Susana Díaz desea más igualdad en Andalucía y la legalidad en Cataluña

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pronunciado su mensaje de fin de año desde las ruinas de Medina Azhara, en Córdoba, un lugar simbólico –el palacio de la mejor civilización andaluza, «capital del mundo, capital política y cultural», recordó la mandataria, que también aludió al objetivo de que la Unesco la declare Patrimonio de la Humanidad–.

Un pasado luminoso, con nubarrones de discordia: «Medina Azahara también es testimonio de cómo los enfrentamientos en el seno de las sociedades solo traen discordias civiles. Y ésa es otra lección de la historia que no debemos de olvidar», contó para enlazar el fin del Califato de Córdoba con los problemas políticos de la España del siglo XXI.

Su discurso, pese a que ya no se juega ningún cargo más allá de las fronteras andaluzas, sobrepasó Despeñaperros. E incluso el Ebro, al mencionar la crisis política de Cataluña: «Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. (...) Que 2018 nos permita abrir una etapa que se caracterice por la restauración de la convivencia cívica, (...) desde el respeto a las leyes democráticas que todos nos hemos dado. Fuera de las leyes no encontraremos nada bueno».

En cuanto al conjunto del Estado, reclamó en su discurso la que ha sido su batalla con el Gobierno central todo este año: «Es imprescindible que, cuanto antes, se cierre un nuevo acuerdo de financiación de las comunidades autónomas que nos permita hacer frente a los servicios en condiciones de igualdad, lo que no ocurre en este momento, puesto que Andalucía está claramente discriminada».

De Andalucía hizo balance: «Este 2017 que ahora termina ha sido un buen año para Andalucía, con estabilidad política, con crecimiento económico y del empleo, con conquistas sociales y culturales». Un resumen positivo al que puso un matiz: «El dinamismo económico que estamos propiciando tiene que trasladarse más rápido y directamente hacia el bienestar de toda la ciudadanía, de manera que nadie quede excluido».

Calificó las cifras de paro de «inasumibles» pese al descenso de 160.000 desempleados, e incluso fue un paso más allá al mencionar a las «muchas personas que, aun teniendo trabajo, tienen serias dificultades para llegar a fin de mes o sacar a su familia adelante».

Como «ocho de cada 10 euros de los andaluces» se invierten «en sanidad, educación y atención a la dependencia» el centro de su discurso se centró en el balance de estas políticas autonómicas. Así, recordó que desde otoño la matrícula universitaria es casi gratis para los buenos estudiantes, aunque pasó de puntillas sobre otros niveles, con conflictos abiertos como el de la climatización de los colegios.

De la sanidad dijo que era un «orgullo» para todos los andaluces, con momentos sobresalientes como la investigación «que nos permite avances como el bebé medicamento». Y para la dependencia reclamó que todas las administraciones públicas –fundamentalmente, el Gobierno central– «cumplan sus obligaciones, especialmente financieras, como lo está haciendo la Junta».

Quizá sea exagerado buscar dramatismo en un discurso institucional, pero la presidenta introdujo en él palabras para reclamar «todos los recursos materiales, humanos, económicos... lo que haga falta» para luchar «contra el terrorismo machista» y la «realidad insoportable» de la violencia de género. No en vano nos faltan siete andaluzas y un menor de edad.

También recordó a los empleados del Infoca, por su esfuerzo en el incendio de Doñana, a los jóvenes abocados a marcharse, a los empresarios y sus éxitos con las exportaciones y el turismo, y a los agricultores, que comenzarán 2018 con una angustiante sequía.