Urbanismo a escala humana
El director general de Urbanismo de la Junta de Andalucía afronta el reto de diseñar el nuevo urbanismo andaluz, que tendrá en la participación ciudadana uno de sus principales pilares. Lograr agilizar las tramitaciones de los planes urbanísticos, que llegan a durar hasta una década en la actualidad, es uno de los objetivos de la que será la nueva ley de urbanismo andaluza en la que ya trabaja la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
En Andalucía, la normativa urbanística se dirime en los despachos de Medio Ambiente. No es casual. El hecho de que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sea la competente para dictar las reglas del juego en el sector al que más se culpa de la crisis económica, demuestra un cambio de mentalidad y sobre todo de objetivos. «Hemos aprendido mucho con la crisis», explica el director general de Urbanismo Alejandro Márquez Llordén. Sobre todo se ha aprendido lo que no hay que hacer para no volver a tropezar en la misma piedra, o más bien en el mismo ladrillo: el de la burbuja inmobiliaria.
Márquez Llordén es la persona sobre la que recae el peso de diseñar el urbanismo del futuro en Andalucía. «Queremos que nuestra comunidad sea una referencia en la manera de hacer urbanismo; que estemos a la vanguardia». La fórmula para lograr que esa ecuación llegue a buen término tiene la clave en la ciudadanía. «Tenemos que conseguir un urbanismo que sea responsable con la sociedad, teniendo en cuenta que el suelo es un bien limitado y finito, un recurso que tiene una repercusión económica, pero donde el principal foco no se debe poner en ese aprovechamiento económico sino en la ciudadanía». Una nuevo modelo urbanístico que en palabras de este responsable andaluz sea «un urbanismo responsable con la ciudadanía y la sociedad, que dé respuestas a los desafíos actuales sin perder de vista las generaciones futuras»
Aunque la filosofía marca el horizonte político, el camino para llegar a él ya ha empezado a caminarse. La Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía se ha planteado un giro de 180 grados en política urbanística y para ello va a acometer en esta legislatura la redacción de la principal ley que pondrá las reglas del juego en la ordenación urbanística, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que es a la que tendrán que adaptarse los ayuntamientos andaluces, que es donde residen las competencias en esta materia. La LOUA, que fue aprobada en el año 2002, en plena efervescencia de la burbuja inmobiliaria, se ha quedado obsoleta tras el tsunami de la crisis que ha dejado un escenario muy diferente al de hace una década y media. «No hemos querido parchear la Ley -aclara el director general de Urbanismo- sino redactar una nueva normativa que refleje lo que hemos aprendido después de la crisis y diseñe un nuevo modelo que mantenga el dinamismo económico del territorio, pero haciendo especial hincapié en la función social del urbanismo». Para ello, la hoja de ruta que se ha marcado Urbanismo pasa por un gran proceso participativo «con absolutamente todos los agentes sociales», recalca Alejandro Márquez. La Junta de Andalucía acudirá a estas reuniones con ideas y propuestas, «pero será la ciudadanía la que diga qué tipo de urbanismo quiere para Andalucía». Un amplio consenso de una ley compleja que por primera vez se va a redactar a escala humana y con el objetivo de beneficiar a amplios sectores de la población andaluza, estableciendo mecanismos para evitar los pelotazos urbanísticos que acabaron desencadenando una crisis estructural que ha arrastrado a todos los sectores.
Una de esas ideas que la Junta de Andalucía va llevar al gran debate urbanístico de la Comunidad Autónoma va a ser muy pragmática: dividir el planeamiento urbanístico a dos escalas: quedando en la Juntas de Andalucía la parte estructural y los ayuntamientos con la pormenorizada. «Es una propuesta con la que creemos que podemos agilizar los trámites de los procesos urbanísticos» explica el director general andaluz del ramo que incide en que ese es uno de los objetivos fundamentales de la que será la nueva LOUA. «No es razonable que en muchos casos un municipio tenga que esperar hasta diez años para que se culmine un proceso de planeamiento urbanístico... y no me refiero a grandes ciudades sino incluso a pequeñas localidades con mil habitantes o menos que desde que abren ese proceso de revisión hasta que lo terminan se encuentran con que ha pasado una década y lo que planteaban en su inicio ya se ha quedado obsoleto cuando queda aprobado».
No es sólo la gran norma, la LOUA, la que va a ser reformada, sino que los reglamentos de gestión y planeamiento también van a ser redactados de nuevo para adaptarse a los nuevos tiempos y a la nueva forma de ver un urbanismo humanizado. Los dos reglamentos que están en la actualidad en vigor datan del año 1978.
Por delante queda toda una «labor pedagógica», explica el responsable andaluz de ordenación del territorio: «El urbanismo es un concepto que se ha cosechado en todos estos años una connotación peyorativa y eso hay que cambiarlo para que se empiece a ver como una oportunidad con una función eminentemente social», explica el director general de Urbanismo. Para Alejandro Márquez Llordén la participación ciudadana es clave no sólo en el proceso de elaboración de las normas, sino todo el tiempo. Pero más allá de las grandes palabras de participación, la Junta de Andalucía las va a materializar a través, entre otros instrumentos, de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, que se quedó prácticamente en un cajón porque tras redactarse estalló la crisis. Esta estrategia ya se planteaba la participación de la ciudadanía en «el diseño y la gestión de las ciudades» para «configurar un modelo de ciudad ambiental y socialmente sostenible». Esa filosofía es la que ahora quiere relanzar el equipo de Márquez Llordén pero de manera transversal: «Es una política que va a impregnar a todo el Gobierno andaluz, pero también a otras administraciones y a la ciudadanía», explica y aclara que «se trata de reactivar, desarrollar y también informar de todo lo que se está haciendo y se quiere hacer en materia urbanística». Crucial es, en este sentido, «incorporar de forma activa a los gobiernos locales porque es en los ayuntamientos y en las diputaciones donde se gestiona a pie de calle el territorio». Y como el movimiento se demuestra andando, la Junta se ha puesto manos a la obra no sólo encargando un diagnóstico para actualizar la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, sino también convocando una comisión de seguimiento donde están todos los departamentos del Gobierno andaluz implicados y a la que quieren incorporar a todos los ayuntamientos.
LA GUERRA MUNICIPAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
El trabajo codo con codo entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos que ya se inició para el Pacto por el Clima y la Energía, una iniciativa comunitaria que, en palabras del director general de Urbanismo «ha hecho que Europa tenga a Andalucía como una referencia de buenas prácticas». Este pacto con los alcaldes se arrancó desde el Gobierno central para conseguir una reducción del 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020 basándose en estrategias de mitigación, aplicando medidas de eficiencia energética y uso de energías renovables.
En Andalucía, el Pacto por el Clima y la Energía se hizo más ambicioso al pretender reducir las emisiones en el territorio un 40 por ciento hasta 2030, incluyendo además en el mismo una estrategia de adaptación a los efectos del cambio climático. Aquí, el Pacto de los Alcaldes cambió de nombre para denominarse Nuevo Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía y puso énfasis en el papel protagonista de nuestra comunidad autónoma, ya que representa casi el 10 por ciento de los municipios adheridos en toda Europa y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ostenta el rol de coordinadora territorial del Pacto en nuestra región. En Andalucía hay 548 municipios adheridos.
En este marco, la Agencia de Medio Ambiente y Agua y entidades de Italia, Grecia Rumanía, Croacia y Hungría han presentado un proyecto que ha sido aprobado en el marco del Programa Horizon2020. El proyecto EMPOWERING se centra en la creación de conocimiento para reforzar las políticas de las autoridades locales con el objetivo de reducir sus emisiones de CO2 mediante la redacción de planes de acción para la energía sostenible.
EMPOWERING tendrá una duración de tres años y un presupuesto total de 1.497.000 euros, correspondiendo a la Agencia el 15,22% de su ejecución. La participación de la Agencia se centra en la redacción de procedimientos, metodologías y guías de actuación y en la aplicación de las metodologías definidas en experiencias piloto. De forma complementaria, también en actuaciones de formación y comunicación