aguas y Residuos del Campo de Gibraltar (4 municipios) y el Consorcio de Aguas de la Sierra de Cádiz (15 municipios) pero esta última mantiene el servicio a entes privados en muchos municipios como en La Línea. La asfixia financiera de los municipios y el escaso peso de la Diputación Provincial, y las numerosas quejas de los usuarios que están organizados en más de 5 plataformas activas hacen que la provincia de Cádiz siga siendo un foco de un conflicto.