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Susana Díaz y Manuel Jiménez Barrios, el día de la comparecencia de la presidenta. / Efe
Al planteamiento de los socialistas le acompaña el sendero por el que transcurre la causa de la formación en los juzgados. La segunda gran macrocausa sobre corrupción en la Junta de Andalucía parece desinflarse, al menos, en su vertiente política.
La comisión de investigación sobre el fraude de los cursos de formación retomará el próximo miércoles sus trabajos con la posibilidad de fijar un nuevo calendario de comparecencias. Es el PP-A el partido que con más vehemencia defiende esa opción. Las últimas revelaciones sobre la presunta implicación de algunos familiares de Susana Díaz en el caso ha hecho que los populares incidan en que todavía queda mucho por investigar y aclarar para concluir qué pasó con la formación para el empleo en Andalucía durante la década 2002-12.
El clan de los tiesos es el reclamo del PP para volver a reactivar este asunto después del hiato electoral. «En una Andalucía con un millón de parados sería tranquilizador que la presidenta de la Junta explicara cuanto antes cómo entraron sus familiares a trabajar con cargo a los cursos de formación».
Para los populares andaluces, la implicación de altos cargos de la Junta de Andalucía es evidente. Frente a esta tesis, el PSOE ha planteado desde el inicio de la comisión de investigación que más allá de algunas «irregularidades administrativas», no hay motivos para convertir este caso en una causa general contra la administración andaluza ni hubo menoscabo de fondos públicos.
A diferencia de lo que ocurrió en la primera fase de la comisión, al planteamiento de los socialistas le acompaña el sendero por el que transcurre la causa de la formación en los juzgados. La segunda gran macrocausa sobre corrupción en la Junta de Andalucía parece desinflarse, al menos, en su vertiente política. El paso dado por una jueza de Jaén, cuando archivó la parte política de los cursos después de no hallar delito en los 15 altos cargos que en su día fueron imputados (entre ellas la ex delegada provincial del SAE en Jaén Irene Sabalete) va a ser secundado por la jueza María Núñez Bolaños, que instruye la pieza política de la macrocausa en la que figuran 24 personas investigadas, tras ser imputadas por la anterior instructora del caso, Mercedes Alaya. La declaración de los interventores provinciales habría llevado a la jueza a concluir que no existen indicios de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones y el caso quedaría reducido a las consabidas irregularidades administrativas. A finales de verano la jueza Núñez tiene previsto tomar declaración a un interventor provincial y después de esta cita podría declarar el sobreseimiento provisional de la causa y eximir de responsabilidad a 24 altos cargos de la administración andaluza. La jueza Alaya imputó al exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, las ex directoras generales de Formación para el Empleo María Teresa Florido –cuñada del ex consejero Ángel Ojeda– y María José Lara; los ex directores generales Manuel Brenes y Andrés Sánchez, ocho ex directores provinciales del SAE y 11 jefes de servicio de Empleo. «Pone sobre la mesa lo que siempre hemos defendido, que si alguien lo ha hecho mal, ha defraudado a la administración». Se ha puesto bajo sospecha a empresas, sindicatos y gestores de formación «por lo que se ve para intentar dañar al adversario», recordó Susana Díaz después de conocerse que se archivará la causa política.
En la reunión del miércoles de la comisión de investigación, el PSOE, por tanto, defenderá que ha llegado el momento de redactar las conclusiones y presentarlas al Pleno. Entre la posición del PP y de los socialistas, el resto de grupos parlamentarios plantean ciertos matices. Podemos, por ejemplo, ya se mostró dispuesto a recurrir al segundo turno de comparecencias, aunque en ese caso no plantearía la segunda declaración de la presidenta Susana Díaz. Desde la formación morada se insiste en la necesidad de que alumnos, formadores, sindicatos y patronal comparezcan en comisión.
Ciudadanos e IU son los más reacios a poner en marcha de nuevo las comparecencias. Juan Marín, su dirigente regional, sí que reconoció en su día que su formación había echado de menos alguna que otra declaración ante el órgano fiscalizador como la consejera de Hacienda y Adminstración Pública, María Jesús Montero. Sin embargo, el socio de gobierno del PSOE no parece dispuesto a que la comisión se prolongue.