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Ángel Garijo responde a las preguntas durante el juicio de los ERE. / José Manuel Vidal (Efe)
Los exvocales del consejo rector de la agencia pública IDEA Ángel Garijo, Felipe Romera y Juan Carlos Soriano declararon este martes que en este organismo se aprobaba el pago de las ayudas que concedía Empleo investigadas en el caso ERE como un trámite y sin «ninguna duda» de su legalidad.
Los tres testificaron en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta –entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán– acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que durante una década el gobierno andaluz repartió a su criterio 850 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.
Ese «procedimiento específico» se implantó en 2001 con la firma entre la Consejería de Empleo –cuya dirección general de Trabajo concedía las ayudas– y el ente público IFA (luego IDEA), que las pagaba con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación, según la Fiscalía, para eludir controles.
Garijo fue vocal del consejo rector entre 2004 y 2009, a la vez que secretario de Innovación de la Consejería de Innovación; el director del Parque Tecnológico de Andalucía Felipe Romera lo fue entre 2007 y 2013; y Soriano –viceconsejero de Relaciones Institucionales a propuesta del PA hasta 2004– estuvo desde 2001 a 2012 y de 2013 a 2014.
Todos ellos estuvieron investigados en esta pieza, si bien el juez instructor Álvaro Marín archivó la causa contra ellos.
En su declaración como testigos coincidieron en señalar que el papel de IDEA se limitaba a pagar, por lo que la aprobación de los convenios particulares que se firmaban para abonar cada ayuda concreta no eran objeto de «discusión» en el consejo rector sino un asunto de «trámite» que «pasaba desapercibido».
Según Garijo, «nunca se entregaban los convenios particulares» a los consejeros sino «medio folio o un folio» que explicaba que había que pagar una cantidad a una determinada empresa en base a una ayuda concedida por Trabajo.
También declaró que recibían una «información genérica» en la que se «recalcaba» que la documentación relativa a la concesión de la ayuda «no estaba en la agencia y por lo tanto los miembros del consejo rector no teníamos acceso [a ella]».
Además, añadió que las ayudas inferiores a 450.000 euros las firmaba directamente el director de la agencia IDEA sin necesidad de que lo autorizara el consejo. Los otros dos testigos ofrecieron testimonios similares.