Un par de días después de que la Junta escenificase el acuerdo con los sindicatos de la función pública con dos medidas estrella, la equiparación de las bajas de paternidad y maternidad que alcanzarán las 20 semanas en 2020 y las 35 horas semanales, ayer el Gobierno andaluz retrató su compromiso, junto a patronal, CCOO y UGT, para atacar uno de los mayores problemas de la comunidad, el paro, y el principal caballo de batalla del empleo, la precariedad.
El ambicioso plan, que cuenta con una dotación presupuestaria de 542 millones de euros, explicita el marco temporal en el que deberán ponerse en marcha las acciones recogidas y que expira en diciembre de 2019, es decir, lo que resta de legislatura sobre el papel, si no hay adelanto electoral a la vuelta de las vacaciones.
El acuerdo por la calidad y estabilidad en el empleo y de apoyo a la negociación colectiva en Andalucía, suscrito por el consejero de Empleo, Javier Carnero, las secretarias generales de CCOO-A, Nuria López, y de UGT-A, Carmen Castilla, y el presidente de la CEA, Javier González de Lara, ante la presidenta andaluza, Susana Díaz, recoge una batería de actuaciones basadas en 33 objetivos identificados y 173 medidas. Son consecuencia del trabajo de cuatro mesas técnicas que han abordado durante un año la realidad de las políticas activas de empleo, la formación profesional, la seguridad laboral y la negociación colectiva.
Según los firmantes, el documento persigue reducir el desempleo –la tasa de paro se sitúa en el 24,74 por ciento según la EPA del primer trimestre–, fomentar la estabilidad de los contratos y reforzar la negociación colectiva.
La principal partida presupuestaria, con 339 millones, se destina a la «aprobación e impulso de medidas de fomento del empleo estable y de calidad, que favorezcan la reducción de las tasas de desempleo». En este apartado se incluye el desarrollo de planes de empleo en colaboración con los ayuntamientos, el diseño de prácticas no laborables y la puesta en marcha de incentivos económicos a la contratación estable –hasta 12.100 euros– y de los jóvenes, a través de instrumentos como el Bono Empleo, que cuenta con un presupuesto de 74 millones y aporta una ayuda de 6.000 euros.
El segundo bloque con más presupuesto consignado es el referido a la «adecuación de las políticas activas de empleo para la mejora de la empleabilidad y la adaptación a las necesidades del mercado laboral», con 159,45 millones.
El Gobierno regional reclamará al Ejecutivo central «un cambio de criterios de reparto del presupuesto» de las políticas activas de empleo más «justo» con las regiones más azotadas por el paro. Además, se pondrá en marcha un programa específico de inserción para los desempleados de larga duración, con una especial sensibilidad hacia la mujer, que han sufrido más la precarización y la brecha salarial, precisa UGT-A. También se prestará especial atención a los más jóvenes, facilitando su acceso laboral y regulándolo a través de un «estatuto del becario y el estudiante en prácticas».
Se acuerda, asimismo, la puesta en marcha de un procedimiento de recualificación de los trabajadores más afectados por la crisis y el desarrollo de prácticas profesionales y planes de formación e inserción de la mano de las principales organizaciones empresariales. Adaptar los servicios de orientación profesional, así como los servicios de asesoramiento a autónomos y economía social son otras líneas de actuación previstas.
Una partida de 35 millones tendrá como finalidad la puesta en marcha de un nuevo modelo formativo «adaptado a las demandas del tejido productivo», con especial atención a los sectores aeronáutico y naval y a los nuevos perfiles vinculados a la digitalización.
En este capítulo, instará al Gobierno central a que reforme el actual marco normativo de la Formación Profesional para el Empleo. El refuerzo del Servicio Andaluz de Empleo, con seis millones, es otra de las acciones contempladas. Para abordarlo, se realizará una encuesta sobre la calidad del empleo, el tipo de contratación y los sectores donde se generan.
Según establece el acuerdo, una comisión de seguimiento velará por el cumplimiento de esta batería de medidas.
Con 1,13 millones, el documento incluye un plan de apoyo que refuerce la negociación colectiva andaluza (2018-2021). El pacto recoge instar al Gobierno central a que refuerce los medios materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía, dotándolos de un cuerpo de subinspectores de Seguridad y Salud Laboral suficiente y constituyendo Unidades de Seguridad y Salud Laboral en todas las provincias andaluzas para luchar contra la siniestralidad. Además, la Junta se compromete a desarrollar un sistema de detección de enfermedades profesionales y su declaración en Andalucía para el conjunto de los sectores productivos, con atención particular al cáncer de origen laboral. Esta medida, con una inversión de 300.000 euros, conllevará un plan de actuación y su adaptación a los cambios del mercado laboral. También se realizará un análisis periódico de la siniestralidad en todos los sectores, especialmente en construcción y agricultura, para la planificación de campañas específicas. Por último, se ha acordado impulsar en los procesos de contratación pública las medidas para garantizar que se cumplan las condiciones sociales o laborales previstas en los convenios colectivos que resulten de aplicación.
