-
Un profesor imparte clases en un instituto de la provincia. / El Correo
Un grupo de trabajadores de la administración educativa andaluza ha elevado un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) solicitando, como medida cautelar, la paralización del concursillo docente de traslados –que la Junta ha convertido ahora en comisión de servicios–, al entender que en sus términos actuales el procedimiento incurre en «discriminación».
Según indicaron a Europa Press fuentes del colectivo, el Ejecutivo regional publicó la modificación de una normativa que discrimina a los docentes al crear una modalidad de comisión de servicio para conciliar la vida familiar, personal y laboral, «prohibiendo solicitarla a un gran sector del profesorado, de más de 20.000 personas», cifra correspondiente a los provisionales, a los que se sumarían los interinos y en prácticas.
Como quiera que, según los afectados, ello va contra la ley al hacer una «discriminación sin justificación alguna» entre funcionarios de carrera, es por ello que se solicita la paralización del procedimiento, con lo cual se podría dar la casuística de verse comprometido el inicio del próximo curso escolar, al no tener destino donde trabajar profesores.
Si con la anterior fórmula del concursillo, histórica reivindicación sindical, la administración podía dar opciones a los profesores que no obtengan el destino deseado en el concurso de traslados de comisiones de servicio en esos destinos de los que han participado, la Junta, en base a los postulados de la Ley de Educación de Andalucía (LEA), ha optado ahora por este modelo «que sólo se dirige a la gente con destino definitivo».
«Cualquier juez ve claramente que es inconstitucional», resume este grupo, que promueve escritos presentando su postura ante diputados del Parlamento, el Defensor del Pueblo Andaluz, la propia Consejería de Educación y los sindicatos.
Así, piden suspender el presente proceso e iniciar nuevas negociaciones para el curso 2017-2018 en las que se tenga en cuenta a todo el personal docente «independientemente de su condición de definitivo, provisional, en prácticas o interino, todo ello bajo el principio constitucional de igualdad».