El macrojuicio de los ERE es un proceso difícil de manejar, no solo por el volumen de la causa en si, sino por la cantidad de partes personadas y la complejidad de cuadrar todas las agendas. Los abogados, como bien han referido ya ellos en varias ocasiones, «tienen que comer» y lógicamente no pueden limitarse a este caso. Pero, compaginar este juicio con otros procesos es complicado. Por ello, uno de los letrados defensores ha solicitado al tribunal que dicte una providencia en la que recoja que el juicio se extenderá al menos hasta julio de 2018 (incluido) de lunes a miércoles para poder justificar así las suspensiones de otras citaciones.
El escrito lo ha entregado al tribunal el abogado del exdirector general de la Agencia IDEA Jacinto Cañete, Juan Carlos Alférez, como parte de sus cuestiones previas y ya lo adelantó en las primeras jornadas del juicio, en las que le pidió al tribunal una delimitación temporal del juicio al menos aproximada, ya que esto se dejó abierto. En ese momento, los magistrados le contestaron que se veían incapaces de hacer un cálculo de la duración del mismo.
De hecho, el abogado no solo solicita a la sala que juzga el caso que haga este cálculo y lo certifique, sino que él mismo hace esta estimación para facilitar la tarea. «Solicitamos que se dicte providencia en la que se establezca que de manera indiciaria y predictiva, que las sesiones del juicio oral tendrán una duración, mínima, de siete meses, señalándose que en todo caso se prevé la celebración continua de sesiones, al menos, hasta el mes de julio de 2018 inclusive», señala el escrito.
«Tal conclusión es fácilmente alcanzable conforme a considerar una duración media prudente de una sesión completa para cada encausado, dos testigos en cada sesión, cuatro semanas de periciales y una sesión de conclusiones para cada parte procesal», dice el letrado. Por ello, teniendo en cuenta que son 22 los encausados, 155 testigos y 12 peritos, el letrado llega a un cálculo «predictivo» de «140 sesiones, 8,75 meses consecutivos sin contar posibles festivos, vacaciones y puentes razón por la cual, en todo caso, la petición de fijación de duración de siete meses es, al menos, altamente probable».
«El problema que nos venimos encontrando es que cuando pretendemos suspender un acto procesal», aportando el acuerdo al que inicialmente alcanzaron las partes en el que solo se acredita «la celebración de un juicio que comenzó el 9 de enero en sesiones de lunes, martes y miércoles pero que en puridad, no acreditamos coincidencia de señalamientos al no venir en la citada la duración total del juicio». Por ello, «impetramos a la ilustrísima sala que acoja nuestra petición», concluye.