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Miembros de la asociaciones memorialistas asistieron ayer al Parlamento a la aprobación de la norma. / José Manuel Vidal (Efe) -
Diego Valderas, impulsor de la ley, junto a otros representantes políticos y miembros de las asociaciones. / Efe
A una de las moradas de la voluntad democrática del pueblo acudió ayer una representación de familiares de aquellos que dieron su vida por encararse con las fuerzas que viciaron esa voluntad y esa democracia hasta convertirla en cuarenta años de totalitarismo. Más de ocho décadas de lágrimas que ayer tuvieron una pizca de consuelo, un hombro institucional que aplaca el dolor acumulado.
El Parlamento andaluz aprobó ayer la Ley de Memoria Democrática, con el voto favorable de todas las fuerzas de izquierda (PSOE, Podemos e IU) y la abstención de PP y Ciudadanos. Andalucía se convierte en tierra de verdad, justicia y reparación con una norma que completó ayer su última etapa desde que hace casi seis años (13 de abril de 2011) IU la planteara cuando suscribió el pacto de gobierno con el PSOE en la IX Legislatura de la Autonomía. «Hoy es un día de alegría y emoción. Se aprueba una Ley que el movimiento memorialista quería, que honra lo mejor de nosotros y de nosotras», dijo Antonio Maíllo, portavoz de la coalición de izquierdas, en su intervención en defensa de la propuesta.
«A partir de ahora ya no tendremos que leer en los libros de texto que Lorca simplemente murió en Granada o Machado en Colliure. Se sabrá lo que de verdad sucedió», dijo Maíllo. Una mención pertinente puesto que el tratamiento en las aulas de Primaria y Secundaria de la Guerra Civil y el Franquismo ha sido uno de los puntos que más controversia generó durante la tramitación de la norma y que ha llevado a PP y Ciudadanos a no dar su voto afirmativo.
La intención de la Ley de Memoria Democrática es educar de forma rigurosa «sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil». También se impulsará la colaboración con las universidades andaluzas y la incorporación de la Memoria Democrática en los estudios universitarios. El PP exigía libertad de cátedra y «respeto a la libertad de enseñanza de docentes y centros educativos». Por su parte, C’s supeditaba la entrada de contenido memorialista en las aulas a la aprobación como iniciativa legislativa en el Parlamento regional del Pacto Andaluz por la Educación.
La idea de IU en su redacción era que la normativa andaluza fuera más allá de la Ley de Memoria Histórica impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero. Establece medidas como ampliar la consideración de víctima a homosexuales, los bebés robados, las mujeres vejadas o los prisioneros de los campos de exterminio nazi.
«Perdón porque llegamos muy tarde. Dolor que no se extingue y que lleva a los nietos a hacer lo que los hijos no pudieron hacer», aseguró Jesús de Manuel, parlamentario de Podemos. La fuerza morada ha conseguido que prospere una de sus enmiendas: una Comisión de la Verdad y Reparación de las víctimas del franquismo, un órgano de estudio y recopilación de testimonios, sin competencias judiciales.
La Ley de Memoria Democrática priorizará las medidas y actuaciones para la localización, exhumación y, en su caso, la identificación y se concretarán otras políticas. Establecerá la obligatoriedad de que la Junta se persone de oficio en todos los procesos de localización, exhumación e identificación de los huesos de víctimas, o también a instancias de ayuntamientos, familiares, entidades memorialistas e investigadores. María Márquez, diputada socialista, criticó la abstención del PP, «lamentamos que no se sumen, hoy no es día de bandos políticos. Esconden la verdadera razón por la que no apoyan esta ley», reprochó.
Ámbito temporal
El PP-A justificó su abstención en aspectos de la ley como el ámbito temporal. La norma abarca desde la II República hasta 1982, incluyendo la Transición y las luchas por la autonomía andaluza. Su diputado Juan Ramón Ferreira reiteró el «compromiso» de su formación con la verdad, la justicia y la reparación, y culpó al PSOE de su abstención al no haber aceptado ninguna de las enmiendas de los populares.
Sergio Romero, de C’s, argumentó que su formación no podía apoyar una norma que «pone en entredicho la Transición» o que pide la derogación de la Ley de Amnistía de 1977; «es una abstención crítica», expuso.