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El acceso al agua está reconocido como un derecho humano fundamental por la ONU desde 2010. / Efe
Sin agua
Andalucía junto a Cataluña lideran la defensa del derecho humano al agua en España, con la aprobación de iniciativas legislativas populares que garanticen un suministro básico. Se calcula que a 45.000 personas se les han cortado suministros básicos como el agua o la luz por no poder pagar los recibos
«Puedes contar mi historia pero no digas mi nombre o des datos que permitan que puedan identificarme... me da vergüenza», me ruega un hombre al que llamaré Miguel –aunque no sea su verdadero nombre– para atender su petición de anonimato. Miguel es uno de los cerca de 45.000 andaluces que han visto como la crisis económica lo asfixiaba hasta el punto de hacerle tener que escoger qué puede pagar y qué no de los gastos familiares mensuales. «Era cuestión de tiempo que nos echasen de casa también», pero ese no era el primer capítulo de su drama económico... el primero fue cuando le cortaron el agua.
«Durante tres meses vivimos sin agua en casa» y recalca «¿tú te imaginas lo que es levantarte por la mañana y no poder duchar a tu hijo para llevarlo al colegio?». Miguel cargaba cubos de agua para llenar la bañera cada dos días con el temor de que lo viesen los vecinos. No hacía nada malo, pero el estigma social que le suponía que sus vecinos visualizaran que no tenía ni para pagar el agua le quitaba el sueño. Por eso no quiere que ahora, que su situación está de nuevo casi normalizada y vuelve a tener luz y agua, y renegocia la fórmula de pago de su hipoteca con el banco, se le identifique en este reportaje.
No es un caso aislado, por desgracia, sino más común de lo que se puede pensar y a veces es un drama que se vive en silencio para que nadie se entere. Un drama que tiene que ver con la consideración de algo que «no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que defender y tratar como tal»; así lo indica la Directiva Marco de Aguas, la norma europea más importante que se refiere a la gestión del agua.
Aunque el derecho humano al agua está reconocido desde el año 2010 por Naciones Unidas como un derecho humano fundamental, lo cierto es que sigue teniendo una consideración de mercancía en la mayoría de los lugares. Las reclamaciones sociales de diferentes colectivos como la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) para evitar dramas como el de Miguel logró llegar en septiembre de 2013 al Parlamento Europeo en forma de Iniciativa Ciudadana Europea por el derecho al agua y al saneamiento como derecho humano. 1.857.605 firmas que superaban de largo el millón de firmas que se requiere para tramitar estas iniciativas. Sin embargo, aunque es significativo, la Unión Europea (UE) no tiene competencias para dictaminar un nuevo derecho humano más allá de los establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, del año 2000. Es cierto que esa Carta cita el derecho al agua, pero no desarrolla ese derecho.
De esta forma, queda en el tejado de las administraciones competentes en la materia la opción de tener sensibilidad para regular el agua como derecho fundamental. En Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz ya reclamó una norma «que garantice el derecho al agua», y no lo dejaba sólo en una declaración de intenciones: la norma debía incluir la prohibición expresa de los cortes de agua y garantizar un «mínimo vital» que los expertos han cuantificado en cien litros por persona y día, independientemente de su capacidad económica.
Andalucía, junto a Cataluña, han sido las dos primeras comunidades autónomas que se han puesto manos a la obra. En el caso andaluz el Parlamento aprobó en octubre una Iniciativa Legislativa Popular con el voto de todas las formaciones políticas que garantiza el «suministro básico» del agua. Cataluña hizo antes lo propio pero incluyendo también en esa nueva ley el suministro energético.
El pacto social por el agua pública es la iniciativa ciudadana que ha inundado en los últimos meses los ayuntamientos bajo el nombre de la marea azul. Ciudadanos, asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas, de consumidores, sindicatos, fundaciones e incluso algunos grupos políticos, han promovido iniciativas que tienen como objetivo que los ayuntamientos –donde residen las competencias de la gestión del agua– se adhieran a un pacto que quiere garantizar que el agua esté garantizado para todos.
«Regeneración de las empresas públicas» y «ser socialmente sostenibles» son dos conceptos que reitera Luis Babiano, gerente de la Aeopas, que también habla de grandes conceptos como «transparencia, democratización, rendición de cuentas, eficacia, y derecho humano al agua» para concluir que «es posible un modelo diferente». Un modelo en el que para tener esos 100 litros de agua diarios no haya que ir a llenar cubos a la fuente municipal, como Miguel.