Un camino lleno de trabas para la soberanía popular

Votar cada cuatro años a sus representantes. Para la mayoría de la ciudadanía su participación en la vida política se reduce a eso (y casi cuatro de cada diez andaluces renunciaron incluso a ello en las últimas elecciones) pese a que tanto la Constitución como el Estatuto de Andalucía les reconoce no sólo «el derecho a elegir a los miembros de los órganos representativos de la comunidad autónoma y a concurrir como candidato» sino la posibilidad de «promover y presentar iniciativas legislativas ante el Parlamento de Andalucía y a participar en la elaboración de las leyes, directamente o por medio de entidades asociativas». Incluso la capacidad de impulsar «la convocatoria de consultas populares por la Junta de Andalucía o por los Ayuntamientos». Eso sí, el Estatuto de Autonomía deja claro que esas posibilidades deben ser desarrolladas por leyes y reglamentos específicos. Y lo cierto es que ha sido el desgaste de la democracia y el consiguiente desapego entre ciudadanos y políticos lo que ha hecho que en los últimos años hayan surgido entre los primeros voces que reclaman mayor participación –su máxima expresión fue el 15M y su No nos representan– mientras los partidos han incorporado a su agenda propuestas en este sentido que, en muchos casos, se han revelado más como gestos de cara a la galería que como reformas reales.

Impulsar leyes

Andalucía cuenta desde 1988 con una ley que regula la posibilidad de que un grupo de ciudadanos o de ayuntamientos presente en el Parlamento iniciativas legislativas populares (ILP) o municipales. Desde entonces, se han presentado 38 pero sólo cuatro llegaron a debatirse en el Pleno de la Cámara y ninguna de ellas prosperó. El resto no fueron admitidas a trámite por la Mesa del Parlamento o decayeron en el arduo proceso para lograr su debate.

Dos de las cuatro que llegaron a debatirse fueron impulsadas por un grupo de ayuntamientos (en 1990 y 2006, referidas ambas a la creación de un Fondo Andaluz de Cooperación Municipal). Otras dos fueron promovidas por ciudadanos: una para crear una red de apoyo a la mujer embarazada (2006) y otra para la modificación de la ley electoral (en 2013). Con ésta última se usó, por primera y única vez hasta el momento, el llamado escaño 110.

Al albur del 15M y sus reivindicaciones –el movimiento impulsó precisamente una iniciativa para rebajar el número de firmas necesarias para tramitar propuestas de este tipo–, la Junta de Andalucía, presidida entonces por José Antonio Griñán, reformó en diciembre de 2011 la ley que regula las iniciativas legislativas populares. Desde entonces, para llevar una ILP al Parlamento en vez de 75.000 firmas se exigen 40.000 (el 15M pedía reducirlas a 10.000). En 2010, una iniciativa antitaurina que pasó el primer filtro de la Cámara no llegó a debatirse al no alcanzar las firmas exigidas. También se rebajó el número de ayuntamientos necesarios para promover una Iniciativa Legislativa Municipal, de 35 a 25 o diez si su población representa al menos a 40.000 electores.

Además, la reforma de la ley incorporó la posibilidad de que un portavoz del colectivo promotor de la iniciativa la defendiera en la Cámara sin ser diputado. Griñán lo llamó el escaño 110 (el Parlamento andaluz está formado por 109 representantes). Desde 2011, sólo en una ocasión se ha utilizado ese escaño 110. Fue el 25 de junio de 2014 para defender una reforma de la Ley electoral, avalada por 58.000 firmas. La defendió un político: el entonces líder de UPyD, Martín de la Herrán, que no logró escaño en las elecciones de 2012 en las que la formación concurrió por primera. La propuesta fue tumbada con los votos de PSOE y PP. Sólo IU, entonces socio de gobierno del PSOE, la apoyó. Dos años y medio después, en una nueva legislatura, la reforma de la ley electoral sigue en la agenda política. C’s comprometió al PSOE, en su pacto de investidura, a abordarla en este mandato y recientemente se ha creado un grupo de trabajo en el Parlamento por el que están pasando expertos para tratar de consensuar una nueva fórmula.

Consultas

Si las ciudadanía puede promover leyes desde 1988, impulsar consultas populares no es aún posible en Andalucía porque no se ha desarrollado una normativa para ello. Era una de las leyes previstas por el gobierno de PSOE e IU en la pasada legislatura pero se quedó en el tintero al romperse el pacto y adelantarse las elecciones. La Junta ha retomado el tema en esta legislatura si bien el varapalo del Tribunal Constitucional a la norma catalana que usó la Generalitat para convocar la consulta soberanista obligó al Gobierno a repensar el Anteproyecto que tenía redactado.

El Consejo de Gobierno aprobó el nuevo proyecto de ley el pasado noviembre que deja claro que las consultas populares no serán vinculantes y deberán versar sobre asuntos de interés público de competencia autonómica o local.

Para promover consultas autonómicas desde la iniciativa ciudadana serán necesarias 30.000 firmas y para procesos locales, el apoyo de entre el 3 y el 10 por ciento de la población del municipio. La ley también permitirá a los ciudadanos promover consultas sobre políticas públicas ya aprobadas o proponer normativas. En ambos se necesitarán 20.000 firmas. Los procesos sobre un mismo tema deberán espaciarse al menos dos años. Los asuntos susceptibles de consulta incluyen el diseño de los presupuestos. En Sevilla, los gobiernos locales de PSOE e IU entre 2004 y 2012 instauraron un sistema de presupuestos participativos que permitía a los vecinos proponer el destino de algunas partidas.

Esta ley está actualmente en tramitación. Aún no ha pasado por el Parlamento y una vez aprobada aún tendrá que desarrollarse un Reglamento que limitará el número de consultas populares que se podrán convocar al año.