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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la consejera María Jesús Montero. / Efe
La Consejería de Hacienda está intentando cuadrar en los próximos presupuestos autonómicos dos grandes cifras de difícil encaje: por un lado la devolución del 25 por ciento de la paga extra de 2012 y de los contratos al 100 por cien de la jornada para los 260.000 empleados públicos de la Junta, un compromiso que la presidenta Susana Díaz anunció hace meses, mucho antes de conocer las dificultades que tendría para cuadrar las cuentas del año que viene y que tiene un coste de 200 millones. La otra cifra, más abultada, es la bajada de entre el 2 y el 2,5 por ciento en el tramo autonómico del IRPF para las clases medias, una medida comprometida en el acuerdo de investidura entre PSOE y Ciudadanos. El partido naranja exige que esa bajada de impuestos entre en el presupuesto de 2016, así como una línea de ayudas para pymes y autónomos, y calcula el coste en 400 millones de euros para movilizar unos 4.000.
Estos dos compromisos políticos del PSOE deben, además, encajar con las obligaciones del Gobierno andaluz en materia de austeridad: cumplir el objetivo del déficit, fijado en el 0,3 por ciento del PIB el próximo año, el techo de endeudamiento y la regla de gasto de los 1.712 millones extra que recibirá Andalucía del Estado, que según la Junta obliga a destinar seis euros de cada diez a amortizar la deuda con los bancos. «Así no salen las cuentas», admiten fuentes del Ejecutivo autonómico.
Díaz ha abierto desde hace meses una batalla con el Gobierno central al que reprocha que haya impuesto una regla de gasto que le fuerza a primar el pago a los bancos sobre las políticas sociales. Ese camino tiene mucho recorrido político, porque explota una vez más el discurso del agravio de Madrid con Andalucía, pero en cambio tiene pocos visos de prosperar en el plano económico. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, sabe que su homólogo, el ministro Cristóbal Montoro, no dará su brazo a torcer. Menos a tres meses de las elecciones generales, a las que el PP concurre con una bajada de impuestos en marcha y habiendo devuelto ya la extra a sus funcionarios.
Díaz le ha pedido a Montero que busque la fórmula de encajar la devolución de la paga extra de 2012 a los funcionarios con la bajada de impuestos a las clases bajas. Difícil, complicado.
Anuncio pospuesto
La presidenta andaluza tenía previsto confirmar la reducción del IRPF en la última sesión de control, en la respuesta al portavoz de C’s, Juan Marín, que le preguntó expresamente por ello. Pero al final no lo hizo. Aumentar el gasto en el capítulo uno, el de personal, es una realidad inamovible en el presupuesto, el resto de capítulos es más susceptible de albergar compromisos políticos sin que esté garantizada al 100 por cien su financiación en el momento de dibujar las cuentas autonómicas. Por ejemplo, a expensas de fondos europeos o de unos ingresos calculados al alza por la venta o el alquiler de inmuebles públicos que al final ni se venden ni se alquilan (ha pasado en tres ejercicios consecutivos).
Finalmente Montero optó por mandar una carta al ministro pidiéndole más margen de endeudamiento, alegando que la deuda andaluza está por debajo de la media de las comunidades y que es de las pocas que ha cumplido con el déficit año tras año. En realidad, en el primer semestre de este año, el déficit de la Junta alcanza el 1,02 por ciento del PIB, según reveló el Gobierno el martes, y el objetivo para 2015 es el 0,7. Ayer mismo Montero aseguró en la Ser que a final de año Andalucía habrá cumplido como en 2013 y 2014.
El hecho de que la Junta justificara su petición al Gobierno en la necesidad de devolver el 25 por ciento de la extra a los funcionarios, que tanto el Estado como el resto de comunidades ya han devuelto, ha generado mucha controversia. ¿Es que el Gobierno andaluz no contaba con el dinero previsto cuando anunció esta medida hace cuatro meses? La consejería se apresuró a matizar que sí, que la devolución del 25 por ciento anunciada está garantizada –el acuerdo con los sindicatos es pagarla en la nómina de febrero de 2016– y que el dinero que le pide a Montoro es para otro 25 por ciento que quiere abonar en octubre de 2016. Alega que el Gobierno elevó su propio endeudamiento para devolver otra parte de la extra a sus funcionarios. Pero sorprende que los sindicatos no tengan noticia de que la Junta quiera devolver al colectivo más dinero del comprometido en junio en un acuerdo anunciado a bombo y platillo tras una reunión con CSIF, CCOO y UGT.
En realidad, lo difícil de explicar es que Andalucía ha pedido permiso a Montoro para endeudarse más, pero no para devolver la extra a los funcionarios, sino para poder incluir en el presupuesto de 2016 la bajada del IRPF. Díaz, de nuevo, quiere anunciarla en el pleno de esta semana. Cuesta creer que el Gobierno del PP, a tres meses de las generales, autorice a un Ejecutivo socialista un mayor endeudamiento para que pueda vender una rebaja de impuestos en plena campaña electoral. Y menos cuando es el propio Rajoy quien se reserva ese as en la manga.