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Alfonso Cárdenas, Jefe de la División de Sistemas de Gestión de EMASESA.
Sevilla, celebra el ‘conclave’ del agua urbana
Una jornada de expertos celebrada en Sevilla alerta de que a final de siglo la disponibilidad de agua podría reducirse en un 40% debido al cambio climático. Aseguran que Andalucía lidera actualmente el nuevo modelo de gestión de agua urbana que deberá implantarse para garantizarle el agua a la ciudadanía en el futuro.
La sede de EMASESA ha acogido esta semana en el gran cónclave del agua urbana: unas jornadas de análisis sobre gestión pública, tarifa y derechos ciudadanos en el agua, en un contexto de cambio climático, organizada conjuntamente por la entidad metropolitana junto al Instituto de Estudios de la Tierra y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas).
Durante este encuentro de expertos en materia de agua en las ciudades, el gerente de Aeopas, Luis Babiano, ha considerado que “el elefante en la habitación es el cambio climático: nos enfrentamos a transformaciones radicales en el planeta en los próximos 30 años, no en dos siglos”. Afirmaciones que están en línea con el reciente informe presentado en el Parlamento español sobre las Conclusiones y Recomendaciones de la Subscomisión de Agua y Cambio Climático que recoge las observaciones de decenas de expertos de nuestro país al respecto de las tendencias que tendrá el clima y sus repercusiones en un recurso tan esencial vital, económica y ecológicamente como es el agua.
De esta forma, todas las simulaciones y previsiones apuntan, de forma consistente, a notables incrementos de la temperatura media, que dependen del nivel de emisiones que se produzca en el futuro, ha explicado. Respecto a las precipitaciones, las expectativas en espacios mediterráneos prevén una importante tendencia recesiva, que se acentúa en horizontes de finales de siglo y en escenarios pesimistas, en los que se incumplen los acuerdos de París referentes a la lucha contra el Cambio Climático.
En suma, se prevé una reducción de caudales medios, desde 2010 a finales de siglo del orden del 24%, que puede llegar a situarse entre el 30 y el 40% en las zonas más sensibles.
Esta situación hace que deban extremarse los sistemas eficientes en la gestión del agua, y que esta eficiencia esté basada en las mejores técnicas de gestión y gobernanza.
Durante el transcurso de la Jornada, Aeopas ha presentado también las conclusiones del informe sobre tarifas, que señala que Andalucía puede estar al frente del nuevo modelo de gestión, “ya que cuenta con importantes empresas públicas donde ya existen fórmulas de participación social y mecanismos orientados al cumplimiento del derecho humano”, ha dicho. Al mismo tiempo, Aeopas espera que el nuevo Reglamento de la Junta de Andalucía garantice los derechos de los ciudadanos ya que es sorprendente que en las ciudades donde se ha privatizado el agua la ausencia de transparencia sea su verdadera insignia de gestión.
Babiano ha destacado que “desde Aeopas creemos que necesitamos un nuevo planteamiento: Mientras que a nivel mundial el 90% del abastecimiento del agua es de gestión pública, en España, y como consecuencia en buena parte por la crisis económica, la privatización de los servicios del ciclo integral urbano ha tenido un impulso notable, de forma que actualmente la gestión pública está en torno al 50% y en algunas autonomías o naciones como Cataluña, Murcia o Galicia, desciende hasta el 20%”.
Sin embargo, tal como ha señalado el secretario general Aeopas, Jaime Morell, “se está articulando una respuesta contundente frente a esta situación, que está cambiando la tendencia privatizadora ya que, con el apoyo decidido de los movimientos sociales, son cada vez más los ayuntamientos que optan por recuperar la gestión pública de los servicios del ciclo integral urbano del agua y adoptar modelos de gestión transparentes y participativos “.
Esta situación se ha visto favorecida porque son numerosos los casos de ayuntamientos en los que acaban los contratos de concesión, o lo harán en el futuro inmediato, lo que pone a la orden del día la necesidad de avanzar en la remunicipalización y en la definición del futuro modelo de gestión.
Pero en este proceso de recuperación se están poniendo de manifiesto diversas “dificultades “con las que se encuentran los ayuntamientos, movimientos y operadores públicos, ha explicado Morell. Este experto en agua urbana, que ha asesorado internacionalmente a gobiernos y entidades, detallaba que ”la opacidad en la información y el conocimiento, la larga duración de los contratos, las resistencias cuando no boicot total de algunos operadores privados, y la ausencia de instituciones colectivas locales” son los obstáculos a los que actualmente tienen que hacer frente los ayuntamientos que deciden remunicipalizar su servicio de aguas. “Algunos de estos factores, hacen que sea mucho más sencillo pasar de un servicio público a privado, que revertir de una gestión privada a una pública”, apostilló. Como contexto: la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que favorece la privatización, obstaculiza la remunicipalización, limita la financiación y atenta contra la autonomía local, especialmente en el caso de los ayuntamientos más pequeños.
“El abastecimiento de agua es un servicio que gestiona grandes cantidades de información técnica, administrativa y económica. Esta información la tiene y la administra el gestor del servicio, aunque pertenece al titular. Muchos ayuntamientos no disponen de esta información, algunos gestores la niegan y la consecuencia es que pocos entes locales están en condiciones de interpretarla correctamente y tomar las decisiones más adecuadas”, explicaba Morell.
Según ha comprobado Aeopas, los contratos de servicio tienden a ser cada vez más largos, aunque en la mayor parte de los casos no hay motivos internos del servicio que lo justifiquen. “Esto dificulta que cada consistorio pueda tomar las decisiones más conformes a su condición política, dado que pocos alcaldes coinciden en el momento en que hay que tomar la decisión”, asegura el secretario general de Aeopas.
Las resistencias de algunos operadores privados son otra dificultad en la recuperación del servicio, según este experto. La historia reciente deja algunas señales insólitas: operadores que no facilitan la información necesaria para garantizar la continuidad del servicio o que hasta se resisten a dejar de prestar el servicio una vez que ya ha terminado el contrato, operadores que no reconocen la titularidad de quien les ha contratado, operadores que pleitean por detalles ínfimos que provocan la obstrucción de los procesos de licitación. Y recientemente hemos asistido a las grandes batallas judiciales entre operadores en las que inevitablemente se ven implicadas las administraciones públicas titulares. “Todo esto no tiene nada que ver con el servicio a los ciudadanos ni con el trabajo de los ayuntamientos; más bien expresa la pérdida de sentido de servicio público que afecta a algunos operadores y que plantea grandes interrogantes respecto al futuro de las relaciones entre las administraciones públicas y el sector privado del agua”, apunta Jaime Morell.
La ausencia de instituciones colectivas locales aparece como otra dificultad, según Aeopas, ya que hasta el momento, las iniciativas de volver al modelo público han estado protagonizadas por algunos ayuntamientos de forma individual. Se detecta, por tanto, según los expertos del ‘cónclave del agua’ de Sevilla de esta semana, la necesidad de establecer redes de coordinación que pongan en contacto a las administraciones locales, a los operadores públicos y los movimientos sociales con objeto de que puedan compartir experiencias y conocimientos. “Es fundamental asumir que la gestión pública requiere de una puesta al día de sus parámetros y condicionamientos; la necesidad de garantizar servicios de calidad, las economías de escala, el procedimiento de toma de decisiones y el gobierno del servicio, la diferencia entre gobierno y gestión y la complejidad tecnológica progresiva no pueden quedar al margen del debate sobre la gestión de los servicios públicos”, explicaba el máximo re`rsentante de la asociación de empresas españolas operadoras de agua pública.
La propuesta de bases que se explicó en las jornadas pretende potenciar el modelo público que se está consolidando en todo el Estado, reforzar este impulso político en las instituciones titulares de los servicios y poner en valor y desarrollar los mecanismos existentes en la legislación, así como detectar nuevas necesidades de regulación que puedan existir y poner en evidencia las dificultades compartidas que van surgiendo en los procesos de remunicipalización. En última instancia, se busca avanzar en la definición y caracterización de un nuevo modelo de gestión público, transparente y participativo, teniendo como pilares el derecho humano al agua y saneamiento, la participación, transparencia y rendición de cuentas, la planificación, los derechos y obligaciones de las partes, el régimen económico, los contratos concesionales, los indicadores y la rendición de cuentas y la regulación.